Aunque el estudio del declive demográfico de los núcleos rurales ha sido un tema que siempre ha estado presente en la investigación geográfica desde su constatación en la segunda mitad del S. XX, en la actualidad hay en España un renovado interés sobre la despoblación rural como consecuencia del avance de la extensión de los territorios con bajas densidades y de los núcleos en vías de extinción.

El proceso de despoblamiento rural ha generado en muchísimos núcleos una situación de vulnerabilidad en términos de estabilidad demográfica, debido a que sus reducidas poblaciones son las que ven más amenazado su futuro ante la transformación del modelo demográfico que experimenta nuestra sociedad. Un cambio basado en la progresiva reducción de la fecundidad y el incremento de la esperanza de vida, con sus secuelas de envejecimiento y pérdida de potencial de crecimiento natural.

Tomando como ámbito de análisis la provincia de Málaga, el presente trabajo pretende valorar el papel que pueden desempeñar dos prestaciones sociales en la estabilidad de las pequeñas poblaciones rurales especialmente vulnerables: el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social (SEASS) y las pensiones públicas.

Se trata de un planteamiento novedoso, pues estas ayudas han sido ampliamente analizadas atendiendo entre otros aspectos a su evolución, número de perceptores, reformas o sostenibilidad, pero no han considerado las implicaciones de la aportación económica que suponen en el territorio rural.

El trabajo se organiza en cinco epígrafes. Tras esta introducción, se aborda sucintamente el marco teórico; a continuación se presenta la zona de estudio, así como las fuentes y metodología utilizadas para alcanzar los objetivos planteados; el cuarto epígrafe muestra los resultados obtenidos del análisis de las prestaciones sociales, atendiendo a su impacto social y económico; y, para finalizar, se plantean algunas conclusiones y se relacionan las referencias bibliográficas utilizadas.

En España la evolución de las áreas rurales desde mediados del S. XX, tanto desde el punto de vista demográfico como socioeconómico, ha desembocado en la configuración actual de un espacio dual en el que encontramos áreas en claro declive y áreas dinámicas.

Las primeras, con problemas estructurales en sus bases productivas (agricultura menos competitiva, con menos producciones y abandono de explotaciones), en sus infraestructuras (espacios de menos accesibilidad y dotación) y en su población (débiles y envejecidos recursos), se han visto abocadas a la despoblación y al consiguiente envejecimiento de su población.

Mientras que las segundas, sustentadas por bases ecológicas apropiadas, con un óptimo potencial agrario y nuevas orientaciones productivas, normalmente vinculadas a grandes ejes de desarrollo, conocen un crecimiento sostenido de la población y con la proyección de los usos y actividades urbanos (Larrubia, Navarro y Mostazo, 2002, p.63).

Estos desequilibrios territoriales comienzan con la transformación estructural de la economía española, especialmente desde mediados del S.XX, y que se basará en la disminución de la participación de la actividad agraria en la estructura productiva, el crecimiento de la urbanización, mejoras en los sistemas productivos, una mayor demanda de los servicios públicos por los ciudadanos y paulatinamente el aumento de la terciarización. Elementos que generarán un contexto de oportunidades de progreso que anima al desplazamiento desde las áreas rurales a los territorios de mayor dinamismo (Bandrés y Azón, 2021).

Aunque el declive demográfico relativo del medio rural había comenzado con anterioridad a 1950, en cambio el absoluto fue más tardío. La población rural en España había descendido en términos relativos al pasar de representar el 68% de la población total en 1900 a un 52% en 1940, pero en términos absolutos aún se había incrementado ligeramente (de 12,5 millones en 1900 a 13,3 en 1940). El declive demográfico absoluto tendría lugar durante la segunda mitad del siglo XX. Durante la fase 1950-75, cuando el crecimiento económico alcanzó tasas espectaculares desde todos los puntos de vista, se produjeron grandes trasvases de población desde las regiones atrasadas hacia las regiones punteras (Pinilla y Sáez, 2017).

