El término bienes comunales (en inglés commons) se refiere a los derechos perpetuos, especialmente agrarios, reconocidos a las comunidades sobre bienes como bosques, prados, tierras de cultivo y ríos. Son un elemento significativo del paisaje agrícola italiano, en particular en las zonas de montaña o en aquellas donde hay derechos de pesca y explotación de las aguas (Grossi, 1993; Bulgarelli Lukacs, 2011; Bonan, 2015). Se identifican comúnmente como características de las sociedades preindustriales en las cuales la participación en la gestión de determinados aspectos de la vida agraria garantizaba la supervivencia de los habitantes del pueblo. Luego, según la visión tories (Inglaterra) basada sobre el pensamiento de Arthur Young, cayeron en desgracia en la edad moderna tardía especialmente con las enclosure que habrían llevado a un aumento en la producción y la productividad. Robert Allen (1982) ha demostrado que el proceso de enclosure no ha conducido a un aumento de la eficiencia de la agricultura. Además, es importante especificar que los bienes municipales han sobrevivido a las principales transformaciones económicas y políticas de la época contemporánea, como se ha observado en el caso español (Lana Berasain, 2008). Un aspecto importante que la literatura ha debatido es la dificultad de reconstruir la consistencia en hectáreas de estos bienes (Lana Berasain & Iriarte-Gõni, 2015). Además, hay que añadir la complejidad de ubicarlos en el mapa.

El objetivo de este estudio es presentar los primeros resultados de un proyecto de investigación en curso para un censo geohistórico a escala municipal de la superficie y de los derechos de uso de los bienes comunales en la provincia de Salerno como consecuencia de la Ley 1766 de 1927. El fin es también animar ámbitos científicos distantes a dialogar para que el mundo de la investigación pueda desarrollar un papel significativo en el proceso de tutela de estos bienes.

En particular, se quiere ofrecer elementos que permitan llevar a cabo procesos valiosos de gestión de los bienes comunales basados en los principios de Elinor Ostrom (1990)1 soportados por acciones colectivas (Araral, 2009; Mosimane et al., 2012) para evitar procesos de explotación de los recursos por parte de la sociedad de la globalización que favorezcan la “tragedia” de los commons teorizada por Hardin (1968).

Es importante resaltar que hasta hoy no hay un mapa homogéneo para toda la península, especialmente por debajo de la escala regional o provincial (siempre que se disponga de ella). Actualmente se hace difícil (no disponiendo de censos y mapeos de las deliberaciones de los commissariati per gli usi civici) pasar a la escala municipal para un censo de los bienes comunales en Italia. Es una operación necesaria para analizar el fenómeno en una dimensión más amplia y desarrollar también estudios comparativos entre las diferentes regiones italianas e identificar las variables que influyeron en la difusión y la correcta administración de estos bienes. En particular, para proporcionar a las instituciones locales elementos para formular prácticas de conservación y valorización de estos bienes; basta pensar en el creciente fenómeno del turismo rural o en la necesidad de encontrar madera para calentar las viviendas en las áreas de los Apeninos, teniendo en cuenta que a nivel internacional ya se han iniciado proyectos para una reconstrucción comparativa de la dimensión institucional y de la evolución de los commons (De Moor et al., 2016).

El uso de datos históricos y archivísticos puede ser una oportunidad para las instituciones territoriales para ofrecer técnicas de gobernanza específicas para cada área (Bulgarelli Lukacs, 2015; De Moor et al., 2016; Vázquez, 2020; Zanibelli, 2024). El recurso a fuentes históricas puede ser un enriquecimiento de lo que ya se ha evidenciado en la literatura para favorecer el desarrollo de buenas prácticas comunitarias (Ostrom, 1990; Mosimane et al., 2012) entre los distintos actores para el conocimiento y la valorización de los bienes comunales. Desde esta perspectiva, la historia puede favorecer también un mayor diálogo entre comunidades de ciudadanos (entendidos como grupos de personas atentas a la gestión del municipio) y las instituciones territoriales (municipales y regionales) para tratar de analizar los procesos de cambio (a través de un análisis de resiliencia) en las zonas rurales (Scott, 2013; De Moura et al., 2021) con el fin de reconstruir la memoria (institucional, económica y social) de estos lugares (Vázquez, 2020).

Por “memoria” de los bienes comunales entendemos todos aquellos usos y costumbres, a menudo transmitidos en forma oral, que regulan la vida de una comunidad y tienden a perderse cuando estas reglas no se cristalizan en la forma escrita.

Las reglas y los reglamentos son la fuente más valiosa para la construcción de una memoria histórica (Bulgarelli Lukacs, 2011, 2015; De Moor et al., 2016; Vázquez, 2020; Zanibelli, 2024) que pueden modificarse para adaptarlos al cambio social (Zanibelli, 2024). Este proceso también se desarrolla a través de iniciativas sinérgicas entre el mundo de la investigación y las comunidades locales; la ciencia puede difundir técnicas y herramientas útiles para las comunidades (Berkes 2009, Biggs et al., 2015; Vázquez, 2020).

