Los dilemas que rodean a la consideración del patrimonio industrial en la ciudad no son pocos y pese a que en las tres últimas décadas se ha avanzado notablemente en sus conceptos y metodologías, el conflicto que se genera entre la evolución de la ciudad y la conservación de los bienes industriales sigue siendo notable. Son varias las cuestiones que en este sentido cabe considerar.

En primer lugar, la amplitud del concepto del patrimonio industrial, que no solo afecta a las actividades meramente productivas -las fábricas y su producción sensu estricto-, sino todos los restos o testimonios de la cultura industrial que posean un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Y ello abarca todos los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que hayan sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y gestión en el marco del sistema económico surgido de la “revolución industrial”. Este concepto implica que el patrimonio industrial no solo considera las actividades productivas, sino también las extractivas, la energía, las redes e infraestructuras, el agua, abastecimientos y saneamientos, los transportes, las infraestructuras y las redes de comunicación o el urbanismo, los inmuebles y las viviendas relacionadas con la actividad industrial (Álvarez, 2007; Palacios e Hidalgo, 2009; Pardo, 2008 y 2016). De este modo se ha reconocido a este legado cultural como un patrimonio con múltiples manifestaciones relevantes de la historia de la industrialización contemporánea en sucesivas declaraciones, cartas y documentos que han ido formando el corpus teórico de la materia en estas últimas décadas ¹ .

La industria constituye una actividad singular por todos los aspectos tangibles que conlleva el proceso de producción de bienes (materias primas, proceso de transformación, maquinaria, utensilios, instalaciones, naves, almacenamiento, energía, combustibles, transportes, etc.), pero también por su componente intangible (procesos, tradiciones, costumbres, conocimiento, formas de vida, organización, etc.) (Álvarez, 2012; Benito, 2002; Pardo, 2016). Desde esta perspectiva, es evidente que la concepción originaria del patrimonio exclusivamente vinculada a valores estéticos o artísticos queda superada. El estudio de la industria en la historia urbana y la consideración de su legado como patrimonio se muestran como una materia de plena actualidad e interés. Se trata, cierto es, del patrimonio más “joven”, con menores atributos de lo tradicionalmente considerado como “antiguo”, pero no por ello debe minusvalorarse su aportación a la memoria colectiva y la identidad urbana (Graham y Howard, 2008; Lalana y Santos, 2009; Douet, 2012; Biel, 2019).

Pero tal concepción, en segundo lugar, debe reflejarse en las normativas y los instrumentos de protección, gestión e intervención; al objeto de disponer de las herramientas para actuar sobre el patrimonio cultural en el proceso de las transformaciones urbanísticas. En la actualidad, todavía la legislación del patrimonio histórico español no incluye expresamente la consideración del patrimonio industrial, estableciendo una declaración genérica que alude a valores artísticos, históricos, paleontológicos, arqueológicos, etnográficos, científicos o técnicos -entre los que cabe entenderse implícitamente incluida la actividad fabril- (Magán, 2005; Benito y Alonso, 2012). A nivel nacional se ha implementado el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, aprobado inicialmente en 2001 y actualizado en 2011 y 2016 (VVAA, 2007). En las comunidades autónomas se han ido desarrollando normativas sobre patrimonio cultural que en algunos casos sí consideran el patrimonio industrial de forma expresa y comienzan a catalogarlo y protegerlo con diferentes inventarios y medidas de actuación (Álvarez, 2002; Benito, Cañizares y Pascual, 2016). Asimismo, diferentes entidades -como ICOMOS o TICCIH España- y asociaciones para la preservación del patrimonio industrial -como INCUNA- han desarrollado multitud de actuaciones, propuestas y estudios que han permitido progresar, concienciando a la sociedad del alto interés cultural del patrimonio industrial (Álvarez, 2001 y 2017; Benito y Pascual, 2017; Biel y Cueto, 2011).

Ahora bien, sin poner en cuestión la evidencia de este progreso notable en el concepto y en su aplicación, lo cierto es que el grado de protección de los bienes industriales por la normativa patrimonial sigue siendo insuficiente (Biel, 2016 y 2019). Según el estudio de la situación del patrimonio industrial en España realizado por INCUNA para el Ministerio de Cultura existen apenas algo más de 300 Bienes de Interés Cultural Industriales de rango nacional declarados en el país, alcanzándose en torno al millar de bienes si contabilizamos los protegidos como bienes de interés autonómico o incluso local en algunas regiones ² .