Este flujo de personas del medio rural al urbano comienza a perder velocidad pasada la mitad de la década de los 70 del S. XX debido, por un lado, a la crisis económica e industrial de nuestro país como consecuencia del duro ajuste tras la crisis mundial del petróleo de los años setenta y, por otro lado, por el agotamiento biológico del medio rural, una consecuencia de la propia intensidad del éxodo rural del periodo 1950-75 (Pinilla et al., 2017); no obstante, como indican Antolín y Bover (1997), se recuperará con fuerza en la segunda mitad de los ochenta, así como, tras la crisis iniciada en 2008. En este último caso, hay que puntualizar una diferencia respecto a las primeras etapas y es que la despoblación ahora no se explica por la intensidad de los flujos migratorios desde las zonas rurales hacia las ciudades u otros países, sino que es una consecuencia de aquellos, ya que produjeron un intenso envejecimiento y masculinización de la población rural, que ha terminado causando un exceso de defunciones sobre nacimientos. De esta forma el crecimiento natural negativo ha reemplazado a la emigración como principal explicación de la despoblación (Pinilla y Sáez, 2021).

Durante el periodo 1962-1973 las comunidades con mayor volumen de emigrantes fueron Andalucía, las dos Castillas y Extremadura junto a Aragón, mientras que Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana se convirtieron en regiones de mayor recepción de población. En las décadas de 1980 y 1990 se produce un cambio en la dirección de los flujos, y territorios emisores pasan a ser espacios de acogida (Andalucía, Murcia, las dos Castillas y Extremadura) y regiones de inmigración pasan a ser emisoras (Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana). Una redistribución de las direcciones que se ha reproducido en las dos últimas décadas y que ha hecho posible que la mayoría de comunidades españolas en alguna de las tres fases se haya comportado como emisora o receptora, a excepción de seis comunidades que no han experimentado un cambio de signo: Baleares Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra, áreas de inmigración, y Castilla y León y Extremadura, espacios de emigración (Minondo, Uribe-Etxeberria, Requena y Serrano, 2013).

No obstante, es importante señalar que se trata de un fenómeno cuya presencia y características difiere entre países y entre territorios rurales dentro del mismo país, debido a la gran heterogeneidad y diversidad que caracteriza al medio rural (Sánchez y Gallardo, 2019).

En España, esta problemática también presenta enormes diferencias territoriales en cuanto a su intensidad. Como indica Molinero (2017, 2018) y Molinero y Alario (2019) la realidad del espacio rural español es muy distinta y en ella conviven un rural dinámico, un rural intermedio y un rural profundo, siendo este último el que constituye un páramo demográfico, con bajas densidades (menos de 10 hab/km2), con una población en regresión, envejecida, desvitalizada y desestructurada, a consecuencia del vaciamiento del último medio siglo. De hecho, España pasó de tener algo menos de 19 millones de habitantes en 1900 a más de 47 millones en 2020, lo que supone un incremento de 2,5%; sin embargo, este crecimiento no ha afectado a todos los lugares por igual, sino que un 70% de los municipios han perdido población en estos 120 años, siendo las pérdidas especialmente acusadas en las comunidades de la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra), además de Castilla y León, Aragón y Extremadura (Goerlich y Mollá, 2021, p. 32).

Otra diferencia importante en la intensidad del proceso de despoblación tiene que ver con la proximidad a las ciudades de las zonas rurales. La pauta general es que ha habido una relación inversa entre la cercanía a las grandes ciudades y la pérdida de población rural. Es decir, las áreas rurales de las provincias en las que había ciudades grandes (con más de 500.000 habitantes) perdieron menos población o incluso crecieron, frente a las provincias con ciudades pequeñas (ninguna mayor de 100.000 habitantes) que son las que más han perdido población. Obviamente, estas diferencias ocultan a su vez importantes contrastes internos (Pinilla et al., 2021, p 81).

