Toma de decisión e implantación en la política agroambiental española

Resumen

La legislación agroambiental de la Unión Europea especifica que cada estado miembro puede determinar sus propias normas, definir estándares y designar áreas. Un resultado de esta flexibilidad es que cada Estado Miembro puede adaptar y completar la regulación básica. Ello ha producido que el modelo de implantación de las medidas agroambientales en cada país responda a intereses de distintos actores sociales. El desarrollo de la política agroambiental en España responde a las directrices de la UE y al juego de intereses de la CCAA. Con antelación a la regulación agroambiental, la experiencia española en normativa agroambiental prácticamente era inexistente. De las medidas de acompañamiento de la nueva PAC de 1992, los agroambientales son las últimas en verse introducidas en España. A nivel nacional el programa agroambiental nacional sólo utiliza dos de las siete medidas mencionadas en la regulación de la UE. Las otras cinco medidas de la regulación 2078/92 quedan recogidas en los programas regionales y son aplicadas en áreas geográficas específicas. En términos de énfasis vertical y horizontal, España queda a medio camino en el proceso de implantación de medidas agroambientales. El programa nacional toma carta de naturaleza en 1995. Pero las medidas regionales se ha desarrollado de forma desigual. Sólo seis de los 66 programas aprobados han sido desarrollados e implantados a finales de 1998. A nivel local la efectividad de las medidas regionales es reducida debido a factores relativos a la propia confección de los programas (falta de coordinación política, competencia financiera con otras medidas de la PAC) y debido a factores actitudinales (escepticismo de los agricultores y de la propia administración para su implantación).