El período de estudio fue identificado en el período fascista, cuando se promulgó la Ley nacional (1927) para la reorganización de los bienes comunales. Una importante medida legislativa destinada a dar una perspectiva homogénea de reordenación de estos recursos en todo el territorio nacional.

Una peculiaridad similar permite extender, obviamente teniendo en cuenta la heterogeneidad de las diferentes regiones (Bulgarelli Lukacs, 2015), las metodologías de esta investigación también en otras áreas del Mezzogiorno y de la península italiana. Este primer estudio se centró en las Comunidades de Montaña de los Montes Lattari (algunos municipios pertenecen a la provincia de Nápoles), de los Montes Picentini y de los Montes Alburni de la provincia de Salerno. La idea de analizar las comunidades de montaña surge del hecho de que estas son áreas similares (Ley 267 de 2000) por conformación territorial y estructura socioeconómica. Los territorios objeto de esta investigación adquieren un sentido particular porque se encuentran en áreas con una gran importancia ecológica, pero en algunos casos también con una gran fragilidad ambiental2.

Este estudio es importante porque descendiendo hasta la escala municipal puede ser, además de una herramienta para el análisis geohistórico, una ayuda útil para las administraciones locales que vayan a planificar intervenciones de protección y promoción de los bienes públicos, empezando por el dato histórico. Este puede convertirse en un elemento subsidiario para resolver también eventuales apariciones de conflictos que han caracterizado la historia de estos bienes (Bulgarelli Lukacs, 2011, 2015).

Además, en línea con los proyectos internacionales en curso (De Moor et al., 2016), esta contribución propone incrementar la recopilación de las transformaciones institucionales con la reconstrucción territorial y la posterior geolocalización de los bienes comunales con el fin de ofrecer nuevos elementos para su protección y futura valorización.

Por último, la importancia de esta investigación reside en el hecho de que el censo ayuda a detectar la presencia de siete puntos fundamentales del esquema de Ostrom (1990) para facilitar estudios que comprueben la adaptabilidad del caso meridional a este modelo explicativo específico.

El objetivo del estudio presentado en esta parte se desarrolló a través de las siguientes secciones: la descripción de los datos y metodologías adoptadas, un análisis geohistórico del área de estudio desde el siglo XIX hasta 1929, un marco normativo histórico sobre la Ley 1766 de 1927, los primeros resultados del proyecto de investigación y, por último, las conclusiones en las cuales se discuten el potencial del proyecto y su desarrollo futuro.

El problema de cuantificar la consistencia de los bienes municipales ya se ha abordado en otras zonas de la Europa mediterránea, en particular en España (Lana Berasain & Iriarte-Gõni, 2015). Considerando esta dificultad es esencial integrar diferentes tipologías de fuentes (estadísticas, anuarios agrícolas, censos y otros datos públicos) para llegar a cuantificar la consistencia de estos bienes después de las grandes transformaciones capitalistas. Por lo tanto, es significativo desarrollar nuevas metodologías de censo de los commons, en particular a escala micro, extensibles fácilmente a otras provincias.

Los primeros intentos de cuantificar la distribución de los bienes comunales en todo el territorio nacional se localizan en las publicaciones agrarias del período fascista (ISTAT, 1940) y en una encuesta INEA, el volumen sobre Campania fue publicado después de la Segunda Guerra Mundial (INEA, 1947), en la que se recogen la extensión en hectáreas y las unidades catastrales pertenecientes a municipios, provincias y asociaciones agrarias. Aunque se trata de una fuente importante porque por primera vez cuantifica a escala municipal la consistencia de estos bienes, no proporciona información sobre el tipo de los derechos de uso a los que estaban destinados. En cuanto al área objeto de esta investigación, también hay un trabajo (1932) del Osservatorio di Economia Agraria di Portici (desde ahora OEAP) que muestra la superficie de las parcelas catastrales propiedad de los municipios, pero esta fuente tampoco describe los diferentes derechos de uso sobre los bienes comunales.

Con respecto al Mezzogiorno entre finales del siglo XIX y principios del XX, el Ministerio de Agricultura Industria y Comercio (desde ahora MAIC) realizó una serie de estudios que llevaron a un primer censo a escala provincial de los bienes comunales (MAIC, 1900). Además, tras la aplicación de la ley fascista (1927) los Commissariati per gli Usi Civici iniciaron un trabajo homogéneo para definir la consistencia de los bienes comunales; operación muy importante y de carácter nacional.

Teniendo en cuenta los elementos anteriores se requieren estudios que, además del aspecto de las formas de gobierno y de las reglas de uso, reconstruyan también la consistencia (dimensional en hectáreas) y la posterior geolocalización de los bienes comunales (unidades catastrales) en perspectiva macro. Se trata de una operación esencial para proteger estas formas particulares de posesión. A este respecto, el ISTAT, en relación con el último Censo de Agricultura, ha lanzado un relevamiento a escala nacional. También la Región de Campania (2020) ha publicado una directiva sobre estos temas.

