El concepto de patrimonio supone una noción mutable, una idea que es interpretada de forma diferente según cada contexto histórico-cultural. Su origen se encuentra en la herencia de los planteamientos ilustrados y románticos que emergieron en Europa en los siglos XVIII y XIX. Desde entonces, ha sufrido numerosos cambios, pasando de una perspectiva más limitada, enfocada a la identificación de elementos aislados, a la incorporación de planteamientos cada vez más integradores. De este modo, durante la pasada centuria serían reconocidos nuevos valores patrimoniales, se superarían ciertas nociones de escala, o se ampliarían las categorías de bienes y espacios a proteger, pasándose de la valoración e interpretación de los elementos en el territorio a la propia interpretación de este como patrimonio. Con ello se daba origen al concepto de patrimonio territorial, que hace referencia al entendimiento del espacio geográfico como objeto de interés patrimonial en tanto que resultado de la permanente interacción entre hombre y medio, y que ha de ser interpretado y gestionado concibiendo de forma unitaria sus componentes naturales y culturales, así como las relaciones que se establecen entre ellos.

A lo largo de las últimas décadas la evolución de los planteamientos conceptuales del patrimonio hacia una perspectiva más integral y territorial se ha puesto de manifiesto tanto en declaraciones internacionales como en el propio contexto académico. Así, organismos como UNESCO, UICN o el Consejo de Europa han promovido que valores relacionados con la estética o la historia sean progresivamente relegados de los sistemas de catalogación, propiciando el crecimiento del corpus patrimonial con la inclusión de nuevos tipos de bienes de cualidades cada vez más heterogéneas y ámbitos de mayor complejidad territorial. Por su parte, la producción académica sobre el tema ha sido abundante a escala internacional, con estudios desarrollados especialmente a partir de la década de 1980 en los que se llevaría a cabo una redefinición del propio objeto patrimonial. Pese a ello, el concepto específico de patrimonio territorial supone una aportación eminentemente española, cuya exportación a otros contextos entraña múltiples dificultades debido, en parte, a las incoherencias lingüísticas en su traducción, o las diferencias existentes en la asimilación del espacio según diferentes contextos culturales.

Frente a este cada vez mayor consenso a nivel doctrinal y académico, en el ámbito administrativo los avances han sido más limitados. Esto se debe, en gran medida, a la tendencia occidental en el entendimiento del universo según categorías estructuradas y en términos de dualidad (Dahlberg, 2015; Anderson (citado en Wall-Reinius et al., 2019)), lo que ha favorecido la pervivencia de una visión política sectorial y una gestión fragmentada (Ortega, 2004). A pesar de ello, existen notables ejemplos que ponen de manifiesto la incorporación de planteamientos más holísticos del patrimonio en los marcos normativos occidentales. En el caso español, por ejemplo, esto se evidencia en el contenido de varias normas aprobadas durante la primera mitad del siglo XX, que ya asimilarían una lectura urbanística del patrimonio a nivel normativo, rompiendo con la concepción de los hitos monumentales. Además, la posterior Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español propiciaría la integración de dimensiones territoriales a través de la incorporación de nuevas tipologías jurídicas, la conjugación de bienes culturales y naturales, o la apelación al plan urbanístico como instrumento de tutela del patrimonio cultural.

Estas acciones son el reflejo de la evolución que ha experimentado el concepto de patrimonio y la forma de entenderlo y abordarlo desde el ámbito institucional cultural. Un fenómeno que, además, se ha visto favorecido por los cambios producidos en la propia concepción del territorio (Manero, 2019) y la evolución de las diferentes políticas sectoriales. En este sentido, afirman Silva y Fernández (2017) que el patrimonio es un concepto sometido a cambios tanto identitarios como de consideración institucional. Así, en la actualidad, el reto radica en materializar en el plano político-funcional los continuos llamamientos académicos y doctrinales a establecer de manera urgente perspectivas integrales y mecanismos de concertación adecuados para la gestión del patrimonio en el marco de una nueva cultura territorial (Troitiño, 1999; Ojeda, 2004; Manero, 2017).