En Castilla y León, únicamente se contabilizan 19 elementos protegidos como BIC industrial, siendo la mayor parte de ellos de etapa preindustrial. El resto de bienes quedan limitados a su posible consideración en el inventario de patrimonio industrial de la comunidad autónoma. Este inventario ha sido elaborado por fases para las diferentes provincias de la región, entre 2001 y 2011 (Benito, 2009; Benito, Calderón y Pascual, 2016; Zaparaín y Ortuñez, 2016). Sin embargo, el inventario no ha sido aprobado como tal, no es público ni de libre acceso y no se han cursado las oportunas declaraciones y resoluciones administrativas que precisa su sanción. De forma que su falta de aprobación y puesta en marcha lo ha hecho inservible, ya que ninguno de los elementos considerados en el mismo goza actualmente de su determinación protectora. De hecho, algunos de los bienes incluidos en ese inventario han sido ya derribados. Así las cosas, el último escalón para considerar el valor patrimonial de los elementos industriales en las ciudades de esta región es el de los catálogos del planeamiento urbanístico en cada área urbana (Benito, Calderón y Pascual, 2009; Pardo, 2008).

En tercer lugar, en el dilema de la posible patrimonialización de la industria hay que considerar el motivo que lleva a la puesta en riesgo de desaparición del bien ya que, muy habitualmente, se tiende solo a valorarlo cuando ha perdido su uso, como si no pudiera patrimonializarse mientras sigue desarrollando la función por la que ha adquirido relevancia cultural (Arroyo, Giménez y Sánchez, 2018). Por una parte, podemos hablar de un edificio industrial vacío por que la empresa haya extinguido su actividad y quede un inmueble en desuso en un emplazamiento anacrónico para su función. La fábrica ya no produce, el edificio se deteriora, se devalúa y, al tiempo, está ubicado en un espacio inmejorable para nuevos usos urbanos. Surge la sensación del abandono, de la ruina, de la insalubridad, del edificio incómodo, inapropiado al nuevo paisaje urbano. Por otra parte, esta circunstancia es aún más rotunda cuando la fábrica desaparece, no porque haya cesado en su actividad, sino porque la presión del sistema inmobiliario fuerza su traslado. El uso industrial no ha desaparecido, la fábrica persiste y es rentable su actividad; si bien, el mercado inmobiliario y el planeamiento urbanístico deciden e imponen su falta de funcionalidad -la industria en su ubicación no es ya compatible con la ordenación futura que se ha planificado-. Su traslado es necesario y para ello se dispone de nuevos polígonos industriales en la periferia, a los que, en el mejor de los casos, se consigue mudar la producción. ¿Qué hacer entonces con los bienes sin uso? Al fin y al cabo, el problema es el mismo en ambas circunstancias: el nuevo solar de la vieja fábrica, el baldío industrial (Lalana y Santos, 2018).

Nuevo solar -transformación- frente a conservación -antigua factoría-. La decisión a tomar es si el bien merece conservarse o puede derribarse, sin perjuicio del ya resuelto cambio de uso. Si se protege, es necesario garantizar su conservación y su reutilización. En este sentido, hay múltiples ejemplos en España de este proceso, en los que los bienes se han conservado y normalmente reutilizado, aun cuando ha desaparecido el original uso industrial. En la mayoría de los casos se han destinado a nuevos usos culturales o administrativos, consiguiendo la conservación de este patrimonio reutilizado, aunque no siempre se haya garantizado la legibilidad y la adecuada explicación social de su verdadero valor (Pardo 2008; Lalana y Santos, 2009; Biel, 2013 y 2016). El problema aparece cuando ni la normativa sobre patrimonio cultural ni tampoco el planeamiento urbanístico han considerado que la instalación industrial sea susceptible de valorar o tenga interés. Lógicamente, no se trata de mantener todo lo que haya quedado de la actividad industrial, pero sí de ser sensible a aquellos elementos que puedan ser testimonios representativos de la cultura industrial -de forma flexible en cada territorio, según su contexto socioeconómico y el grado de intensidad de su proceso de industrialización- (Pardo, 2016; Cañizares, Benito y López, 2020). Se trata de encontrar el lugar del patrimonio industrial en los procesos de transformación urbana, sin que desaparezca todo aquello que simplemente se considera anacrónico o en desuso, sin descontextualizar sus verdaderos atributos para la memoria colectiva (Capel, 1996 y 2019; Benito 2005; Calderón y Pascual, 2007).

En relación con estas cuestiones, respecto a la valorización del patrimonio industrial en la evolución urbana, el caso de Burgos es llamativo y tremendamente contradictorio. Se trata de una ciudad que sin ubicarse en una región manufacturera ni pertenecer a un territorio con gran tradición fabril, sí se ha consolidado como un polo industrial relevante del sistema urbano español durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, la conservación de fábricas e instalaciones industriales ha sido muy limitada y la ciudad no ha tenido sensibilidad respecto a la generación de una cultura industrial que haya sustentado la protección de bienes culturales. En su identidad, predominan claramente otros atributos histórico-artísticos, pese a ser un centro productivo con arraigada presencia de la actividad manufacturera.

La identidad de un territorio se mide por la apreciación del lugar que tienen sus habitantes, por los aspectos que lo definen como espacio de un grupo social, diferenciándolo de otros lugares; por aquellos elementos de la historia, la evolución socioeconómica y cultural que han tenido reflejo en cada ámbito, mediante una conjunción de valores que se trasladan al imaginario colectivo; a través del cual, se construye, en realidad, la imagen popular que cada sociedad tiene de sí misma y la que otros grupos se forman de ella desde el exterior. Y esta construcción social del espacio tiene un fuerte impacto en lo que cada grupo valora como patrimonio y, en consecuencia, en aquellos bienes que deciden conservarse y protegerse para el legado a las generaciones futuras (Álvarez, 2001 y 2007; Calderón y García, 2016).