Siguiendo esta dirección en el nuevo Plan Paisajístico Regional (2022) se ha publicado un primer cuadro sobre la consistencia total de los bienes comunales para cada municipio, operación importante que muestra una nueva atención hacia este tipo de bienes por parte de las instituciones. Aunque actualmente no garantizan una rentabilidad económica significativa, este tipo de bienes se convierten en elementos básicos para preservar el medio ambiente y las costumbres sociales de un territorio determinado, como el pastoreo. En esta dirección se ha movido también el legislador con la Ley no 168 del 20 de noviembre de 2017 que ha definido la importancia de los bienes comunes retomando también la Ley 431 del 8 de agosto de 1985 (Ley Galasso). Sin embargo, una vez definida la importancia de estos bienes específicos, todavía parece problemático reconstruir un mapa a gran escala (nacional). A esto hay que añadir que muchos municipios carecen de reglamentos específicos para la administración de los bienes comunales. En Campania, por ejemplo, de un total de 550 municipios, 58 (11%) han regulado la gestión de los usos cívicos entre ellos el 67% se encuentra en la provincia de Salerno (datos de la región Campania).

Iniciar un censo geohistórico exhaustivo y detallado de los bienes comunales se convierte así en fundamental para ofrecer instrumentos para un uso sostenible de estos bienes para mejorar el bienestar de las pequeñas comunidades de los Apeninos favoreciendo el desarrollo de laboratorios que relacionen de manera armoniosa, gracias a los datos históricos, el mundo productivo y el medio ambiente. Considerando que para el caso español ya se ha analizado la relación entre commons y algunas variables significativas para la historia económica (Beltrán Tapia, 2012; 2013, 2015).

El análisis archivístico preliminar se llevó a cabo en el Commissariato per gli Usi Civici de Nápoles para identificar áreas homogéneas. La documentación recogida en las deliberaciones se clasifica por municipio y presenta la siguiente estructura: 1) reconstrucción histórica de la consistencia y de los conflictos sobre los bienes comunales; 2) procedimientos efectuados por los agentes del Estado; 3) la deliberación del Commissariato por la que asigna los terrenos a las dos categorías previstas por la Ley 1766 de 1927. Las fichas de cada municipio presentan la siguiente estructura argumentativa: 1) introducción con análisis histórico sobre la condición de los bienes comunales y de las controversias pendientes; 2) actividad del agente agrimensor para definir la dimensión de los commons (las medidas se indican siempre en hectáreas); 3) la decisión de cerrar las operaciones de propiedad pública de cada municipio junto con la superficie destinada por la ley.

La fuente es particularmente interesante porque informa sobre las unidades catastrales destinadas a uso cívico para cada municipio y define el uso que se aplicaba a estas áreas. Otro aspecto relevante es el de los topónimos de propiedad municipal que puede convertirse en un medio útil para desarrollar investigaciones también en esta dirección.

El aspecto histórico se convierte en esencial porque ayuda al investigador a iniciar análisis sobre casos específicos en los archivos territoriales.

En cuanto a este último aspecto, una vez concluidas las operaciones de investigación en el Commissariato, se comprobó y enriqueció la información obtenida en el Archivo del Estado de Salerno a través de la consulta del fondo Atti Demaniali dentro del cual se profundizaron los principales aspectos de gestión y conflictos. A esta operación se ha añadido también un análisis de la documentación conservada en el Archivo del Estado de Nápoles y en la del Archivo Central del Estado (Roma).

Junto con la investigación archivística se inició un trabajo de reconocimiento y selección de las fuentes estadísticas contemporáneas a la ley de 1927 para reconstruir aquellas variables espaciales y agrarias que pudieran estar relacionadas con la superficie destinada a los bienes comunales para futuras investigaciones de ámbito histórico económico. Operación importante también para enriquecer la memoria histórica de cada municipio, con el fin de ofrecer elementos que permitan evaluar en el tiempo los cambios del paisaje agrario.

La atención recayó en el Catastro Agrario de 1929, primer intento de reconstrucción homogénea a escala municipal de las condiciones agrarias de cada municipio italiano. Aunque se trata de una operación llevada a cabo en todo el territorio nacional, existen dos tipos de encuestas provinciales: una menos detallada (las primeras realizadas) y otra con una subdivisión más precisa de la población agraria y de las explotaciones según las principales categorías de formas de gestión de la tierra. La provincia de Salerno pertenece a la segunda categoría y esto permite realizar investigaciones también sobre las diferentes formas de gobierno de la tierra. Es una fuente valiosa, cuyo potencial aún no ha surgido de manera efectiva, la literatura la ha utilizado, por ejemplo, para evaluar los efectos de la desigualdad de la tierra en la alfabetización (Zanibelli & Ricci, 2022) o para verificar su relación con los grandes cambios políticos italianos como el Referéndum constitucional (Monarquía-República) de 1946 (Zanibelli, 2020:183-188; Sellaroli & Zanibelli, 2020:178-182). Se han realizado otros estudios para examinar la productividad y las condiciones generales de la agricultura (Zanibelli & Ricci, 2019; Fornasin & Zilli, 2022; Zanibelli, 2022) después de un primer trabajo fundamental de Carlo Pazzagli (1979) sobre Toscana.