En este sentido, este artículo pretende evaluar en qué medida el concepto de patrimonio territorial está presente en las políticas culturales actuales. La primera parte aborda la génesis del concepto y sus dimensiones asociadas. Posteriormente se expone la metodología aplicada para el desarrollo del análisis, centrado en las políticas culturales de la Junta de Andalucía. Después se exponen los resultados. Finalmente se incluye un apartado dedicado a la discusión de los mismos y, tras este, se exponen las conclusiones de la investigación.

En la actualidad, el concepto de patrimonio hace referencia a aquello a lo que se atribuye cierto valor y que viene dado desde el pasado, de lo cual se es depositario en el tiempo presente, y que puede ser trasmitido hacia el futuro. Esta idea implica la existencia de un juicio de valor que conlleva singularizar socialmente determinados elementos (Fernández y Guzmán, 2004; Almirón et al., 2006; Ballart y Tresserras, 2008; Silva, 2009). Esto hace que el patrimonio pueda ser considerado una construcción social (Ozouf-Marignier, 1993; 2010) y, por tanto, que su caracterización esté sujeta a los condicionamientos derivados de las tendencias filosóficas, políticas, intelectuales o culturales imperantes en cada momento (Llull, 2005; Laven, 2015).

Así, aunque la idea actual del término tiene su origen en los profundos cambios que eclosionaron en Europa entre los siglos XVIII y XIX, con la consolidación una conciencia de defensa de los bienes del pasado (Martín, 2016), esta ha evolucionado de manera sustancial hasta nuestros días. El monumento, histórico y singular, que se erigía entonces como objeto patrimonial preferente (Ortega, 1998; González-Varas, 2014), daría paso a lo largo del siglo XX a una inclusión temática, inmaterial y territorial, devenida del desarrollo de las vanguardias o la generación de una concepción antropológica de la cultura (Ariño, 2002). En este sentido, serían decisivos hechos como la incorporación de los centros urbanos en la reflexión patrimonial de Giovannoni (Castillo, 2009; Gómez, 2013), o el cambio de concepto de monumento por el de bien cultural impulsado por la Comisión Franceschini. Estos procesos, que favorecieron que el valor de los bienes pasara de residir en su materialidad a tener un carácter más simbólico (Carrera, 2005; Martínez, 2008), tuvieron, además, su reflejo en la doctrina internacional a través de Cartas como las de Atenas o Venecia. En España, así como en otros estados europeos, este hecho favorecería un significativo avance en el ámbito legislativo, con la extensión del concepto cultural hacia una nueva dimensión urbana, o el aumento del número de manifestaciones merecedoras de atención (Castillo, 2009). Paralelamente, además, en el ámbito natural, la evolución desde la idea de patrimonio como espacio primigenio se vería condicionada tanto por el movimiento romántico, que fortalecería la noción de paisaje (Maderuelo, 2007; Rodríguez y Sevilla, 2017), como por la imposición de la idea de que para una conservación efectiva del medio se precisa de un enfoque a escalas amplias (Forman y Godrom (citado en Laven et al., 2005)). De este modo, hacia mediados del siglo XX, las instituciones encargadas de la protección y gestión del patrimonio cultural y natural ya incorporaban, además de razones históricas o estéticas, otras de índole más heterogénea (Ortega, 1998; Wall-Reinius, 2012; Florido, 2013; Silva y Fernández, 2017).

El más reciente de estos procesos es el que, partiendo de la longeva dicotomía entre cultura y naturaleza, conllevaría una cada vez mayor aproximación entre ambos conceptos. En este sentido, hace medio siglo UNESCO planteaba por vez primera que el patrimonio cultural y natural constituye un todo armónico cuyos elementos son indisociables, incluyendo dos décadas después el reconocimiento de los paisajes culturales al patrimonio mundial, definidos como una obra combinada de naturaleza y hombre. En la misma línea, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incorporaba la figura de Paisaje Protegido, con cualidades que eran resultado de la interacción humana con la tierra, y subrayaba la importancia de llevar a cabo una transición desde una gestión aislada hacia una más coordinada (Laven et al., 2005). Este hecho propiciaría el surgimiento de nuevas figuras de protección, ordenación o gestión patrimonial en los marcos normativos estatales y regionales. A través de estas se trataban de lograr una confluencia entre bienes culturales y naturales; no obstante, para ello comenzaba a requerirse la superación de los principios de conservación sectorial heredados de la Ilustración (Castillo, 2009; Doctor, 2011; Calderón y García, 2016b; Roque et al., 2019).