En el caso de Burgos, esta identidad está claramente asociada a los valores de su memoria histórica y a su carácter monumental, relacionándose con elementos del patrimonio artístico. La sociedad no tiene interiorizado que la ciudad sea un espacio industrial cuando, paradójicamente, 20.000 personas trabajan en las fábricas y cerca de 60.000 dependen directamente de esta actividad, en un área urbana de apenas 200.000 habitantes. En una encuesta realizada con motivo de la celebración de la efeméride de los 50 años de la declaración del municipio como Polo de Promoción Industrial, se cuestionó a los ciudadanos sobre este aspecto. Entre las preguntas formuladas se incluía: ¿cuál considera que es el principal aspecto que define la identidad de Burgos como ciudad? La respuesta fue concluyente: cerca del 65% de las personas manifestaron que Burgos se define por el patrimonio, los monumentos y su historia y, fundamentalmente, por su catedral gótica (casi el 35% identificaron la ciudad exclusivamente con la imagen del templo). Otras respuestas relacionadas con otros monumentos, la cultura, el clima, las zonas verdes o el carácter social completaron sus valoraciones. Apenas rastro de la industria, de los polígonos industriales y las fábricas. Menos de un testimonial 1% de las respuestas menciona estos aspectos. Abundando en esta apreciación, tan solo un 3% de las personas indicó que la implantación industrial ha sido uno de los hechos más relevantes de la historia urbana en los últimos 50 años. A la pregunta específica de si se identifica la importancia socioeconómica de la industria en la ciudad, más de un 21% de las personas indicó ignorarla o no saber que era importante; y otro 31% afirmó que tenía una idea aproximada de este aspecto, pero no podía determinar claramente su relevancia. Es decir, apenas un 48% de la población respondió que tenía claro o sabía con total certeza que la actividad productiva era muy significativa en la historia urbana y en la actual estructura de la ciudad (Andrés, 2014; Andrés, Pascual y Molina, 2018) ³ .

Resulta sorprendente que la actividad industrial no esté valorada como un rasgo identitario. No existe cultura industrial, como sí se ha creado en otros territorios. Pero las cifras evidencian otra realidad. En Burgos operan actualmente más de 600 empresas industriales, con cerca de 20.000 trabajadores y el suelo industrial alcanza una superficie superior a las 2.200 ha. Si demográficamente la ciudad se posiciona en el puesto 35 en el sistema urbano nacional, las cifras industriales la sitúan como el décimo centro productivo del país en suelo urbanizado y el duodécimo en empleo industrial. Relativizando estos valores, el impacto proporcional de la actividad secundaria en el área urbana es muy alto. Con 112 m² de suelo industrial por habitante es la segunda ciudad española en esta ratio; la tercera en empleo industrial por cada 1.000 habitantes (97), la cuarta en proporción de suelo industrial sobre el total urbanizado (36,9%) y la quinta en porcentaje de población activa industrial (20,67%). La ciudad agrupa más del 25% del empleo industrial de Castilla y León, en sus polígonos están instaladas cerca de la mitad de las grandes empresas de la región, se genera el 30% de las exportaciones de la comunidad autónoma y la producción industrial implica más del 30% del Valor Agregado Bruto (VAB). Tal y como puede apreciarse, Burgos mantiene un definido y acusado perfil industrial (Pascual y Andrés, 2006; Andrés et al., 2018; Andrés, 2020).

El proceso industrializador comienza en la ciudad con pequeñas iniciativas durante el segundo tercio del siglo XIX, si bien se trata de actividades de marcado carácter preindustrial (fabricación artesanal de alimentos, ropa y otros utensilios de primera necesidad). Sobre la base del pequeño entramado de estos pequeños talleres artesanales comienzan a aparecer las primeras fábricas: Fábrica de Papel (1841), Fábrica de Loza (1846), Fábrica de Gas (1862), Fábricas de Luz (1889 y 1900), Azucarera (1900), Hidroeléctrica (1915) y Cerámica (1922). Sin embargo, hasta el primer tercio del siglo XX la industria aún no resulta esencial en la estructura urbana. Estas primeras factorías agrupan apenas 3.000 empleos en un conjunto de poco más de 32.000 habitantes y tienen todavía un limitado impacto en el paisaje urbano (Pascual y Andrés, 2004).