La metodología utilizada se ha basado en un diálogo constante y una interacción entre las diferentes fuentes utilizadas siguiendo el siguiente esquema de trabajo: Archivo, Instituciones y SIG (AIS). A través de un procedimiento por etapas que ha visto primero la investigación archivística y el análisis de las fuentes estadísticas, posteriormente un análisis institucional del caso de estudio. A continuación, se procedió a la elaboración de las fichas de censo para cada municipio y, por último, a la elaboración de mapas.

Como resultado de estas operaciones, se propuso un primer modelo de uso de datos históricos para la reconstrucción de la memoria histórica de los bienes comunales en el sur de Italia.

Antes de proceder con la presentación de los resultados obtenidos es necesaria una contextualización geohistórica del área estudiada junto con la descripción de las principales características de la ley 1766 de 1927. La provincia de Salerno es la segunda más poblada de la región de Campania y se extiende sobre un territorio de unos 5.000 km² con una densidad media de población de 214 habitantes por km² (datos ISTAT 2022).

El territorio es principalmente montañoso. La zona costera tiene una prevalencia rocosa en la conocida Costa Amalfitana, una de arenisca en la zona central y una mixta al sur. Se trata de un territorio con una notable heterogeneidad por la presencia de zonas fuertemente urbanizadas (agro Nocerino y llanura del Sele) y otras como los montes Alburni, Picentini, Lattari, el Cilento y el Vallo di Diano que han sido preservadas de los procesos de urbanización y donde se han conservado importantes zonas boscosas incluidas en el sistema de los parques regionales de Campania. Los municipios objeto de este estudio se sitúan en aquellas zonas con escasa urbanización y con una gran densidad de zonas arboladas ( Figura 1 ).

La Comunidad de Montaña de los Montes Lattari se encuentra en el norte de la provincia de Salerno, con límites con la provincia de Nápoles, en particular con las zonas de alta presión antrópica como el Agro Nocerino y con la conocida zona turística de la Costa Amalfitana. Consta de 8 municipios repartidos en una superficie de más de 100 km². En la zona está presente el Parco dei Monti Lattari3 y esto la hace particularmente importante por su valor ecológico, pero al mismo tiempo está sujeta a un alto riesgo de vulnerabilidad ambiental por la proximidad a la zona de Nápoles (valores ISPRA).

La Comunidad de los Montes Picentini se encuentra en la zona noroeste de los Apeninos Meridionales (en esta zona también se encuentra un parque regional)4. La comunidad montañosa presenta valores muy similares a la de los Lattari con respecto a los indicadores ISPRA. Los montes Lattari y Picentini se ven afectados por la presión longitudinal de las principales áreas metropolitanas (Nápoles y Salerno) que tienden a recuperar terreno para usos residenciales, agrícolas e industriales. La Comunidad de los Montes Alburni se encuentra en el área Sur-Este de la provincia de Salerno y limitada con la zona del Vallo di Diano y con el Calore. También en esta zona hay un parque5. A diferencia de los Lattari y los Picentini, esta comunidad de montaña presenta solo un alto valor ecológico y sin elementos de riesgo.

En cuanto al análisis geohistórico del territorio de Salerno podemos observar que en 1811 la población registrada por la Estadística Murattiana ascendió a 445.000 habitantes. Una estadística posterior señaló que en 1826 (Petroni, 1826) la población total ascendió a casi medio millón de personas (478.450) cuyo 40% se concentró en el distrito de Salerno y el resto se distribuyó equitativamente entre los de Campagna (21%), Sala (21%) y Vallo (18%). La mayoría de los empleados eran agricultores (77%). En 1861, la población residente ascendía a más de 500.000 habitantes con una densidad media de 106 habitantes por km² (Imbucci, 1978). La densidad de 1861 se mantuvo constante hasta 1931, cuando llegó a 133 habitantes por km² (ISTAT, 1935).

En cuanto a la agricultura, se presenta una breve descripción del período antes de la Unificación nacional y de los años del período en que se promulgó la ley fascista. El objetivo es proponer una reconstrucción a largo plazo que pueda contribuir a desarrollar análisis comparativos para enriquecer la memoria institucional de las zonas estudiadas.

Durante el período Borbónico las zonas más desarrolladas fueron las del agro de Sarno y las comprendidas entre Salerno y Montecorvino Rovella (Sinisi, 1981).

Centrando la atención en otros distritos, la situación cambiaba sensiblemente. En Campagna, los terrenos eran poco productivos y destinados principalmente al pastoreo (Afan de Rivera, 1832). En el distrito de Sala como escribe Aliberti (1983) a los cultivos herbáceos y a los pastos se añadía también una presencia significativa de los bosques, mientras que en el de Vallo se registraba una presencia significativa de bosques y solo en la zona meridional del Cilento el cultivo de la vid y del olivo se realizaba con buenas técnicas (Sinisi, 1981). La geografía rural del Principado Citeriore presentaba una presencia de zonas con cultivo intensivo en la zona Noroeste y en las zonas al Sur de Salerno el cultivo de cereales junto con la presencia de amplias áreas destinadas al pastoreo según la Estadística Murattiana de 1811 (Cassese, 1955). De particular importancia para este estudio es el hecho de que a partir del período francés en las zonas montañosas se introdujo el cultivo de la patata (Massafra, 1981). La introducción de la patata hizo aumentar sensiblemente la presión antrópica sobre los territorios estatales que fueron asaltados para aumentar la superficie cultivable. Entre 1820 y 1830 la extensión de área estatal destinada a cultivo se triplicó (Sinisi, 1981).

