La gestión de aquel “nuevo” Guadiana dio un cambio radical cuando la Corona unió los destinos del río a los de la dehesa de Zacatena, de tal manera que la obra de drenaje se convirtió en el paso previo para la privatización del coto real. La de Zacatena era una de las dehesas más valoradas por la Orden de Calatrava. En la Edad Media había sido propiedad de la Mesa Maestral, pero desde el siglo XVI fue gestionada por los monarcas en tanto que administradores perpetuos de los maestrazgos. Desde un punto de vista jurisdiccional, su gobierno recayó desde el siglo XV en el guarda mayor, quien regía el día a día de la dehesa de acuerdo con unas ordenanzas (Fernández, 2020). Si bien estas últimas no experimentaron modificaciones sustanciales desde finales del siglo XVI, la figura del guarda sí fue objeto de cambios. El proceso inflacionista de honores en que se vio inmersa la Monarquía Hispánica en el siglo XVII hizo que la guardería mayor de Zacatena se convirtiera en una prebenda, cuyos titulares rara vez pisaron la comarca. Debido a ello, el control efectivo de la dehesa recayó en manos de tenientes de guarda, personajes más vinculados al territorio que, generalmente, accedieron al desempeño de esa labor tras el desembolso de cantidades de dinero que, en ocasiones, fueron bastante onerosas. Fue a ellos a quienes correspondió la tarea de vigilar el correcto aprovechamiento de los recursos naturales que ofrecía la dehesa. Para el resto de asuntos jurisdiccionales, los demás territorios del alto Guadiana estuvieron sujetos a las distintas instancias presentes en la zona, de entre las cuales sobresalió la gobernación del Campo de Calatrava, con sede en Almagro, dependiente del Consejo de las Órdenes Militares.

La unidad que implicaba el control ejercido por la orden sufrió un deterioro progresivo en los años que siguieron a la Real Obra. La primera manifestación de aquella quiebra jurisdiccional fue el juez de los desaguados del Guadiana, figura que, al ser de nueva creación, era totalmente ajena al entramado institucional previo. Es mucho lo que queda por saber acerca de él, pero lo cierto es que, desde el inicio de aquella intervención, este personaje ocupó un lugar central en el nuevo escenario definido por los trabajos de drenaje del río. En un primer momento, su misión consistió en controlar el desarrollo de las obras. Más tarde, llegarían el deslinde, la liquidación económica de la operación y la puesta en explotación de las tierras drenadas. Es muy posible que, entre sus funciones, también recayera la venta de las parcelas resultantes de la desecación, pero nada se sabe por ahora acerca de ese aspecto. Lo que sí se conoce es que, en el intervalo de tiempo comprendido entre el apeo y esa privatización, fue él quien administró directamente esas parcelas y quien dio cuenta del rendimiento económico que generaban ⁸ . También se sabe que, en lo sucesivo, debía actuar como juez con plenas competencias en todo lo relacionado con la gestión de la ribera del Guadiana.

Aunque entre una operación y otra mediaron casi diez años, el drenaje y deslinde del Guadiana no puede entenderse si no se tiene como referencia la posterior privatización de la dehesa de Zacatena. Buena muestra de que esa operación ya estaba definida en el momento en el que se drenó el Guadiana, es el nombramiento de un “juez privativo” para su enajenación. El primer titular de ese puesto fue Gabriel de Olmeda y Aguilar, I Marqués de los Llanos de Alguazas ⁹ , quien delegó el amojonamiento del coto en un tal Juan Bautista Chicola, abogado de los Reales Consejos, de quien se sabe que llegó a ser alcalde mayor de Castellón de la Plana (Corona, 1981, pp. 61 y ss.). Es a este personaje a quien se localiza formalizando las diligencias previas para el deslinde de la dehesa en junio de 1753, por lo que, incluso, podría pensarse que su labor posterior también pudo servir para evaluar el alcance de la obra de desaguado, ya que, como se ha visto, el deslinde aquí analizado no afectó a la dehesa ¹⁰ .

Sea como fuere, fue un proceso que no concluyó hasta 1763. A juzgar por las escasas referencias que aún tenemos de él, sí se sabe que no estuvo exento de problemas, tal y como se constata a través de las divergencias que aún provocaba el apeo de la dehesa en octubre de 1762 ¹¹ , muy poco antes de su venta definitiva. En la raíz de aquellos problemas estaba la progresiva -pero imparable- fragmentación jurisdiccional que se produjo a partir del momento en el que la Corona decidió avanzar hacia la privatización del Guadiana y de su entorno. Como es fácil deducir, los actores implicados en aquel proceso no dudaron en aprovechar en beneficio propio aquella situación, algo que tuvo sus consecuencias.