El primer impulso industrial realmente importante se produce durante las décadas de 1930 y 1940, cuando se crean nuevas empresas y se duplica el empleo industrial. En estas dos décadas se fundan en Burgos fábricas textiles, papeleras, químicas, alimentarias, de calzados, metales y maquinaria diversa. La ciudad se convierte en un centro industrial de cierta entidad durante la posguerra y se confirma su vinculación con la actividad productiva. En 1950 Burgos alcanza los 6.000 empleos industriales en 250 empresas y empiezan a levantarse edificios industriales de notable factura en fábricas que consolidan un primer paisaje manufacturero. A mediados de siglo XX estas fábricas forman ya un primer extrarradio que configura el primer ensanche de la ciudad, en el que la expansión de la industria tiene un significativo papel (Pascual y Andrés, 2006).

No obstante, la verdadera consolidación de este perfil industrial se producirá a partir de 1964, cuando Burgos es declarada Polo de Promoción Industrial. Esta figura implica la llegada de importantes exenciones fiscales, ayudas financieras, facilidades en la obtención de suelo y subvenciones públicas para la instalación de industrias. En 1969 se da continuidad a la primera declaración y se confirma a la ciudad como Polo de Desarrollo Industrial, con lo que Burgos mantiene el auxilio del desarrollismo franquista entre 1964 y 1973. Este hecho provoca un fuerte revulsivo que transforma radicalmente la estructura industrial anterior y forma una nueva ciudad. En este periodo se invierten más de 19 mil millones de pesetas, creándose 93 nuevas fábricas con 12.726 nuevos empleos. Se pasa de recibir una media de 60 millones de pesetas de inversión por año entre 1954 y 1963 a más de 2.000 millones de pesetas por ejercicio durante la década de 1960. En apenas 15 años la ciudad duplica su población y su parque inmobiliario (de 82.000 a 156.000 habitantes y de 24.000 a 52.000 viviendas) y se extiende desde las 700 ha urbanizadas a más de 2.200 ha -más de 800 ha de suelo industrial en los nuevos polígonos-. Al final de este periodo, durante la década de 1980, Burgos alcanzará los 19.000 empleos fabriles y llegará a su máximo histórico del 35% de la población activa industrial. El número de trabajadores industriales alcanzará su cota más alta en 2006, con algo más de 21.000 empleos, acusándose notablemente la crisis de 2008 y estabilizándose en los últimos años (Andrés, 2014; Andrés et al., 2018).

Como consecuencia de este proceso industrializador, en Burgos se fueron edificando fábricas de cierto interés y valor arquitectónico que, además, tuvieron una notable incidencia social, económica y popular. Fábricas que, vistas a los ojos de la actualidad, podrían considerarse sin duda alguna como inmuebles con un significativo valor de testimonio histórico; y edificios que, en al menos una decena de casos, tenían atributos patrimoniales dignos de conservación. Pero, lamentablemente, de aquel conjunto de industrias construidas apenas queda huella. Han sido prácticamente todas desmanteladas. Lo llamativo es que estas fábricas no se derribaron durante la fuerte expansión desarrollista de los años 60 y 70, sino que han desaparecido durante las dos últimas décadas del siglo XX, cuando ya existía legislación sobre patrimonio cultural y cierta concienciación sobre la relevancia del legado industrial en las ciudades.

En efecto, la mayor parte de las fábricas relevantes de la historia industrial de la ciudad se conservaban al comienzo de la década de 1980 y en su mayor parte estaban aún en funcionamiento, incluyendo muchas de las plantas que se habían construido en el ensanche, con anterioridad al Polo industrial. En Burgos, la crisis económica del final de los años setenta se dejó sentir con intensidad en aquellos sectores tradicionales de demanda débil que no fueron capaces de remontar la crisis de los mercados y adaptarse al nuevo marco productivo. Aunque la ciudad consiguió sostener el volumen de empleo fabril, se cerraron más de 30 plantas y muchas de las empresas del Polo procedieron a ajustar plantillas y recortar inversiones (Pascual y Andrés, 2004). En los dos grandes polígonos industriales, los cierres supusieron la existencia de naves vacías que irían sustituyéndose por otros usos productivos con el paso de los años. Aunque también comenzaron a registrarse algunos derribos con notables pérdidas de la arquitectura industrial de las etapas precedentes, como son los casos de las fábricas de Calzados Comanche y Azucarera San Pascual (Andrés, 2019) ⁴ .

En el caso de las industrias ubicadas en el ensanche comenzó a producirse en aquel momento un doble proceso. Por un lado, la década de 1980 supuso el definitivo final de la manufactura integrada en los locales y bajos de otros edificios. Desaparecen harineras, obradores y panaderías, productores de gaseosas, licores, guantes, lejías, jabones, hielo, talleres textiles, de forja, calzado, imprentas… que se desmantelan definitivamente al transformarse los antiguos inmuebles en los que se integraban. Por otro lado, la práctica totalidad de industrias construidas en los bordes de la ciudad en las décadas de 1920, 1930, 1940 o 1950, que habían mantenido su actividad en sus emplazamientos originales pese al crecimiento urbano, sucumben a la crisis del final de los años setenta y comienzan a quedar edificios vacíos, fábricas en ruina que van salpicando el paisaje urbano. Y el urbanismo fija el ojo en estas industrias como solar para la nueva ciudad. Durante los primeros años, se derriban la fábrica de calzado Hijos de Miguel Ruiz, la fábrica de material eléctrico Plastimetal o las Cerámicas Burgalesa y del Norte, afectadas por nuevos desarrollos urbanísticos que tienen lugar entre 1977 y 1989 ⁵ . Sin embargo, exceptuando estos casos, el verdadero desmantelamiento de la industria se retrasa hasta la década de 1990, con lo que muchas de estas fábricas en desuso se mantendrán durante más de dos décadas abandonadas y presas del deterioro y la falta de mantenimiento.