Asociado al problema de la despoblación se encuentra otro de los grandes problemas demográficos que afecta hoy en día al medio rural, el envejecimiento y la masculinización de sus efectivos (Larrubia y Natera, 2019), como consecuencia del abandono de este de contingentes importantes de población en edad reproductora, principalmente mujeres. La situación ha adquirido tintes dramáticos en comunidades como Castilla y León y Aragón.

Esta doble situación, despoblamiento y envejecimiento de la población, contribuye a que muchas de las zonas rurales se encuentren encerradas en un círculo vicioso de declive como consecuencia principalmente de dos tendencias que se refuerzan mutuamente (Miranda, Gallardo y Sánchez, 2019, p. 11),

En la actualidad la problemática de la despoblación del medio rural, en el contexto del cambio demográfico que afecta al conjunto de Europa, se ha situado en un primer plano de interés, a nivel académico-científico, político y social.

Desde una perspectiva científico-académica hay suficientes estudios solventes y bien documentados desde distintas ciencias sociales que han analizado la despoblación desde diversas perspectivas; entre ellos destacamos los trabajos de Camarero, González, Del Pino, Oliva y Sampedro (2009); Camarero (2020); Collante y Pinilla, 2022; Delgado y Martínez (2017a, 2017b); Delgado (2019); Del Valle y Almoguera (2020); Gómez (2017); Goerlich, Reig y Cantarino (2016); López, Abellán y Godeau (2009); Molinero (2018); Moyano (2020, 2021); Molina (2019); Molina (2019); Recaño (2017); Ruiz y Martínez, 2022).

Un grupo de ellos analiza los rasgos de la despoblación en España, sus causas, sus efectos y consecuencias, poniendo de manifiesto que la situación actual ha sido el resultado de la interacción de diferentes fenómenos demográficos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, de forma que los desafíos demográficos de los espacios rurales se han agudizado en las dos últimas décadas, cuando los riesgos demográficos ligados directamente con la despoblación se han intensificado y entrelazado: envejecimiento, emigración de jóvenes, caída de la natalidad, baja densidad demográfica, predominio de las muertes sobre los nacimientos, neutralidad de los actuales saldos migratorios.

Desde una óptica diferente, en otros trabajos se llegan a conclusiones similares donde desde una perspectiva puramente demográfica señalan la existencia de un grupo de municipios de menos de 1.000 habitantes (1.840 en concreto) en “riesgo de despoblación irreversible”, al borde de su extinción. Se trata de entidades con máxima altitud media, y mínima dimensión demográfica, con una media de 110 hab. y 4,3 hab./km² y un 45% de población de 65 y más años (Recaño, 2017).

Otros, en cambio, inciden en la diferente evolución de los territorios rurales en función de las disparidades de accesibilidad y de la diversidad de situaciones y distancias respecto a centros urbanos capaces de organizar el territorio en su área de influencia.

Por último, otros investigadores aún plantean la necesidad de la intervención pública para que éste sea abordado, y si bien ha contribuido a generar tradicionalmente un amplio consenso en los ámbitos académicos y políticos, nunca se ha terminado de materializar en actuaciones concretas. En este contexto, apuntan que la despoblación rural ha sido entendida como un fracaso de la política y debe ser abordada de manera urgente con un enfoque innovador y discriminatorio.

Ante esta realidad, la despoblación rural ha entrado en la agenda política (Moyano, 2020) siendo significativos los esfuerzos de las distintas administraciones de forma coordinada y también de la sociedad civil para visualizar, e intervenir en los territorios afectados. Como indican Cejudo y Navarro (2019), la magnitud del problema requeriría un “pacto de Estado”.

En tales circunstancias cobran significado las políticas contra la despoblación que se están implementando desde diferentes administraciones e instituciones (Pinilla et al., 2021). Así, la Unión Europea (UE) elabora, desde hace más de dos décadas, informes, estrategias, resoluciones, documentos de trabajos, entre los que señalamos el dictamen denominado “La respuesta de la UE al reto demográfico” de junio de 2016 y la resolución del Parlamento Europeo de 2017 sobre “El despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico” (Gómez, 2017, p. 169).