Una situación similar proporcionó fuertes operaciones de deforestación en particular en el distrito de Vallo, donde se pasó de 137.000 moggia a casi la mitad del valor inicial en pocos años. En este distrito, el crecimiento del cultivo de la patata y el maíz no se detuvo. En 1850 estos dos cultivos ocuparon el 26% de la superficie cultivada del Principado Citerior, pero la cuota casi se duplicó en 1859. Los otros dos distritos de Campagna y Sala presentaban una situación similar con respecto al crecimiento del cultivo de la patata; los datos estadísticos confirmarían que existía una relación con la disminución del bosque.

Centrando la atención en el patrimonio forestal según Gennaro Primicerio Guida, autor de la estadística murattiana sobre el Principado Citeriore, la superficie cultivable de la provincia ascendía a unos 600.000 moggia y que los bosques ocupaban gran parte del territorio. Estos estaban formados por 1/3 de cedro silvestre (castaños, robles, hayas y fresnos). Posteriormente se estimaron 130.483 moggia correspondientes al 8% del territorio provincial (Del Re, 1830). La cifra es similar a la adquirida por la Sociedad Económica de Salerno que valoraba alrededor de 131.000 moggia (Palmieri, 2012). Además, se nos da una valiosa información: que en el distrito de Salerno las condiciones de los bosques eran mejores que en Campagna, Sala y Vallo. Una estadística de la Sociedad Económica de Salerno (desde ahora SECSA) reconstruye la consistencia del patrimonio forestal de la provincia, aunque falten algunos municipios, que habrían ascendido a más de 71.000 hectáreas (SECSA, 1866) cuya superficie estaba distribuida de la siguiente manera: propiedad estatal del 4%, propiedad municipal del 76% y la parte restante (20%) a los particulares. La mayoría de los bosques eran propiedad de los municipios en casi todos los distritos, excepto en el de Nocera, donde había una presencia significativa de bosques privados ( Figura 2 ). También había una cuota estatal localizada exclusivamente en Campagna (16%), considerando que otras 3 hectáreas se encontraban en el Sala Consilina. Por lo tanto, se observan dos aspectos: a) sobre la base de los datos analizados, es probable que la superficie forestal antes de la unificación nacional se situase en torno a las 75.000 hectáreas, teniendo en cuenta que una estadística nacional de 1878 es un poco inferior (unas 68.000 hectáreas) con relación a la provincial de 1876 (MAIC, 1878); b) la mayoría de los bienes y bosques pertenecían a los municipios como en la mayoría de los casos del Mezzogiorno (Corona, 2013; Bulgarelli Lukacs, 2011, 2015, 2018). Otro estudio realizado después de la unificación italiana (MAIC, 1882) permite constatar que el bosque estaba en armonía con el pastoreo. El principal problema de gestión nacía de los derechos de explotación (recogida de leña) que podría conducir a conflictos entre municipios vecinos. Un problema generalizado debido al hecho de que los bosques contribuían significativamente al balance económico de la provincia gracias al valor de las exportaciones hacia la zona napolitana y el extranjero. Con una estructura agraria débil el uso del patrimonio forestal se convirtió en una actividad económica atractiva para los usuarios.

Focalizando la atención en el siglo XX, los datos del Catastro Agrario de 1929 (ISTAT, 1935) muestran una provincia donde la mayoría de la población activa estaba situada en el sector primario. Las explotaciones agrícolas (77.952) poseían el 84% de la superficie agrícola y forestal de la provincia. En cuanto al número, las micro propiedades (≤1 hectárea) representaban el 41% de las granjas, pero ocupaban una superficie no significativa (3%). Una parte considerable estaba ocupada por empresas de más de 500 hectáreas (situadas en gran parte en la zona agraria de montaña). La principal forma de gestión era la directa, seguida del alquiler y la mixta. En último lugar, se encontraba la aparcería que ocupaba el 4% de la superficie de la empresa, pero por eso no menos importante para la economía de esta investigación. En cuanto al ganado en la provincia, se registraron casi 450.000 cabezas con una presencia significativa de ovejas en la región de montaña. La cifra está en línea con lo que también indican las estadísticas realizadas antes de la unificación. Los valores relativos al cultivo de la patata y el maíz también se mantuvieron altos (alrededor del 20% de la superficie cultivada de los cultivos herbáceos simples) aunque sea necesario tener en cuenta las políticas estatales de apoyo al cultivo del trigo que impulsaron con fuerza la introducción del cereal también en las zonas montañosas a través de los procesos de hibridación y especialización.