En este contexto, el derribo de las fábricas en Burgos se producirá mediante las herramientas de gestión urbanística que diseñan los PGOU de 1992 y 1999. El Plan de 1992 era una reaprobación del documento de 1985 tras su anulación por una sentencia judicial. En origen concebía una ciudad integrada y sin actuaciones expresas de desmantelamiento de la industria, si bien acabó actuándose sobre su normativa con intervenciones directas en suelo urbano consolidado mediante adiciones de unidades de ejecución para transformar los solares industriales. A partir de 1989 el Ayuntamiento autorizó derribar las tres grandes plantas industriales que quedaban en el entramado urbano del barrio de Gamonal, las fábricas de Loste, Celebusa y Campofrío ⁶ . El PGOU de 1999 recogió este criterio expresamente en su normativa, definiendo a la industria como una actividad insalubre, molesta e inadecuada para su mantenimiento en el tejido urbano preexistente, “siendo imprescindible y necesario su traslado a zonas específicas adecuadas”. Para ello incluyó una norma zonal de intervención, las denominadas Áreas de Transformación: sectores de suelo urbano consolidado sujetos a regulaciones de transformación urbanística para ejecutar su reconversión industrial, facilitando el traslado de las fábricas a los polígonos y destinando sus solares al uso residencial (Pascual y Andrés, 2006).

En virtud de dicha planificación, entre 1993 y 2012 se desmantelaron 23 fábricas en Burgos. En realidad, si exceptuamos la desaparición de los antiguos depósitos de hidrocarburos de CLH en 2012, las 22 instalaciones restantes se derribaron entre 1993 y 2006, en 13 años -a razón de prácticamente dos fábricas cada año-. Siete fábricas alimentarias, seis fábricas textiles, dos fábricas de curtidos, dos plantas químicas, una maderera, una papelera, una imprenta…desaparecieron factorías en prácticamente todos los tipos de producciones. Los edificios derribados se ubicaban a lo largo de toda la estructura de la ciudad consolidada, destacando el antiguo suroeste industrial. El desmantelamiento de estas industrias afectó a más de 700.000 m² de superficie y generó 828.488 m² de aprovechamiento urbanístico, lo que dio lugar a la construcción de más de 7.200 nuevas viviendas en estos solares. Si tenemos en cuenta que entre 1991 y 2011 se edificaron en Burgos algo más de 31.000 viviendas, los nuevos edificios sobre las antiguas fábricas son responsables del 23% del total del parque inmobiliario. Más aún, del total de nuevas viviendas en la ciudad, el 61% se realizan en suelo urbano transformado (algo más de 19.000), con lo que la construcción inmobiliaria en los solares de las fábricas es responsable del 38% de las nuevas viviendas en la ciudad preexistente. Las intervenciones más destacadas se registran en los solares del antiguo matadero cárnico de Campofrío (Coprasa), con cerca de 1.500 viviendas; en el ámbito de la antigua papelera de Cellophane Española, con 1.274 viviendas; en la transformación del antiguo ámbito industrial de la carretera de Valladolid, con 1.249 nuevas viviendas en los solares de Productos Químicos Castilla, Hilaturas y Tejidos Castilla, Bakymet, Fabril Sedera y Curtidos Alameda; y en la mencionada transformación inicial del conjunto fabril de Gamonal -700 viviendas-.

La cuestión es que en la planificación de estos nuevos solares urbanos no se consideró en modo alguno el interés de las viejas fábricas. Debemos destacar tres casos que ejemplifican esta pérdida patrimonial: las fábricas de Sociedad Española de Seda Artificial (SESA), Fabril Sedera y Cellophane Española. Estas tres industrias disponían de complejos fabriles de notable interés por la composición de sus edificios y naves, por el interés arquitectónico de alguno de esos inmuebles y, esencialmente, por su valor testimonial como hitos de la etapa del primer impulso industrial relevante de la ciudad durante las décadas de 1930 y 1940.