En España, desde 2013, cuando la UE instó al Gobierno a responder ante este fenómeno, los poderes públicos han desarrollado diferentes medidas como la creación en ese mismo año del Foro de Regiones españolas con desafíos demográficos, integrado por ocho comunidades autónomas; la propia definición del concepto de “municipios despoblados”; la aprobación en 2015 de la “Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España“; la creación en 2016 de la “Comisión Especial del Senado sobre la evolución demográfica y sus consecuencias en España”, con el objetivo de priorizar en el debate político el problema de la despoblación, y en 2017 el compromiso de trabajar en la elaboración de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico cuyas directrices generales se aprueban en 2019.

A esta preocupación se suma la propia sociedad civil a través de asociaciones y del desarrollo de proyectos ¹ concretos que están demostrando que la labor de promoción e instalación de nuevos pobladores en el medio rural es muy compleja y que, aunque limitados, ofrecen resultados que localmente pueden suponer un gran impacto. La vivienda, el emprendimiento, el empleo y los servicios públicos y privados (así como nuevas modalidades de prestación y facilidades de acceso) son algunos de los ejes centrales en torno a los cuales giran buena parte de estas iniciativas.

En el contexto de despoblación descrito, la provincia de Málaga no parece incluirse dentro del modelo de crisis demográfica, con un crecimiento de población continuo a lo largo del siglo XX; no obstante, como posteriormente se evidenciará, los municipios del interior de la provincia han empezado a notar los síntomas del germen de la despoblación.

Un conjunto de circunstancias ha hecho que Andalucía, en general, y Málaga, en particular, hasta fechas recientes, hayan estado excluidas del debate sobre la pérdida de población.

En primer lugar, el proceso de transición demográfica en el conjunto andaluz se retrasó frente al territorio nacional, a pesar de la sangría migratoria de las décadas de los 60 y 70 (Fernández, 2020), porque al tener Andalucía una estructura por edades más joven mantuvo durante más tiempo altas tasas de fecundidad, lo que unido al descenso de la mortalidad, permitieron el dinamismo demográfico de los núcleos rurales. Igualmente, el desarrollo urbano y turístico del sector litoral, dotará a la provincia de Málaga de un crecimiento intenso hasta la actualidad.

En segundo lugar, el modelo territorial de partida de Andalucía, con una estructura de poblamiento basada en municipios de tamaño mediano, presentaba más facilidad para fijar población que territorios con un sistema de poblamiento caracterizado por la proliferación de pequeños núcleos (Feria, 2019).

En tercer lugar, la existencia de un conjunto de políticas que pueden considerarse como fijadoras de población, entre las que destacan dos que van a ser objeto de análisis de este trabajo, el subsidio especial agrario para trabajadores eventuales del campo (SEASS) y el sistema público de pensiones, especialmente la de jubilación que ha permitido resistir a los pequeños pueblos con alto índice de envejecimiento en la última crisis económica.

Se trata de mecanismos del Sistema de Seguridad Social español, piedra angular de nuestro estado del bienestar, y que inciden en una mejor y más justa distribución de la riqueza entre toda la ciudadanía.

La acción protectora del Sistema de Seguridad Social español está integrada por dos grandes tipos de prestaciones, las contributivas y las no contributivas, según se exija o no cotización previa. Y es en el régimen contributivo de la Seguridad Social en el que se integra, desde 2012, el Sistema Especial Agrario que proporciona distintas coberturas, entre ellas el subsidio de desempleo agrario para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura ² que requieren un número mínimo de jornadas cotizadas.

Esta prestación de carácter asistencial se puso en marcha en 1984 (Decreto 3237/83), como alternativa al empleo comunitario vigente desde 1971 y que pretendía que los asalariados agrarios también contaran con prestación por desempleo. Posteriormente, el subsidio de 1984 ha sufrido varias modificaciones, pero la de más calado fue la reforma de mayo de 2002 que restringiría el acceso al sistema y que motivaría que se instaurara la Renta Agraria (REA) (R.D 426/2003 de 11 de abril) que es una ayuda similar al subsidio.