Más allá de cuantificar el alcance de la obra de drenaje, el amojonamiento contribuyó a dar respuesta a algunos de los problemas seculares que habían jalonado el día a día del río. La ordenación de todos esos aspectos era vital para concretar la reestructuración económica de la comarca.

El asunto de más fácil resolución era el que se refería a los derechos de paso sobre el río. La cuestión no era baladí. Dados la anchura y el carácter casi permanente del Guadiana, la opción de vadear el río no siempre fue fácil. Se trataba de una operación compleja, especialmente para los ganados y personas que transitaban a pie. Caballerías y carruajes tuvieron menos problemas, si bien es cierto que el riesgo que corrían las mercancías era alto, especialmente en invierno. La solución a esos inconvenientes estuvo en los molinos harineros situados en la orilla del río. Su disposición arquitectónica y sus caracteres técnicos facilitaron un uso multifuncional de los mismos (Hervás, 2011, pp. 11-12), de tal manera que no solo operaron como molinos propiamente dichos, sino también como pesquerías y, sobre todo, adaptando la coronación de sus azudes como base para puentes (Moreno, 2014, pp. 181-182). En aquellos que eran de la Orden de Calatrava no hubo mayor problema, ya que la Corona favoreció su uso. En cambio, los propietarios privados siempre intentaron aprovechar esa posición estratégica en beneficio propio. En un claro intento de preservar sus derechos, las autoridades municipales no dudaron en recurrir a la justicia. No obstante, y para evitar posibles inconvenientes, los concejos también se aprestaron a mantener en un buen estado de conservación aquellos pasos que dependían directamente de ellos. Tal fue el caso de “la puente vieja” de Daimiel” -situado sobre el río Azuer-, del de Torralba o del que había junto al molino de Malvecino, en Carrión ¹² . Finalmente, también ayudó a regular ese uso, la resolución de conflictos que habían permanecido enquistados durante largo tiempo como el que afectó al molino Flor de Ribera, cuyos propietarios -el colegio de los jesuitas de Almagro- siempre defendieron un uso privativo del mismo ¹³ .

La principal novedad que introdujo la obra de desaguado fue la reparación y ampliación de las pasarelas situadas en los propios molinos. Al menos seis fueron reforzadas: doña Olalla, el Emperador, Malvecino, Muño Mocho, Griñón y El Nuevo de Curenga (figura 1). En este último, incluso, se construyeron dos pasos nuevos: uno “angostico”, que era utilizado para el tránsito de personas, y otro para carruajes, situado sobre los tajamares del edificio principal. El molino de Muño Mocho también dispuso de dos: uno era del molino mismo, tenía cuatro ojos y fue totalmente reformado; el otro estaba en la parte norte de su azuda y pertenecía a un batán anejo, cuya propiedad sufragó la reforma. A ellos cabe añadir el puente construido junto al desaparecido molino de El Navarro ¹⁴ , paso que había que preservar, ya que conectaba con la casa de los guardas de Zacatena y, sobre todo, con Malagón, a cuyos pies estaba el camino real que unía Córdoba y Sevilla con Toledo (Diago y Ladero, 2009; Sánchez, 2006).

Gran parte del tráfico que soportaban aquellos puentes se debía a la necesidad de dar pasto y abrevadero a los rebaños de las villas situadas al sur del Guadiana. De hecho, muchas de las quejas de los propietarios de los molinos se dirigieron expresamente contra la actividad pecuaria. Desde finales del siglo XVII y, al menos, hasta 1745, el propio molino de Flor de Ribera fue escenario de una sucesión de pleitos en los que se trató de dirimir si los vecinos de Torralba podían utilizar aquel paso para conducir sus rebaños al ejido de Campomojado, situado al otro lado del Guadiana ¹⁵ .

Los problemas con los propietarios de ganado no solo lo fueron a cuenta de los lugares de paso. Algunos estuvieron relacionados con los pastizales, que fueron violentados de manera recurrente por los labradores linderos. En otros casos, ocurrió a la inversa, de tal manera que no es extraño ver a unos y a otros en los tribunales, bien fuera para resarcirse de los daños provocados por los ganados bien para evitar que los agricultores redujeran los lugares de herbajeo ¹⁶ .