En este proceso de ampliación del “corpus patrimonial” se inscribe el uso creciente del término patrimonio territorial en el plano académico. Este término fue utilizado por primera vez por Ortega (1998) para referirse al “conjunto de recursos tanto naturales como culturales heredados y las relaciones que se establecen entre ellos en un espacio geográfico dado”. Asimismo, el autor señalaba que este conjunto debía poseer “un elevado grado de aceptación y reconocimiento social”. A partir de esta primera formulación ha surgido una abundante producción académica que gira en torno a este concepto, y que ha sido gestada fundamentalmente en el ámbito de la geografía y otras ciencias del territorio. De otra parte, se trata de una referencia empleada fundamentalmente en el ámbito latino europeo y americano.

Si bien han sido mucho los trabajos elaborados en relación con este concepto en las últimas décadas, su definición y contenido sigue planteando muchas dudas. En todo caso, el concepto de patrimonio territorial ha sido asociado a una serie de ideas que se presentan como dimensiones propias del mismo: (i) integración de bienes y manifestaciones patrimoniales, (ii) valoración del propio espacio geográfico como patrimonio, (iii) expresión en forma de paisaje, (iv) uso como vector de desarrollo, (v) soporte de identidades colectivas, y (vi) manejo integrado. Aun cuando estas connotaciones están presentes en la mayor parte de los trabajos sobre la materia, el consenso está lejos de alcanzarse.

Así, en primer lugar, la dimensión integral es una de las más reiteradas en la literatura académica contemporánea sobre el patrimonio territorial, en el sentido en que, habiendo sido superados los referentes patrimoniales tradicionales, en la concepción de este término se incluyen tanto recursos naturales como culturales, y sus relaciones (Fernández, 1998; Fernández y Guzmán, 2004; Castillo, 2007; Silva y Fernández, 2008; Ballart y Tresserras, 2008; Feria, 2010, 2013; Capel, 2013; Florido, 2013; Martín, 2016; Calderón y García, 2016b; López et al., 2017; Román y González, 2019). En este sentido, Mulero (2015) defiende que el patrimonio territorial conlleva la superación de la dicotomía entre patrimonio natural y patrimonio cultural surgida en la Ilustración. Para otros el concepto supone una fusión de masas patrimoniales de diversa naturaleza en un ámbito territorial determinado (Castillo, 2007; Martínez, 2008). Y otros, como Troncoso (2010), se refieren a él como la asimilación de las formaciones geológicas, las especies vegetales, las edificaciones o las manifestaciones inmateriales a partir de su localización espacial. Asimismo, en muchos trabajos las referencias a lo inmaterial dentro del componente cultural son especialmente relevantes (Ortega, 1998; Castillo, 2007; Silva y Fernández, 2008; Troncoso, 2010; Florido, 2013; Marín, 2016; Calderón y García, 2016b; López et al., 2017; Román y González, 2019), ya que suponen la asunción de los planteamientos de UNESCO expresados en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003.

Más allá de las referencias generales a la integración de componentes naturales y culturales, actualmente existe escasa concreción y consenso respecto a los elementos, relaciones y valores que determinan el patrimonio territorial. A falta de trabajos específicos de inventario, en muchas ocasiones se recurre a los bienes y manifestaciones ya catalogados y protegidos por la legislación sectorial existente, que, sin embargo, sigue estando basada en una óptica segmentada y terriblemente compleja. Algunos autores incluyen, además, elementos cuyos valores patrimoniales responden a criterios de reconocimiento social, pero en cuya definición existen notables faltas de especificación (Ortega, 1998; Castillo, 2007; Feria, 2010; Carta, 2010; Silva y Fernández, 2017); mientras que otros consideran que es imprescindible crear nuevas categorías legales de protección adaptadas al concepto (Martínez, 2008). Calderón y García (2016a, 2016b), por su parte, aunque proponen su propia clasificación, defienden que la valoración del patrimonio territorial depende de la asignación de un relato muchas veces construido desde el punto de vista de la rentabilidad turística. A esta afirmación se suman otros académicos que, como Pillet (2012), apuntan a que son los dictámenes del turismo los que han impuesto en última instancia el principio de convergencia entre diferentes formas patrimoniales.