A pesar de toda la controversia que el subsidio ha conocido desde sus inicios (López y Robles, 2020), con esta ayuda se ha mantenido la estructura de los asentamientos mucho más equilibrada y uniforme territorialmente hablando que la de otras Comunidades Autónomas Españolas donde no se ha instaurado (Cejudo et al., 2016a, p. 41). No obstante, hay que señalar dos circunstancias; en primer lugar, el envejecimiento actual del colectivo que existe en estos espacios rurales cuestiona la influencia de esta prestación en el crecimiento de la población a medio y largo plazo; y, en segundo lugar, el escaso impacto económico que significa esta ayuda en el conjunto del gasto social y su disminución con el paso de los años.

Al presente, el subsidio por desempleo agrario supone el 5,6% del gasto total por desempleo y afecta al 10,5% de los beneficiarios desempleados, lejos del 25% que alcanzó en sus momentos álgidos iniciales (Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, 2018). Aunque en la actualidad, dentro del conjunto de prestaciones asistenciales, su peso se ha reducido a menos de la mitad (21,7%) del que tenía en el momento de su implantación (55%) (Cejudo et al., 2016a, p. 40), sin embargo, el balance entre los beneficios que proporciona a la población y el peso sobre la inversión pública puede considerarse positivo.

En cuanto el sistema público de pensiones, que supone el monto de gasto más elevado de los Presupuestos Generales del Estado (el 39,3% del presupuesto del Estado en 2018 y el 35,8% para 2021), aunque no es una prestación exclusiva en los espacios rurales, también está contribuyendo, en gran medida, a la estabilidad de los asentamientos rurales. Esta prestación cubre diversas situaciones, incapacidad permanente y jubilación (ambas con carácter contributivo o no), viudedad, orfandad, favor familiar, etc., pero las de jubilación son la espina dorsal del sistema con más del 70% del coste total del mismo y con una incidencia muy significativa en los pequeños municipios rurales por sus elevados índices de envejecimiento.

Para llegar a conocer el alcance de los ingresos procedentes del subsidio especial agrario y las pensiones, el objetivo del trabajo, hemos implementado el método hipotético-deductivo estableciendo en origen dos premisas. La primera, que el despoblamiento rural es un problema actual cuya tendencia persiste, no sólo por la permanencia de los flujos de éxodo rural, más o menos contenidos, sino, especialmente, porque el modelo de dinámica natural constituye un factor de riesgo para las pequeñas poblaciones, ante la emigración y declive prolongados; y la segunda, que existen una serie de factores que han jugado en favor de la permanencia de la población en los pequeños entornos rurales en el contexto andaluz y extremeño.

Para comprobar dichos supuestos hemos recurrido a un amplio conjunto de variables que hemos obtenido de primera mano de diversas fuentes estadísticas, en su mayor parte compiladas en el Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (IECA)

Para atender a la primera de las premisas contempladas se ha analizado la trayectoria de la población de Málaga, intentando identificar los signos de vulnerabilidad de la población rural, mediante la utilización de dos fuentes demográficas de uso muy generalizado en España para estas cuestiones: los censos de población y el padrón continuo de habitantes cuyos datos han sido tratados por el IECA.

Para ello, se agruparon los municipios malagueños atendiendo a su evolución demográfica, tanto en el S.XX como en la actualidad, y al movimiento natural y movilidad migratoria.

La segunda premisa nos instaba a buscar los factores que estaban jugando en favor de la estabilidad de los núcleos rurales y en concreto aquellas prestaciones sociales de mayor relevancia e implicación en la estabilidad de los núcleos rurales. Para ello, se seleccionaron el subsidio de desempleo agrario y las pensiones.