En el caso que se analiza aquí, la disputa también se extendía a los propietarios de los molinos, cuyas balsas llegaron a inundar algunos sembrados. El constante goteo de procesos judiciales a lo largo de toda la Edad Moderna da cuenta de la importancia que ganaderos y agricultores concedieron a estos aprovechamientos, si bien es cierto que su resolución fue relativamente fácil, pues “bastaba con aplicar la ley” (López-Salazar, 1987, p. 67). Para ello solo era necesario respetar los prados comunales. La existencia de estos espacios -y de las cañadas que daban acceso a ellos- se amparaba en la tradición, estaba regulada por la legislación y reconocida por sentencias a favor de los vecinos de las villas limítrofes con el río. Nuevamente, el caso de Torralba es un buen ejemplo de ello. Con motivo de la construcción de la prensa de aceite que los jesuitas pretendían erigir en su molino en 1717, el concejo recordó que “de tiempo inmemorial” (al menos desde el siglo XVI)

El juez de comisión de los desaguados fijo allí uno de los abrevaderos que fueron contemplados en el apeo. En este caso concreto, lo hizo amparándose en la tradición, pero fueron varias las ocasiones en las que su establecimiento se debió a la presión de los concejos, cuyos representantes se negaron a aceptar un deslinde sin concesiones a la propiedad comunal. Gracias a aquellas presiones, que fueron especialmente intensas en Daimiel, las villas del Guadiana dispusieron de espacios específicos para sus ganados, tanto en el tramo más cercano a los Ojos, como aguas abajo de Zacatena (figura 1). Sin embargo, lo más importante es que aquellos parajes estaban llamados a no entorpecer la libre disposición de sus terrenos por parte de los futuros propietarios que se beneficiaran de la venta de los desaguados. Bajo la apariencia de cesión a la comunidad, afloraba un nuevo guiño a los intereses privados.

En el memorial que inspiró la obra de desaguado, se dejó caer la idea de que el encharcamiento de la ribera se debía a la altura excesiva de la presa del molino de El Navarro, que retenía las aguas de los tablares originados por la confluencia del Cigüela y del Guadiana (Celis et al., 2019, p. 86). Al fijar su mirada en aquel lugar, los peticionarios intentaban marcar el camino a la Corona, pero sin advertir -o sin querer hacerlo- que el mismo problema afectaba al resto de molinos (figura 1). Se trataba de una situación endémica, que estaba motivada por el deseo de aumentar la rentabilidad de cada ingenio: a más agua almacenada, más tiempo de molienda, más presión acumulada y más velocidad de las ruedas; en definitiva, más beneficio. La gestión de ese aprovechamiento había permanecido casi inalterada durante siglos, pero comenzó a trastocarse a finales del XVII, cuando algunos de los molinos harineros fueron objeto de obras de ampliación y reforma. Las intervenciones más importantes se produjeron en los que caían bajo la órbita de la orden de Calatrava, especialmente en los gestionados por la Mesa Maestral. Muño Mocho fue remozado entre 1717 y 1719 ¹⁸ . Por las mismas fechas, los albañiles también entraron en Malvecino: la lluvia caída durante el invierno de 1716-1717 había provocado daños en sus cimientos y era urgente asegurar la viabilidad del ingenio ¹⁹ . También se intervino en La Dehesa ²⁰ y en El Nuevo de Curenga ²¹ , propiedad de la encomienda daimieleña. Más tarde sería el turno de El Navarro. En este caso, los trabajos comenzaron en 1726 ²² , pero se prolongaron durante años dando lugar a una maraña de procesos judiciales que no culminaron, al menos, hasta 1735 ²³ . Los cambios también afectaron a los molinos de titularidad privada. Las obras más importantes fueron ejecutadas en el de Flor de Ribera. Fueron, incluso, más tempranas y afectaron a su presa ²⁴ (Moreno, 2005). En los años veinte del XVIII siguió habiendo intervenciones ²⁵ .

Si tales actuaciones se debieron a un cambio de coyuntura económica, o si estuvieron motivadas por cuestiones de índole puntual, como las lluvias excesivas, es algo que cabe analizar con cierta calma. De lo que no cabe duda es de que, en aquellos años, hubo cierta efervescencia constructora y de que todo ello derivó en un aumento de los litigios, cuya tipología -observada desde el siglo XVI- coincide con la establecida por Santos y Moreno (2009) ²⁶ . El estudio de aquellos fallos pone en evidencia la inexistencia de una doctrina clara por parte de la Monarquía, dado que unas veces se mostró partidaria de beneficiar a los molinos que retenían agua y en otras se posicionó al lado de los que la reclamaban. Su tibieza había resultado apropiada hasta entonces porque, sentencia a sentencia, había logrado que el sistema funcionase razonablemente bien, incluso reportándole beneficios.

Por tanto, el problema no era nuevo y la pericia con la que actuó el ingeniero responsable del proyecto no solo se basaba en su erudición técnica, sino en la jurisprudencia y en el conocimiento que los vecinos de la zona tenían de su entorno más inmediato. La solución ideada consistió en derruir el ya mencionado molino de El Navarro y en intervenir directamente en las presas de los demás, rebajando sus niveles y favoreciendo que la corriente discurriera por la madre del río (Celis, 2013, p. 281). Se trataba de una estrategia que podía ser contraproducente para los molinos porque mermaba la fuerza al agua. No obstante, parece que la idea funcionó, al menos parcialmente. El resultado de la obra rebajó el encharcamiento, pero mantuvo el agua corriente. En un contexto en el que el Cigüela aportaba sus aguas invernales y en el que las surgencias dotaban de vitalidad al Guadiana, el plan era viable. Las declaraciones tomadas tras la finalización de la obra coinciden en señalar el “aumento de renta y venta” de todos los molinos, dado que trabajaban a mayor velocidad y durante más tiempo, incluso en verano ²⁷ .