El complejo de SESA fue construido en 1901 para albergar las instalaciones de Azucarera Burgalesa, con un valioso edificio principal de ladrillo. A este edificio se adosaban las naves de almacenamiento del azúcar, la chimenea, un horno de cal y un volumen para las máquinas de generación de vapor y los talleres de reparaciones. Esta planta industrial fue adquirida por la fábrica textil en 1930 y se amplió con otro edificio de factura racionalista y una serie de nuevas naves en hilera con dientes de sierra. El conjunto se completó durante los años cuarenta con la construcción de una barriada obrera de chalets bifamiliares para los encargados y un grupo de bloques para los obreros, además de un economato, una escuela y una iglesia, conformando un grupo único en la ciudad y bien representativo del urbanismo industrial del primer tercio del siglo XX. Además de estos atributos, la fábrica era pionera ya que ejemplificó el crecimiento de la fabricación de fibras celulósicas y otras fibras artificiales en España como consecuencia de la escasez en el abastecimiento de algodón. Durante los años 50, con más de 1.000 empleados y una producción de 7.000 kg diarios, la planta llegó a ser una de las principales industrias del país en la producción de rayón, hasta que llegó su cierre en 1966. Posteriormente, desde 1977 sus instalaciones fueron ocupadas por una empresa alimentaria (Cooperativa Avícola), que fue transformando y desvirtuando las instalaciones hasta que llegó su derribo, sin que quedase rastro alguno de la fábrica ⁷ .

Algo similar puede decirse de otra empresa textil, Fabril Sedera, que participó igualmente durante la década de 1940 del desarrollo del polo productivo en torno a las fibras artificiales. “La Sedera”, como popularmente se conoce, construyó otro interesante conjunto fabril en 1946. En este caso se trataba de un grupo doble de naves adosadas en hilera, de planta única y sencilla pero funcional factura industrial. Estas naves culminaban con dos edificios frontales, con un frente acristalado de tres naves alineadas que componía la fachada principal del complejo. Fabril Sedera fue igualmente una factoría pionera en la producción de fibra artificial y además destacó en el apresto, tintado y acabado de los tejidos hasta su traslado en 1998 a una nueva factoría en el polígono industrial de Villalonquéjar, donde sigue produciendo. La antigua factoría de la carretera de Valladolid se derribó por completo, conservándose simplemente parte de su chimenea, totalmente descontextualizada en el nuevo espacio residencial ⁸ .

Y en los mismos términos debemos referirnos a Cellophane Española. Esta fábrica comenzó su actividad en 1949 produciendo el conocido como papel celofán, una película celulósica de viscosa que conseguía un material transparente multiuso. Este material tuvo notable éxito debido a su utilización en múltiples soportes, su posibilidad de impresión y su versatilidad como envoltorio. El conjunto fabril constaba de un grupo de naves industriales con bóveda y cubierta semicircular, con varios pabellones rectangulares. Esta composición generaba una hilera de producción adosada al ferrocarril, con el que establecía una cierta analogía. Durante los años sesenta y setenta, la planta se acogió a los beneficios del Polo industrial y se amplió considerablemente, alcanzando un gran complejo fabril de más de 200.000 m². En 1975 se levantó su segunda chimenea, de 168 metros, siendo en su momento una de las más altas de Europa y convirtiéndose enseguida en el icono principal de la industria local. La factoría llegó a tener más de 1.100 empleados y progresó como centro papelero especializado, hasta que la irrupción de los plásticos, esencialmente del polipropileno, arrinconó paulatinamente la producción del celofán. Pese a ello, la planta no dejó de producir hasta poco antes de su derribo en 2003, sin que se conservase tampoco testimonio alguno de su historia ⁹ .

Y es que, lamentablemente, pese a disponer de los caracteres de singularidad descritos, estas fábricas desaparecieron sin ser consideradas en ningún momento desde un punto de vista cultural, sin que se plantease su valoración como testimonios de la industrialización. La visión urbanística de las actuaciones careció de criterio patrimonial sobre estos inmuebles, de tal forma que el resultado es una ciudad fabril sin patrimonio, un conjunto urbano que ha prescindido de la memoria de su industrialización sin conservar apenas muestras relevantes de la misma.

En efecto, la protección del patrimonio industrial en Burgos ha sido prácticamente inexistente, de manera que el legado cultural de la industria es muy escaso y se encuentra claramente desprotegido. Ni la normativa del patrimonio cultural ni el catálogo del PGOU han contemplado su preservación. Respecto al inventario del patrimonio industrial en la región, en el caso de Burgos fue elaborado en 2009, considerando únicamente 15 bienes. Pero como ya se ha indicado, dada su falta de aprobación, este instrumento no ha tenido efecto alguno. De hecho, desde su elaboración han desaparecido ya algunos de los bienes inventariados, como los indicados depósitos de CLH, demolidos en 2012. En cuanto al PGOU, el catálogo de protección contempla 13 bienes industriales, de los que tan solo tres coinciden con el inventario regional. Como puede verse, no hay un criterio claro ni existe un verdadero estudio del patrimonio industrial para actuar con claridad en su conservación. Ante esta circunstancia, este trabajo ha realizado un nuevo inventario, analizando todos los restos de la historia industrial de la ciudad, para poder clarificar el verdadero legado que se mantiene y considerar una base adecuada para su catalogación.