Como se ha planteado con anterioridad, el acercamiento que realizamos al SEASS pretende resaltar su incidencia sobre las economías familiares y locales y sopesar su papel en el sostenimiento de la población activa agraria. Ello presupone, como punto de partida, la existencia de un problema de subempleo agrario.

La constatación de esta circunstancia implica conocer, en primer lugar, el volumen de afiliados agrarios (con atención a la proporción que corresponde a los afiliados dentro del Sistema Español Agrario), para lo que se ha recurrido a la información suministrada por la Tesorería General de la Seguridad social, perteneciente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; en segundo lugar, para documentar el exceso de personas en alta laboral en la agricultura, hemos recurrido a la referencia más consistente, el número de UTAs (unidades de trabajo año dentro de las explotaciones agrarias) que proporciona el Censo Agrario. Siendo consciente del inconveniente que supone el utilizar esta fuente cuya última publicación data de 2009, no obstante, en su elaboración se marcan líneas estructurales del funcionamiento de las explotaciones agrarias de lenta transformación en el tiempo, por lo que se ha estimado una referencia útil a pesar de la posible transformación que se haya experimentado desde su elaboración.

El paso siguiente era analizar los ingresos obtenidos por la vía del Sistema Especial de Subsidio Agrario. Las fuentes del Ministerio presentan importantes limitaciones derivadas, de un lado, de la imposibilidad de obtener información municipalizada desde el momento de su implantación. Ello obliga a realizar un análisis provincial si se quiere tener una visión completa de la evolución de sus perceptores, así como de sus perfiles sociodemográficos. Por ello, al no existir datos públicos desagregados a nivel municipal, se ha recurrido a datos “ad hoc” proporcionados por la Delegación de Málaga del Servicio Público de Empleo (SEPE), perteneciente al Ministerio de Trabajo y Economía social. Dicho organismo ha facilitado información detallada y no pública sobre el subsidio de desempleo agrario y renta agraria de los municipios malagueños a través del número medio de beneficiario del subsidio y la renta agraria por sexo, oficina de empleo y localidad.

Para encuadrar lo que representan estos ingresos, tanto a nivel local como en la economía de la familia, al no estar disponible a nivel municipal la renta per cápita, que sería la referencia más usual, se ha recurrido al valor de las Rentas Netas de Trabajo que reflejan la remuneración del trabajo asalariado, procedentes de la Agencia Tributaria y por tanto del Ministerio de Hacienda y Función Pública

Por último, en el análisis de las pensiones realizamos un doble acercamiento; en primer lugar, dimensionar el impacto social de las pensiones en relación con la población local y sus caracteres, cuya información hemos obtenido del Padrón y, en segundo lugar, estimar su incidencia en la economía local, para lo que hemos vuelto a utilizar el importe del total de las rentas netas declaradas (IRPF) como referencia del tamaño de la economía de los municipios, igualmente suministrado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública

La información sobre las pensiones contributivas (número de pensiones, pensión media, etc.) se ha obtenido del IECA que recoge las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para las pensiones no contributivas.

Las variables obtenidas de este conjunto de fuentes estadísticas, tal como se presenta en el siguiente apartado (Resultados y Discusión), se han utilizado de forma interrelacionadas en la construcción de una serie de indicadores que constatan los procesos detectados en el territorio. Para el análisis del subsidio especial agrario se han relacionado, por un lado, número de afiliados al REASS y número de UTAs y, por otro lado, los ingresos procedentes de los subsidios agrarios y el total de las Rentas Netas de Trabajo. Para valorar el impacto de las pensiones sobre la economía de los municipios, se han interrelacionado el número de pensiones y volumen de la población local, la relación entre ingresos por pensiones y número total de perceptores con el objeto de obtener la cuantía media de las pensiones y, por último, la relación entre ingresos totales por pensiones con la rentas netas declaradas.

Metodológicamente, se ha optado por presentar los datos a través de los nueve agregados comarcales de la provincia que define la Diputación de Málaga, en función de sus características naturales y vocación productiva, porque los contrastes entre los municipios se reflejan claramente en los mismos, salvo algunas excepciones.