La segunda idea asociada al patrimonio territorial reside en la valoración del espacio geográfico como patrimonio. Esta deriva de la consideración del territorio como construcción social, un medio resultante de la interacción hombre-naturaleza en una lógica de estratificación histórica. En este sentido, la superación de la concepción del patrimonio ligada al elemento como entidad aislada y su entendimiento a través de los contextos y los entornos constituye un fenómeno que atiende a la relación o conexión que los bienes tienen con el medio (Ariño, 2002), lo que conlleva el reconocimiento de la capacidad del propio medio para convertirse en objeto de protección (Castillo, 2009). Se asume así que las dimensiones del territorio no pueden ser disociadas de los bienes patrimoniales, que a su vez no se comprenden sin situarlos en su entorno (Martínez, 2008; Carta, 2010; Troitiño y Troitiño, 2015; Manero y García, 2016; Roque et al., 2019). Este fenómeno, que es definido por Prats (2005) como “la patrimonialización del territorio”, implica pasar de concebir el territorio como parcela o porción geográfica del espacio en la que se insertan los bienes, a su entendimiento (i) como conjunto de valores (Doctor, 2011); (ii) como un espacio históricamente construido, de carácter social y relacional (Ortega, 1998; Manero, 2019); o (iii) como lo que algunos autores han dado en llamar “sistema territorial” con significados y valores patrimoniales (Prada, 2011; Feria, 2013).

En tanto que realidad espacial, muchos autores ponen el foco en que este patrimonio ha de ajustarse a una escala de referencia. Pillet (2012) defienden que la aproximación al patrimonio territorial ha de hacerse a nivel comarcal por su reconocimiento por parte de la población. Feria (2013), por su parte, habla de escalas intermedias “con una nítida personalidad o singularidad geográfica” en un rango no inferior a varios centenares de kilómetros cuadrados ni superior a los 20.000, categorizando para ello el espacio en nodos, redes y superficies. Martín (2016), en la misma línea, defiende que la relación entre patrimonio y territorio se refuerza cuando se habla de “la red de espacios naturales, la red de corredores ecológicos, la red de conjuntos históricos y la red de paisajes culturales”, y se vale de este sistema organizativo para su análisis. Calderón y García defienden que los límites del patrimonio territorial, que definen como “difusos” (2016b, p.2143), no se corresponden con divisiones administrativas. No obstante, cabe señalar que a este problema de delimitación territorial contribuye la propia indefinición en la interpretación de los conceptos de territorio y lugar, cuyas escalas varían según la cultura o el campo de estudio desde el que se lleve a cabo el análisis (Arefi, 1999).

La tercera idea asociada al concepto de patrimonio territorial tiene que ver con el paisaje. Sobre esta dimensión, sin embargo, existen ciertas diferencias discursivas. Así, por ejemplo, frente a los paralelismos propuestos por autores como Silva (2009) entre los conceptos de patrimonio territorial y paisaje en base a la capacidad que tiene este de ser activado, otros autores como Molina y Pascual (2016) sostienen que el primero es un concepto de carácter menos estético, que supera al paisaje gracias a la incorporación de aspectos de orden más complejo (Pillet, 2012). En este sentido, y pese a la defensa que autores como Doctor (2011) hacen de ambos términos como ideas con características compartidas, es frecuente en la literatura académica terminar argumentando que el paisaje representa (i) la expresión material o visual del patrimonio territorial (ibid.); o (ii) un hecho tangible y visible que es expresión de la realidad territorial (Manero, 2019). Estos planteamientos se sustentan, en gran medida, en la base de lo recogido en la doctrina institucional sobre paisaje, como el Plan Nacional de Paisaje Cultural, el Convenio Europeo de Paisaje o los paisajes culturales de la UNESCO.