Con respecto a los bosques, el 70% se encontraba en la superficie de montaña y la superficie total ascendía a 125.702 hectáreas (27% de la superficie agrícola y forestal). El valor es claramente superior a los datos antecedentes y posteriores a la Unificación, y esta gran discrepancia permite centrar la atención en un aspecto importante. Como ya han señalado algunos estudiosos (Tino, 1989; Armiero, 2002) no parece fácil efectuar análisis diacrónicos sobre la evolución de la superficie arbolada debido problemáticas relativas a la fiabilidad de las estadísticas, pero también por las diferencias notables en los procesos de censo (Cutolo & Pettenella, 1987:113-127) que pueden presentar divergencias significativas y, por lo tanto, producir resultados con valores muy distantes entre ellos. Estas dificultades de diálogo entre las fuentes estadísticas también se han observado en el caso español, en particular en lo que se refiere a la utilización de las estadísticas forestales por motivos relacionados a la falta de uniformidad de las mediciones y a la dificultad de definir el uso del patrimonio forestal (Lana Berasain & Iriarte-Gõni, 2015).

Por lo tanto, parece más relevante llevar a cabo análisis sincrónicos hasta 1929 e intentar comparaciones diacrónicas, aunque con las debidas precauciones, a partir de ese período. En cuanto a nuestro estudio observamos que, en 1929, la superficie de bosques y castaños está presente en todos los municipios de la provincia de Salerno. Con fines informativos, también damos a conocer (a nivel regional) sobre los valores de 1870 (MAIC, 1878) para mostrar el alcance real de los problemas detectados6.

A largo plazo podemos observar que la presencia de la superficie arbolada tiende a crecer en Italia, pasando de más de 5 millones de hectáreas en 1929 a más de 6 millones en 1989 (ISTAT, 1935; Armiero, 2002:94) mostrando una recuperación sustancial. Esto puede deberse a las diferentes metodologías del censo. Esta tendencia también se observa en el Mezzogiorno y Campania.

Este punto de inflexión confirma lo importante que es partir de cada territorio para llegar a reconstruir la verdadera consistencia de la superficie forestal. A esto se debería añadir una uniformidad de las metodologías a nivel internacional para iniciar estudios comparativos a gran escala.

La atención se centró en la Ley 1766 de 1927 porque con esta medida se decidió uniformizar la legislación estatal para todo el territorio nacional tratando de cerrar un asunto que el Reino de Italia había heredado de los Stati Preunitari (unidades estatales antes de la Unificación nacional). En cuanto al Mezzogiorno, uno de los principales objetivos de la Ley era resolver los problemas inherentes a las ocupaciones (Caroppo & Mastore, 2018) y al mismo tiempo definir todos los conflictos existentes entre los diferentes municipios en materia de fronteras.

Durante el siglo XIX, el Estado intentó resolver los numerosos problemas fronterizos entre los municipios, en la provincia de Salerno. Las instituciones intervinieron para definir también cuestiones relacionadas con propiedades compartidas (promiscuità) entre los diferentes municipios. Además, se iniciaron procesos para favorecer una organización homogénea de los bienes comunales entre los diferentes municipios mediante la adopción de un modelo de reglamento de gestión (AS SA, Atti Demaniali, 878:92; Zanibelli, 2024). Con el fin de la sociedad del Ancient Régime (Mayer, 1981) se hizo necesario iniciar un proceso de reorganización homogéneo que tuviera en cuenta los diferentes modelos de gestión de los recursos colectivos distribuidos a lo largo de la península itálica.

La Ley de 1927 preveía la creación de Commissariati per gli Usi Civici que asumían una competencia judicial en esta materia. Ya en el sur de Italia sustituyeron a los prefetti y a los commissari ripartitori (ley del 20 de marzo de 1865). El texto establecía que las tierras de propiedad estatal en las que las poblaciones locales tenían derechos de uso se clasificarían en dos categorías: A) suelos forestales con uso exclusivo de pastos y, por tanto, no vendibles; B) suelos que pudieran destinarse a cultivos agrícolas y, por tanto, venderse.

La Ley no debe verse como una deliberación aislada en el ámbito agrario ambiental, sino como una pieza de un proceso más amplio de reorganización de la agricultura por parte del estado, como lo confirman proyectos nacionales como el Catastro Agrario (1929) con el fin de dar una imagen uniforme de las condiciones de la agricultura italiana y la Bonifica Integrale.

A esto hay que añadir que, tras una primera detección en Italia después de la unificación nacional (MAIC, 1870), no se habían realizado nuevos análisis analíticos de la superficie forestal. Todas estas iniciativas formaban parte del proyecto gubernamental de adquirir un conocimiento detallado del “potencial” agrícola de Italia. Partiendo de esta premisa, era esencial verificar si dentro del patrimonio estatal existían zonas aptas para introducir nuevos cultivos.

Con la entrada en vigor de la ley, los Commissariati per gli Usi Civici asumieron una tarea difícil: resolver las controversias que se habían producido durante siglos. Por este motivo se preveía (art. 2) la posibilidad de recurrir a todos los medios legales posibles si no existiera una prueba documental de los derechos que estaban aún en vigor desde 1800. En esta perspectiva, la fuente archivística asumió un papel clave en la actividad de las nuevas instituciones.