En este punto es conveniente, aunque sea de manera muy sucinta, evocar el marco natural y la división comarcal que se dibuja sobre los grandes ámbitos naturales de la provincia (Fig. 1). La provincia de Málaga está situada en el litoral mediterráneo andaluz, se asienta sobre la formación montañosa de las Cordilleras Béticas con una línea de costa de 184 km, que comparten 14 municipios, entre ellos la capital. En su tercio norte forma parte del Surco Intrabético, con tierras llanas y de altura media de 500 m. Es la zona conocida como Depresión de Antequera, que la Diputación Provincial articula en tres comarcas: la de Antequera en el centro de la llanura, y las de Nororma y Guadalteba en los bordes oriental y occidental, más montañosos. Son la sede de los grandes pueblos de bases agrarias de la provincia, aunque en la actualidad, a excepción de la comarca de Antequera, presentan una débil diversificación productiva. Al sur, la parte oriental de la provincia es conocida históricamente como la Axarquía y está formada por una extensa ladera montañosa orientada al mar al que desciende desde el pie de las sierras de Tejeda y Almijara. En la parte occidental, se eleva un conjunto de sierras que forman las comarcas de Ronda y Sierra de las Nieves; ambas con un declive histórico de sus poblaciones y una reducción progresiva de la actividad agraria como actividad inductora. Entre ambas, en la zona centro de la provincia, aparece la extensa Hoya de Málaga, una zona de ricas bases agrarias e importante diversificación productiva. Un último elemento con identidad propia es el cordón litoral que se corresponde con la comarca de la Costa del Sol, escenario junto con la capital de las grandes transformaciones urbanas desde mitad del siglo pasado.

La conclusión principal que podemos extraer del análisis precedente es que muchos municipios rurales en el interior de la provincia de Málaga ven complementada su renta familiar con ingresos sociales, lo que ha permitido que desde finales del S. XX se haya detectado una disminución en la intensidad del abandono rural. Dos apuntes refrendan esta apreciación, en primer lugar, que todas las comarcas (con la salvedad de la de Guadalteba) en mayor o menor medida han tenido crecimiento demográfico y, en segundo lugar, resulta muy significativa la reducción a casi la mitad del número de municipios que pierden población. Por lo tanto, las conexiones entre la política asistencial en torno al SEASS, las pensiones de jubilación, amén de la implantación de subvenciones a los agricultores para la conservación del medio rural (aspecto que será considerado en otras investigaciones) parecen ayudar a fijar a las poblaciones en este espacio.

El análisis de los datos del SEASS muestra que el medio rural malagueño presenta una considerable situación de subempleo agrario y que éste, más que una condición de la actividad agraria, es una consecuencia de las escasas opciones de ocupación alternativa. De hecho, en el trabajo hemos asociado claramente que a menor diversificación productiva existe un mayor subempleo.

En la cuarta parte de los municipios de la provincia malagueña, de menos de 2.000 habitantes, con renta por habitante baja y primacía de la actividad agraria, la representación del subsidio sobre la renta municipal supera el 15%. Se localizan en todas las comarcas salvo la Costa del Sol, pero se concentran en mayor medida en la Axarquía y casi la mitad de los mismos han mantenido cierto crecimiento demográfico.

Respecto al análisis de las pensiones, los datos aportados han documentado sobradamente tanto la incidencia social de las pensiones en las localidades rurales por la elevada proporción de población mayor, como la importancia económica de sus ingresos en las economías locales al incidir en un contexto de profunda debilidad económica. Veinticinco municipios malagueños rebasan el umbral de 30 pensiones por 100 habitantes, por lo que superan las medias provincial y nacional, respectivamente 17,7 y 20,5 cada 100 habitantes, y nos informan de su envejecimiento.