La cuarta idea vincula patrimonio territorial y desarrollo. En un nivel general, esta asociación deriva de la propia transformación del significado del territorio (Arefi, 1999), que ha sufrido una creciente revalorización en los procesos de desarrollo que lo ha llevado a ser concebido como recurso para el desarrollo económico, social o cultural (Laven et al., 2005; Mata, 2008; Martínez, 2008; Castillo, 2009; Silva y Fernández, 2017). De forma más específica, se reconoce en el patrimonio un recurso económico de primer orden, susceptible de explotación, entre otros, a través de la actividad turística (Fernández y Guzmán, 2004; Martínez, 2008; Pillet, 2011, 2012; Troitiño y Troitiño, 2018). Para estos autores, la aproximación al patrimonio en clave territorial supone un desplazamiento desde la protección a la puesta en valor (Feria, 2013), con lo que se asume su condición de recurso para el desarrollo (López et al., 2017; Amat, 2018) sostenible (Martínez, 2008), y como activo productivo para la dinamización socioeconómica (Castrillo y Tremiño, 1998; Ortega, 2000; Martínez, 2008; Castillo, 2009; Maurín, 2011; Mulero, 2015; Calderón y García, 2016b; Molina y Pascual, 2016; Rodríguez y Sevilla, 2017; Esteban y Climent, 2020). La atribución de esta dimensión se basa, no obstante, en las que Feria (2010) define como las fases tradicionales del reconocimiento patrimonial, y que van de la identificación de sus valores, al posterior establecimiento de tutelas, y el definitivo desarrollo de condiciones de utilización, una teoría ampliamente tratada en el ámbito geográfico (ver Calderón y García, 2016a, 2016b).

Además, muchos autores han atribuido al patrimonio territorial una dimensión identitaria al aceptar la idea de pertenencia colectiva implícita en el propio concepto de patrimonio (Ortega; 1998; Silva, 2009; Vahí, 2010; Doctor, 2011; Bustos y Pinassi, 2017; Román y González, 2019). En sus planteamientos, estos asumen que el patrimonio tiene valor social o ético al entenderlo (i) como producto de una sociedad (Troitiño y Troitiño, 2018); (ii) como expresión de su memoria colectiva (Rodríguez y Sevilla, 2017); (iii) como elemento catalizador del capital cultural y social de un lugar (Roque et al., 2019); o (iv) como seña de identidad (Florido, 2013). Esto supone que sea la propia sociedad la que atribuya significados emocionales, culturales o históricos al territorio (Arefi, 1999), provocando la valoración y el reconocimiento del legado patrimonial basado en este (Troitiño, 1998; Castrillo y Tremiño, 1998).

En última instancia, la sexta idea asociada al patrimonio territorial es la de su manejo unitario e integrado. Esta es una demanda permanente en los trabajos vinculados con el concepto, pues muchos autores defienden que usar unidad de criterio en el manejo del territorio, la cultura, el patrimonio, el desarrollo, el turismo, etc., legitimando nuevos modelos de organización y gestión (Martínez, 2008; Manero y García, 2016; Troitiño y Troitiño, 2018), es la única vía posible para lograr que dicho patrimonio tenga un papel destacado en la construcción del futuro de las sociedades (Troitiño y Troitiño, 2011). Este hecho conlleva la puesta en marcha de políticas trasversales (Roque et al., 2019) y de herramientas que consideren las diferentes dimensiones del patrimonio territorial de manera adecuada. En un sentido paralelo, Silva y Fernández (2008) apuntan al objetivo expuesto en el Convenio Europeo de Paisaje de integrar este en “las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje” (art.5.b). No obstante, para diversos autores son la ordenación y la planificación territorial los marcos más adecuados para la gestión del patrimonio territorial (Doctor, 2011; Martín, 2016).

El objetivo final de esta investigación es el de determinar en qué medida el concepto de patrimonio territorial, ampliamente tratado en la literatura académica, está presente en la acción pública orientada a la gestión patrimonial contemporánea. Sin embargo, y en virtud de lo expuesto en el apartado anterior, para dar respuesta a este objetivo es preciso partir de la hipótesis de que los actuales modelos de gestión política, basados en una óptica segmentada y especializada, hacen que la incorporación plena de este concepto a los instrumentos legales y operativos puestos en marcha sea, a día de hoy, una quimera. Por lo tanto, la propuesta metodológica planteada no persigue hallar referencias directas al concepto en la práctica política actual, sino que se basa en un análisis encaminado a detectar referencias asociadas a esta noción que actúen como indicadores. Hablamos, en este sentido, de referencias ligadas a una serie de dimensiones que han sido atribuidas al concepto de patrimonio territorial desde el punto de vista académico y por parte de distintos organismos internacionales a lo largo de las últimas décadas, para cuya identificación se llevó a cabo una recopilación documental de estudios publicados en repositorios científicos, o cartas y recomendaciones sobre el tema.