Para cada municipio se ha elaborado una ficha de censo que muestra todos los elementos esenciales para detectar todas las variables, cualitativas y cuantitativas, para crear una memoria histórica de los bienes comunales para poder ser utilizada para iniciar procesos locales, con el objetivo de realizar un mapeo de estos bienes. En el apéndice figura una descripción de cada uno de los elementos para especificar la estructura operativa del proyecto. A continuación, se presentan, en forma agregada para facilitar una lectura global, los primeros resultados obtenidos a través del censo realizado en los municipios de las tres comunidades montañosas para mostrar el potencial de este proyecto de investigación junto con la importancia de la utilización de los datos históricos para planificaciones de salvaguardia y valorización ambiental. Esto refuerza la hipótesis inicial porque el análisis histórico solo puede ser el principio de políticas de gobierno correctas y armoniosas entre instituciones y comunidades.

El censo permitió reconstruir el uso (exclusivamente pastoreo y cosecha de madera), la superficie destinada a uso cívico y forestal (incluidos los castañares), junto con una serie de indicadores útiles para desarrollar futuros análisis económicos históricos, para cada municipio de las tres comunidades de montaña7.

El área con mayor extensión destinada a derechos de uso (usi civici) es la de los Montes Alburni, seguida por los Picentini y los Lattari ( Tabla 1 ). La presencia de los bienes comunales crece en dirección longitudinal (también por altimetría) con la consiguiente tendencia a aumentar en las proximidades de los Apeninos ( Figura 4 ) y, por consiguiente, a disminuir con la aproximación a las grandes zonas urbanizadas. Esto confirmaría que la dispersión de la población favorecería un proceso de conservación y protección de los derechos de uso debido a una baja presión antrópica sobre el bien.

La muestra de análisis se confirma particularmente interesante. Las tres comunidades de montaña presentan municipios con alta presencia de bienes comunales y éstos, como se desprende también de la literatura (Bulgarelli Lukacs, 2011, 2015; Corona, 2013), desempeñaron un papel social importante en los presupuestos municipales y como fuente de ingresos suplementarios entre la población que además de la agricultura practicaba la pluriactividad. En zonas pobres, con una renta per cápita baja, la presencia de estos recursos ha favorecido la conflictividad entre municipios vecinos y también con los particulares para su explotación. Las deliberaciones del Commissariato han permitido constatar que la presencia de importantes extensiones de superficie destinada a derechos de uso en zonas particularmente deprimidas favorecía la aparición de conflictos entre la población. El presente trabajo ha permitido reconstruir también este importante aspecto para localizar las áreas con mayores criticidades con el fin de favorecer futuras investigaciones que identifiquen las principales causas de litigiosidad y los factores de riesgo para la supervivencia de los bienes comunales. Esto será posible gracias a un estudio analítico de los expedientes municipales conservados en el Archivo del Estado de Salerno y el Archivo Central del Estado (Roma).

En cuanto al patrimonio forestal (1929), el valor absoluto más alto se encontraba en la zona de los Montes Picentini ( Figura 5 ), aunque mirando a los relativos8 la mayor incidencia de la superficie arbolada estaba presente en los Montes Lattari (ISTAT, 1935). Al relacionar las dos variables surgen enseguida desequilibrios que llevan a especular que no existía una relación neta entre la presencia de bienes comunales y la extensión de los bosques. Tales divergencias son particularmente relevantes en los Montes Alburni y Lattari mientras que en los Picentini aparece una homogeneidad de los datos ( Figuras 4-5 ). La prueba de una relación estadística entre las dos variables demostró que existe una correlación lineal débil (0,37) y no significativa en términos de p-valor. De ello se desprenden dos aspectos importantes: 1) No todas las zonas de bienes comunales estaban clasificadas como superficies arboladas. En los Montes Alburni, la zona destinada a los primeros es superior a la segunda y esto permite detectar que también había otras áreas destinadas a uso cívico que no entran en la categoría de bosque de 1929, como los prados. Esto confirmaría las dificultades de los censos de la superficie arbolada evidenciadas por Cutolo y Pettenella (1987) y Armiero (2002:74); 2) en los Montes Lattari solo la menor parte de los bosques estaba destinada a derechos de uso por la población. Al observar el catastro, no es posible encontrar indicaciones sobre la organización de los bosques relativamente a la flora, como, por ejemplo, no hay una separación entre castañares y plantas de tallo alto, sin embargo, a través del análisis de la OEAP (1932), ha sido posible detectar la alta incidencia de esta planta en la zona, dato que también se confirma por los informes actuales (datos ISPRA). Dado el valor comercial de la castaña, la mayor parte de esta zona era de carácter privado ( Figura 2 ). Aunque se trate de metodologías de detección diferentes, los resultados están relacionados con los antecedentes (1866) que evidenciaron una notable presencia de bosques privados en el distrito forestal de Nocera.