En el inventario hemos contemplado 49 bienes inmuebles con interés histórico industrial, si bien 15 de ellos, dado su escaso valor, su estado de ruina o su deficiente conservación, únicamente se pueden entender como bienes con valor testimonial, sin suficientes atributos patrimoniales como para protegerse. De ahí que hayamos estudiado todos los bienes, pero únicamente hayamos incluido a efectos de catalogación los 34 inmuebles más interesantes. De ellos, únicamente 13 están incluidos en la citada protección del PGOU, estando otros 4 incluidos en el catálogo de registros de interés del movimiento moderno del Docomomo Ibérico; es decir más de la mitad de los bienes considerados en el nuevo inventario no tienen actualmente ningún tipo de protección.

El legado presenta una caracterización muy desigual, marcada por la desaparición de las fábricas. Solamente se conservan 13 edificios industriales, de los que tan solo 5 continúan en funcionamiento. El testimonio de la fabricación es muy parco, limitándose a los restos rehabilitados y reutilizados de la antigua fábrica de Naipes Fournier (1835), una antigua fábrica de curtidos abandonada, una vieja fábrica de jabón reconvertida en iglesia, los restos de un par de molinos, una fábrica de harinas reconvertida en hotel, una papelera decimonónica -en estado de semiruina- y las fábricas que continúan produciendo. Entre estas cabe indicarse el valor de la planta industrial que se conserva en activo más antigua, la instalación de Papeleras del Arlanzón, cuyo origen se remonta a 1865; la resistencia a la destrucción de una pequeña planta textil familiar de los años cuarenta (Sederías J. Martínez), que ha pervivido entre nuevos edificios pese a declararse fuera de ordenación por el planeamiento; y la consideración de las fábricas de Bridgestone y Mahou-San Miguel, como dos plantas representativas de la arquitectura del periodo del Polo de Promoción Industrial -así reconocidas en el citado catálogo del movimiento moderno-.

Pero sobre todos estos bienes, destaca claramente el complejo industrial de la Fábrica de Papel de Seguridad de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuya historia y caracterización patrimonial han sido estudiadas en profundidad por Santos y Ganges. Esta fábrica se construye entre 1944 y 1951 y es inaugurada en 1953. Construida al objeto expreso de asumir la producción de papel de seguridad para la fabricación de billetes de banco por parte de la FNMT, ha atravesado por distintas etapas que han ido añadiendo edificios industriales al complejo original de mayor interés patrimonial. Fue ampliada durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 y ha sufrido una importante transformación en los últimos años. Mantiene, pese a todo, sus edificios originales en un aceptable estado de conservación, estando incomprensiblemente desprotegida y sin ningún tipo de catalogación. Se trata de un proyecto de la casa zuriquesa Gruppe Thiel, con modificaciones de la oficina zuriquesa de Gustav Rathgeb en 1946 y del equipo técnico de la FNMT. Compone un valioso conjunto que representa una muestra de arquitectura racionalista mediante la utilización aparente del ladrillo como material esencial en las fachadas. Distingue al conjunto la composición de diversas edificaciones de caja predominantemente horizontal, con paralelepípedos rectos, en composición típicamente fabril. Esta papelera representa, sin duda, el bien fabril más importante del patrimonio industrial que se conserva en Burgos, como prácticamente único testimonio notable de su industrialización durante los dos primeros tercios del siglo XX (Santos, 2018).

Y es que, más allá de este limitado testimonio fabril, el patrimonio industrial en la ciudad se compone, en sus dos restantes terceras partes, por bienes relacionados con la vivienda y el urbanismo, la educación, la energía y el agua y, sobre todo, el transporte y las comunicaciones.

Por lo que se refiere a la primera cuestión, como elemento más destacado se conserva el edificio original de viviendas de los empleados de Azucarera Burgalesa (1901), un interesante inmueble con tres cuerpos en composición de piedra con guías de fachada de ladrillo cerámico, en el mismo entorno de la barriada obrera que edificó SESA durante la década de 1940. Este edificio se integra con las casas de empleados de la fábrica textil, su iglesia y el resto de edificios complementarios, conformando una valiosa muestra de la generación de barrios obreros al calor de la industria. Con similar motivación, aunque distinta tipología constructiva y menor interés y calidad, se conserva también el grupo de “Casas de la Moneda”, los edificios de empleados de la FNMT ubicados en un espacio contiguo a la papelera. Igualmente, son destacables, aunque solo sea a efectos del testimonio histórico, los edificios centrales de las empresas Textil Renedo y Plastimetal, rehabilitados para su uso residencial (Pascual y Andrés, 2004; Santos y Lalana, 2015).

El inventario elaborado destaca también por el carácter patrimonial que debemos asignar a los edificios de formación en maestría industrial. Se conserva el edificio de la primitiva escuela de trabajo industrial, de 1895, de original uso fabril (actual IES Enrique Flórez); así como dos centros de educación en formación profesional para la industria, de las décadas de 1940 y 1960 (Escuelas Padre Aramburu), ambos con cierto interés arquitectónico y valor cultural como testimonio de cada etapa.