Este estudio permitió posteriormente poner en marcha un análisis del contenido de las políticas públicas por medio del que medir el grado en que las distintas dimensiones del patrimonio territorial estaban presentes en los instrumentos vinculados con la gestión patrimonial vigente. Para ello se tomó como referencia la Comunidad Autónoma de Andalucía, generando un modelo que permitía inquirir con mayor profundidad en el tema al tiempo que posibilitaba su réplica en otros contextos y políticas públicas (Beck, 2010). En este sentido, se tuvo en cuenta el marco temporal de los últimos cuarenta años, periodo en que las competencias en gestión del patrimonio han recaído en el gobierno regional. Por medio de técnicas de revisión documental fueron analizados los instrumentos públicos relativos a las políticas de patrimonio cultural puestos en marcha en esta Comunidad, adaptando el desglose propuesto por Velasco (2007) para el análisis de la política turística. Así, en primer lugar, fueron estudiadas las distintas normas legislativas con afección sobre los elementos patrimoniales culturales aprobadas por parte del gobierno andaluz: dos estatutos de autonomía y dos leyes de carácter general que fueron analizadas desde su exposición de motivos al cuerpo articular. Asimismo, se estudiaron los instrumentos de catalogación establecidos en dichas leyes, un total de ocho inventarios de los que cinco constituían productos con finalidad meramente informativa. También se atendió al estudio de los cuatro planes generales aprobados hasta la fecha. Por último, fueron examinados diferentes programas y estrategias implementados, iniciativas concretas que se regulan por lo dispuesto en los planes generales y cuyo análisis se centró en las memorias oficiales de presentación o ejecución de las mismas.

Finalmente, a través de un esquema-resumen de resultados es posible visualizar de manera gráfica cuáles de los instrumentos de las políticas públicas culturales en Andalucía han asimilado alguna de las dimensiones atribuidas al concepto de patrimonio territorial y en qué grado se ha producido esta incorporación.

Tomando en consideración los desajustes de partida respecto a la incorporación de la óptica territorial del patrimonio a los marcos políticos actuales, el análisis atiende en esta investigación a la detección, en los instrumentos públicos, de ideas o connotaciones específicas a las que ha sido asociado el concepto de patrimonio territorial en el contexto académico. Esto hace posible que los resultados puedan ser discutidos en dos vertientes: (i) a través del análisis de las dimensiones cuya presencia ha sido más reiterada en la política cultural actual; y (ii) observando los instrumentos en los que la presencia de estas dimensiones es a día de hoy más evidente.

Atendiendo en primer lugar al análisis según dimensiones, es posible afirmar que son las vinculadas con la integración de bienes de distinta naturaleza y con la territorialidad las que parecen haber sido incorporadas de manera más notoria a los instrumentos de políticas culturales puestos en marcha por la Junta de Andalucía (Tabla 1). Precisamente estas son las que tienen una vinculación más exclusiva con la idea de patrimonio territorial. En un sentido similar, la tercera dimensión más frecuente en los instrumentos puestos en marcha por las instituciones regionales es la que tiene que ver con el paisaje. Esta supone la que presenta mayor complejidad y ambivalencia por su paralelismo con el propio concepto de patrimonio territorial, además de ser la que de manera más frecuente ha sido incorporada a las doctrinas internacionales en materia de patrimonio. De otra parte, las dimensiones vinculadas al desarrollo y la identidad están menos presentes, y su incorporación responde sobre todo a una visión contemporánea que permea a todas las manifestaciones del patrimonio. Además, la idea de implementar una gestión integral en el manejo del patrimonio también merece ser destacada, pues es demandada por parte de las instituciones con competencias en la materia en la mayor parte de los planes generales aprobados, así como en la legislación vigente.