Sin embargo, hubo matices. Los más beneficiados fueron los situados aguas abajo de la confluencia de ambos ríos, que resultaron favorecidos por la llegada de un caudal más amplio. Prueba de ello es que se construyó un nuevo ingenio en Malvecino ²⁸ . Algunos declarantes, incluso, apuntaron la posibilidad de que el de Flor de Ribera pudiera trabajar con una piedra más ²⁹ . También hubo perjudicados: la que más, la mesa maestral de la orden de Calatrava (o sea, la Real Hacienda), que vio reducido el beneficio que obtenía de Muño Mocho, su molino más rentable, al menos hasta 1754. Tras las obras, los testigos constataron su pérdida de valor ³⁰ , “a causa de que entonces [antes del rebaje] andaban las piedras con más violencia” ³¹ .

La mengua de agua no fue la única causa que hizo que la Corona perdiera riqueza. Ni tan siquiera parece que aquel fuera un motivo determinante. Tuvo más importancia la reestructuración de la propiedad a que dio lugar el propio proyecto de desecación (figura 2). Como consecuencia de este, en la primavera de 1754 la Corona tomó posesión de los molinos “inobedientes”, aquellos en los que ni se habían ejecutado obras ni existía constancia de que sus propietarios estuvieran dispuestos a hacerlo. Esa resistencia abrió el camino a una suerte de desamortización porque, en realidad, aquellos ingenios eran los que caían bajo la órbita de la propia orden: los tres que pertenecían a la encomienda de Daimiel (La Dehesa, Nuevo de Curenga y El Navarro) y el de La Parrilla, participado por el Sacro Convento de Calatrava y que había quedado inactivo porque la obra lo había dejado fuera de la madre del río ³² (figura 1).

En 1756, cuando se elaboró el informe que daba cuenta de la finalización de las obras, solo funcionaban nueve molinos. De cuarenta y una piedras molientes en 1751, solo rodaban treinta y tres (un 20% menos) ³³ . La gran perjudicada era la encomienda daimieleña (Celis et al., 2019, p. 83). En los años sucesivos, solo podría resarcirse de aquellas pérdidas con la puesta en marcha de la mitad que le correspondía del molino Nuevo de Curenga, del cual se sabe que comenzó a trabajar poco después. Por el camino también se habían lesionado los intereses de algunas pequeñas fundaciones religiosas que tenían casa en la villa de Almagro y que, por motivos obvios, dispusieron de muy poco margen para hacer frente a las obras reclamadas por la Real Hacienda ³⁴ . En el extremo opuesto, todos los grandes propietarios privados retuvieron sus posesiones ³⁵ . El cambio dejaba expedito el camino para medidas de mayor calado: aunque algunos de los molinos intervenidos por la Corona volvieron a ser gestionados por la orden, el horizonte para su privatización parecía definitivamente abierto, algo que terminaría por ocurrir de la mano de los procesos desamortizadores del siglo XIX. Entretanto, la Corona había reordenado sus intereses en la zona. Primero, reduciendo su posición como propietaria. Más tarde, convirtiéndose en un agente rentista, papel que consolidaría con el arrendamiento y posterior venta de los desaguados y de Zacatena, en un proceso muy similar al que, ya entonces, afectaba a las dehesas maestrales de Extremadura (Hernández, 2002).

La Corona advirtió a tiempo que aquella pérdida de capacidad molturadora podía ser absorbida por las piedras emplazadas en otros cauces vecinos (Moreno, 2015 y 2017). Esa derivación de recursos -que ya era un hecho a mediados de siglo- eximía a los molinos del Guadiana de hacer frente a la demanda procedente de otras comarcas; los convertía en un instrumento local y reducía su influencia en un contexto de crecimiento económico ya de por sí limitado (López-Salazar, 1976, pp. 287-288).

En aquel escenario, los intereses de molineros y ganaderos solo convergieron durante unos años. Cuando la economía se debilitó y los primeros quisieron obtener más beneficio, las transformaciones que acaban de exponerse hicieron el resto: con una influencia económica limitada y un menor papel institucional en la comarca y con sus potencialidades jurisdiccionales mermadas, la Corona no pudo evitar que esa pugna dejara su impronta en el paisaje. La obra comenzó a mostrar sus puntos débiles.