Se han catalogado también interesantes instalaciones industriales vinculadas a la producción y distribución de energía y al abastecimiento de agua. En el campo de la electricidad, únicamente se conserva una antigua hidroeléctrica de la década de 1880, en el cauce molinar del Arlanzón, si bien muy transformada, deteriorada y abandonada. Mayor interés tiene una estación de servicio de aprovisionamiento de combustibles construida en 1935 en el barrio de Gamonal con un proyecto funcional y racionalista que destaca como singular ejercicio de arquitectura industrial. Y, en este campo, llama la atención, por su valor histórico y técnico, el conjunto de los depósitos de agua de la ciudad, conservados y en funcionamiento desde su construcción en 1890. Aunque fueron ampliados posteriormente, a mediados de siglo XX, mantienen la estructura del aljibe original con sillerías de medio punto y cúpulas de naves de almacenamiento abovedadas.

Por otro lado, en el inventario sobresalen los elementos conservados relacionados con el transporte y las comunicaciones. Notable interés tiene el conjunto de instalaciones ferroviarias en la zona sur de la ciudad, que se han conservado pese al desmantelamiento de las líneas férreas a su paso por el casco urbano. Se ha mantenido un puente ferroviario original de la traza de la línea Madrid-Irún de 1861, rehabilitado para su uso peatonal, con cuatro ojos en sillares y mampostería de piedra caliza. Igualmente, se identifican las intervenciones de rehabilitación y recuperación de los edificios en el complejo del antiguo recinto de la estación ferroviaria, donde se ha rehabilitado el edificio principal de viajeros, dedicado a usos culturales, el antiguo intercambiador de máquinas o cocherón de locomotoras, reutilizado como salón de conciertos y ensayos, y un conjunto de antiguos almacenes de mercancías, aún hoy sin uso. En este grupo destaca el valor del edificio de viajeros, recuperado en 2014. El inmueble fue proyectado en 1901 por el ingeniero de caminos Enrique Grasset y Echevarría y concluido definitivamente en 1906. Diseñado al gusto francés, con tres cuerpos y cubierta amansardada, disponía de una marquesina de hierro que fue demolida en 1967. Por otro lado, el denominado “hangar”, rehabilitado en 2009, mantiene el edificio de la reserva de máquinas construido en hormigón, con su puente giratorio y una muestra de las vías asociadas. Aunque no constituye un depósito demasiado singular, sí adquiere valor ya que realmente no son demasiadas las instalaciones de este tipo conservadas en España, por lo que tiene el significado de la representatividad (Santos, 2005; Santos, 2010; Santos y Lalana, 2018).

Más allá del ferrocarril, hay que citar también la existencia de algunos otros bienes con interesante ingeniería o arquitectura asociada al transporte, como los puentes de Besson y Castilla, un paso peatonal y otro de vehículos rodados, ambos construidos en el tránsito del siglo XIX al XX, en relación con las técnicas y materiales industriales - y con cierta relación con la implantación de la estación ferroviaria-. En igual sentido cabe considerar la Estación de Autobuses, según proyecto de 1944, con una composición de cierto eclecticismo que presenta cinco arcadas principales en piedra e integra tres escudos labrados en su fachada principal; así como el edificio de vías y obras de RENFE, proyectado en 1964 con una singular forma de tetradecágono; o el Silo de Cereal del Servicio Nacional del Trigo, datado en 1958 y hoy vacío y sin uso. Aunque en este campo el bien más valioso es posiblemente el conjunto de la torre de control y los hangares de aviación general del antiguo Aeropuerto de Villafría, construidos al comienzo de los años cuarenta y mantenidos actualmente sin apenas transformaciones. En este caso, además de su interés como testimonio de las estructuras de aviación de mitad del siglo XX, es destacable la composición de los dos hangares de 40 x 40 metros con estructura parabólica a base de vigas metálicas sin apoyos.

Finalmente, el inventario considera también la existencia de un conjunto disperso, desconocido y deteriorado de bienes muebles relacionado con la historia industrial de la ciudad. Se trata de algunos elementos ferroviarios en el entorno del referido Hangar, la locomotora de vapor “Baracaldo 030-0230”, conservada en los jardines de la Escuela Politécnica de la Universidad de Burgos y, sobre todo, un notable conjunto de máquinas, utensilios, objetos, archivos y documentos datados desde el final del siglo XIX que se encuentran en la actualidad en las instalaciones de empresas como FNMT, Grupo Antolín, Gonvarri, Heimbach, Nicolás Correa, Fabril Sedera, Cerámicas Gala, Constantia Tobepal, Johnson Controls, Bridgestone, Campofrío, Mahou-San Miguel, Ubisa, Adisseo, Ferroli o Aguas de Burgos, entre otras. Este patrimonio requiere mayor documentación y estudio en una segunda fase de catalogación del legado industrial de la ciudad, siendo necesario abordarlo y clarificarlo. Como ya han indicado otros autores, resulta clave conservar la documentación y los archivos de las empresas para poder construir una verdadera cultura de preservación del patrimonio industrial, valorando su herencia (Dorél-Ferré, 2017).