Por otra parte, no obstante, es preciso señalar que la incorporación de matices integradores, territoriales y paisajísticos funciona fundamentalmente a nivel discursivo, con escasa aplicación en términos prácticos. Así, las referencias al paisaje ya estaban presentes en el Estatuto de Autonomía de 1981. También existen referencias a estas dimensiones en la exposición de motivos de las dos leyes sobre patrimonio cultural aprobadas hasta el momento. En cuanto a planes y programas, la naturaleza expositiva de algunos de los instrumentos analizados permite la asimilación teórica de las connotaciones ligadas al patrimonio territorial, sin embargo, esta asimilación apenas se manifiesta en actuaciones operativas. Además, cuando han sido planteadas propuestas concretas fundamentadas en ellas, como la figura de Patrimonio de Especial Interés Turístico o los Programas de Actuación Integrada enunciados en el III Plan General de Bienes Culturales, estas no han sido finalmente llevadas a la práctica. En este sentido, la persistencia de la tradicional segmentación de competencias en los marcos institucionales supone un factor clave que impide una incorporación más eficaz, algo que se constata en la continua presencia de demandas de mayor cooperación interadministrativa en la mayoría los planes generales aprobados hasta la fecha.

El Registro de Paisajes de Interés Cultural constituye una iniciativa de especial interés, ya que implica un proceso de rastreo sistemático del territorio para identificar espacios valiosos de acuerdo con una concepción del patrimonio más abierta. En origen se trata de un proyecto impulsado por las administraciones con competencias en medioambiente y ordenación territorial. En la actualidad se ha incorporado a los inventarios y catálogos de la administración cultural, por lo que supone la asunción por parte de esta de mecánicas de trabajo e instrumentos basados en perspectivas más territoriales. Sin embargo, las áreas identificadas en el mismo adolecen de declaraciones de figuras de protección concretas, límites geográficos concisos y hasta propuestas de conservación, por lo que su efectividad operativa es prácticamente nula.

A efectos concretos, la incorporación de matices integradores, territoriales y paisajísticos al concepto de patrimonio manejado por la política cultural andaluza se fundamenta en la creación de una serie de figuras de protección en las leyes sobre patrimonio, figuras que también han tenido que incorporarse en los inventarios más recientes. La primera de estas figuras es la de Lugar de Interés Etnológico, que aparece la Ley 1/1991. Debido a la fecha de inclusión en el acervo normativo, su connotación contextual todavía es sutil, priorizándose valores más vinculados con la identidad y el mantenimiento de las formas de vida tradicionales. La segunda de estas figuras es la Zona Patrimonial, incorporada a la legislación hace apenas una década. Estas zonas representan espacios complejos, con una dimensión territorial amplia, en los que se dan cabida manifestaciones patrimoniales de carácter natural y cultural, a las que se atribuye valores tanto estéticos como de uso. Por tanto, es esta una figura clave a través de la que las administraciones públicas han tratado incorporar el concepto de patrimonio territorial a la política cultural andaluza y, aunque su presencia sigue siendo muy residual en los catálogos oficiales debido, entre otros, a la tardía incorporación de figuras de protección más integrales y la utilización continuada de catálogos basados en criterios anacrónicos, se percibe un cambio hacia la integración de dimensiones territoriales, paisajísticas o integrales en los decretos y expedientes de protección de nuevos espacios. No obstante, pese al gran avance que esto supone, la funcionalidad en el manejo de esta figura es muy limitada, pues no han sido establecidos mecanismos concretos para ello.

En esta investigación, llevar a cabo una reflexión teórica sobre la gestación del concepto de patrimonio territorial en la literatura académica y la doctrina internacional ha supuesto un punto de partida necesario para poder abordar los objetivos planteados, relacionados con el análisis de su incorporación en las políticas culturales de Andalucía. De esta forma se ha podido constatar que este representa una idea compleja y sugerente que, además de incorporar las dimensiones asociadas a la propia evolución del concepto de patrimonio, como las vinculadas con la identidad o su uso como recurso productivo, incluye otras dimensiones que le son exclusivas. Estas son, por un lado, la integración de valores y manifestaciones formales, lo que permite romper con la segregación de elementos naturales y culturales que rige el concepto desde la Ilustración; y, por otro, la valoración del propio espacio geográfico como objeto de interés, lo cual implica la integración de los elementos aislados en su entorno y la propia valorización patrimonial de este. Este hecho supone, además, atribuir al territorio patrimonial una dimensión escalar, cuya forma o extensión no han sido consensuadas en el marco académico. Tampoco lo han sido otros aspectos ligados a su origen, o el papel que juega en su conformación el paisaje. Esta falta de acuerdo ha favorecido que hoy en día exista una notable indefinición de la propia idea del patrimonio territorial y su contenido, lo que a su vez ha contribuido a que esta no permee en los marcos administrativos contemporáneos.