Se constata que dicha relación aumenta a medida que disminuye el rango de habitantes, y así los términos de 10.000 habitantes ofrecen una media de 25 pensiones cada 100 habitantes y los de menos de 1.000 habitantes, de 34 por cada 100. De manera que el tamaño influye en dicha relación al igual que ocurre con la renta media por habitante, pues si en los términos de 10.000 habitantes es un 25% inferior a la media provincial, en los de 1.000 habitantes es inferior en un 50%.

Por último, queremos subrayar el perfil de los 19 municipios malacitanos en los que la ratio pensiones/rentas declaradas supera el 65%: cuentan con menos de 1.000 habitantes, se localizan en zonas de montaña y tienen unas rentas que se encuadran entre los 2.000/3.000 euros por habitante.

Por tanto, se ha evidenciado que la falta de renta, junto a la importancia de las pensiones en la economía local, revisten mayor gravedad en las localidades de menos población, las zonas montañosas del interior, por lo que también puede afirmarse que estas prestaciones, que por su naturaleza no tienen la finalidad de aminorar los desequilibrios territoriales, tienen un efecto benéfico en estas áreas más deprimidas, que era una hipótesis de partida del análisis.

En este punto, cabe señalar que la principal aportación de esta investigación es el impacto económico que las dos prestaciones sociales analizadas poseen sobre la renta de la población de los espacios rurales más vulnerables demográficamente y que han contribuido a su estabilidad poblacional. Ambas prestaciones han sido reiteradamente analizadas desde distintas ciencias sociales pero con planteamientos y enfoques diferentes a los aquí presentados. En el caso de las pensiones, las principales y más recurrentes líneas de análisis se han centrado en los efectos socioeconómicos de las mismas (Bermejo et al, 2020), en su sustentabilidad (Ayuso et al, 2013, Taín, 2020) o sus reformas (Balmaseda et al, 2020). En el caso del SEASS, como indica Cejudo et al (2016a), los análisis han estado relacionados con la denominada “cuestión agraria” de Andalucía y Extremadura, con el mercado de trabajo agrario como elemento distorsionador y mantenedor de una población de forma eventual y temporera, o el importante papel de la mujer como perceptora de esta prestación.

Hay que señalar que el presente trabajo sólo ha abordado el papel que desempeña dos de las múltiples políticas públicas que inciden en la dinámica económica, social y territorial en la que se encuentran muchos espacios rurales, en este caso de la provincia de Málaga. Como línea de trabajo futura se pretende dos cosas, por un lado, ampliar el espacio de análisis a todo el territorio andaluz y, por otro lado, ampliar el espectro de políticas públicas analizadas; entre ellas, el papel que ha desempeñado en la estabilidad de las explotaciones agrarias las ayudas de la PAC, las implicaciones en el desarrollo económico rural de la metodología Leader o, por último, en el contexto actual de envejecimiento y masculinización de muchos espacios rurales, el papel que está desempeñado la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), que se ha configurado como un auténtico yacimiento de empleo, especialmente para población joven y femenina.

Para finalizar queremos plantear algunas reflexiones. En primer lugar, la obligación por parte de las instancias políticas de tener en cuenta, por un lado, la realidad que mostramos de subempleo, tanto estructural como coyuntural, para abordar una reconversión integral de estos espacios vulnerables y, por otro, la necesidad de inversión en equipamientos y mayor asistencia para mantener las condiciones básicas de la población mayor en estos espacios, que hemos evidenciado constituyen el grueso del montante de sus efectivos demográficos y por tanto elemento clave para el mantenimiento de los mismos.

En segundo lugar, aunque estas ayudas han servido para fijar población asalariada eventual, sin perspectiva de ocupación en otras actividades, no llegan a todo el espectro poblacional. La población joven oriunda de las zonas rurales, en muchos casos instruida, está encontrando muchas dificultades para permanecer en estos espacios, por las escasas oportunidades de inserción laboral en un contexto socioeconómico poco dinámico y muy dependiente de los sectores agrario y de servicios, poco evolucionados, y se ve obligada a tomar la decisión de abandonar estos territorios y de esta manera contribuir a incrementar la debilidad demográfica y económica de los mismos.