En el caso de las políticas culturales llevadas a cabo por la Junta de Andalucía, la incorporación de la idea del patrimonio territorial ha sido limitada al tiempo que ambivalente, teniendo en la actualidad un escaso peso en las mismas. En términos generales, son las dimensiones exclusivas del concepto las más frecuentes en los instrumentos legales y operativos puestos en marcha, aunque esta incorporación se ciñe al nivel puramente teórico. En términos prácticos se ha avanzado muy poco en el desarrollo de estrategias operativas eficaces, pues apenas ha sido establecida la figura de Zona Patrimonial, por medio de la cual se identifican territorios con valores de especial relevancia cultural. Su implementación supone ampliar las dimensiones del espacio objeto de atención (del monumento a la ciudad, y de esta al territorio) a través de una lectura integrada de los elementos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, con ella no se logra incorporar la lectura integrada que plantean las lógicas académicas, ya que lo que se desarrolla es un análisis e identificación unitaria de piezas o elementos simbólicos. De este modo se mantiene un enfoque sectorial, no llegando a ser definidas las interrelaciones que contribuyen a profundizar en la complejidad de la estructura territorial.

En buena medida, estas dificultades para incorporar el patrimonio territorial en las políticas culturales derivan del propio origen del concepto. Este habría sido acuñado en el ámbito de las ciencias del territorio, en especial la geografía, para enfatizar la importancia del componente patrimonial del propio territorio, un componente (o subsistema) cuyo valor e interpretación no puede desvincularse del mismo. A través de esta idea no se pretendía generar nuevas categorías patrimoniales, sino llamar la atención sobre el patrimonio en los estudios territoriales y las políticas de desarrollo, en gran medida a través de la asociación entre patrimonio y desarrollo turístico. Así pues, esta génesis hace que la idea de patrimonio territorial tenga muy difícil asimilación por parte de las lógicas de las políticas culturales ¹ .

Del mismo modo, esta aproximación al concepto lastra las aproximaciones al paisaje en términos de políticas públicas. Este hecho se debe a que los esfuerzos por efectuar análisis integrados del territorio (considerando este como sistema) se están materializando no en la lógica de patrimonio territorial, sino vinculados a los estudios de paisajes, pese a que estos no son más que una pieza dentro del complejo entramado patrimonial que vertebra el espacio geográfico. Así, aunque la frontera entre ambos conceptos es difusa, todo territorio se formaliza en paisaje y toda base de este se explica en una estructura territorial, suponiendo el paisaje un componente más del patrimonio territorial que, a partir de configuraciones perceptibles, permite reflejar el estado del territorio en un momento dado. De este modo, la lectura cultural, más centrada en la preservación de manifestaciones específicas, tiende a circunscribirse a la identificación de paisajes en los que se identifican rasgos extraordinarios o valores de excepcionalidad, islas delimitadas que sesgan el territorio para poder ser objeto de protección. Esta es la idea que rige los catálogos de los paisajes culturales de la UNESCO o el propio Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía.

Así, podemos concluir que la formulación de modelos de gestión más cooperativos para el manejo de los bienes patrimoniales, en los que estén presentes las lógicas culturales, de desarrollo o territoriales, resulta por el momento un proceso complejo. En este sentido, se apela a desarrollar futuras investigaciones a través de las cuales extrapolar metodologías de análisis similares a otro tipo de políticas e instrumentos con objeto de corroborar o desmentir estas apreciaciones. A través de ellas podrá detectarse si el concepto tiene un mejor ajuste operativo en políticas como la territorial o la vinculada al desarrollo rural, un hecho que según nuestros hallazgos cabría esperar. Así, al igual que desde hace décadas el urbanismo es asumido como herramienta propicia para la gestión del patrimonio urbano, entendemos que debe ser la política de ordenación territorial la que asuma el manejo del patrimonio territorial. Esta, en el marco de una visión global e integrada del territorio, abriría nuevos caminos en la gestión inteligente del territorio.