Los dos indicadores reconstruidos se ven particularmente afectados por la influencia de algunas variables específicas ( Tabla 1 ) que aquí solo se mencionarán, pero que se profundizarán y se ampliarán en futuros estudios históricos-económicos que resultarán del censo realizado. Entre ellas: el ganado por hectárea y sin formas específicas de control institucional, tendría un impacto negativo con la presencia de commons, Esto se debe a que, sin reglas precisas de administración, el bien tendería a ser puesto en peligro por los usuarios que buscan maximizar exclusivamente su beneficio. Con la falta de instituciones fuertes (existen también casos de buenas instituciones) la desigualdad de la tierra desempeñaría un papel subsidiario en los procesos de tutela (Monti Picentini) con respecto a aquellas zonas con alta presencia de micro propiedades (Monti Lattari). Los terratenientes habrían desempeñado un papel para mantener un equilibrio entre los usuarios para evitar que, en condiciones de fuerte tensión económica, se llegara a un asalto a los commons, teniendo en cuenta la importancia del comercio de la madera (MAIC, 1882) con las consiguientes ocupaciones que habrían causado su extinción.

En el censo se han incluido los valores (número de explotaciones y extensión en hectáreas) de haciendas agrarias (directa, alquiler, aparcería y mixta) porque se consideró que esta variable podría ofrecer nuevos puntos de reflexión para estudiar los procesos de salvaguardia y gobierno de los bienes comunales a largo plazo. Aunque la aparcería ocupaba una parte minoritaria en la provincia de Salerno, como en buena parte del sur de Italia (ISTAT, 1940), parece existir un vínculo entre bienes comunales y aparcería9, ya que esta última está tradicionalmente relacionada con el tamaño de la propiedad. También en estas áreas este contrato agrícola específico encontró su propia concentración espacial en las zonas de colina y en relación con la muestra observada su incidencia fue mayor en los montes Picentini debido a la presencia de municipios de colinas.

Junto con la connotación territorial, sin embargo, existen otros factores que llevan a reflexionar sobre el papel clave de la aparcería (junto con todas esas formas de contacto mixto de coparticipación) en el proceso de desarrollo agrario en determinados contextos socioeconómicos. En ausencia de una solidez económica del territorio, estas formas específicas de gobierno de la tierra, que prevén una fuerte interconexión entre el terrateniente y el agricultor, garantizarían elementos esenciales de supervivencia, favoreciendo así la protección de los recursos comunes frente a las zonas de alta presencia de pequeñas propiedades al límite de la subsistencia. La aparcería, tomando como ejemplo el conocido caso de Italia central, por naturaleza propia del contrato y de las costumbres que encierra, tiende a modelar y a conservar el paisaje. De este estudio se desprende esta tendencia también para estas áreas específicas de la provincia de Salerno. Sin embargo, parece evidente ponderar con precaución esta variable específica debido a la alta heterogeneidad territorial de las diferentes áreas de la Península Italiana, A esto hay que añadir que existían diferencias sustanciales entre las diversas formas de aparcería y colonia presentes en Italia (MAIC, 1891; Biagioli & Pazzagli, 2013) que pueden llevar a diferencias significativas también entre micro zonas vecinas.

Los primeros resultados obtenidos y presentados en la sección anterior permitieron poner en relieve el potencial de esta investigación junto con la importancia del uso de los datos históricos para desarrollar buenas políticas de gobernanza territorial. En particular en aquellas zonas deprimidas donde la valorización del medio ambiente puede convertirse en un potencial recurso económico para apoyar a las comunidades. Junto con este último aspecto, el censo puede ser también un recurso significativo para desarrollar estudios de carácter histórico-económico que observen, además de los aspectos jurídicos, los factores de riesgo para la supervivencia de los commons en clave comparada entre los siglos XIX y XX.

De este trabajo se desprende también con claridad, como en el caso italiano, en particular para las regiones meridionales, sea fundamental promover iniciativas de investigación que vayan a estudiar la evolución de los bienes comunales situándose dentro de una línea precisa de investigación internacional (De Moor et al., 2016; Zanibelli, 2024). Sin embargo, es esencial desarrollar formas híbridas de censo en las que el análisis histórico y geográfico se base en el potencial de la tecnología SIG también para análisis retrospectivos que tengan, por objetivo promover análisis diacrónicos. Esta perspectiva, que es el punto fuerte e innovador de este estudio, enriquecerá lo que ya se ha hecho con respecto a la evolución de las formas de control y gestión de los bienes comunales a nivel internacional (De Moor et al., 2016; Vazquez, 2020; Zanibelli, 2024).

Además, el censo ha permitido detectar las variables esenciales para poder realizar estudios que prueben la aplicabilidad del modelo de Ostrom (1990) para la protección de los commons con el fin de promover acciones definidas y eficaces para estas áreas.

El siguiente paso del proyecto consiste en mapear, siempre que sea posible, las diferentes unidades catastrales destinadas a los derechos de uso para iniciar procesos de monitoreo a través de la tecnología SIG. El objetivo final es realizar un portal, a través de la colaboración entre diversas formas de saber (históricas, económicas, geográficas, ecológicas, ambientales, jurídicas y de ingeniería), que se convierta en la casa de la memoria “institucional” de estas formas particulares de posesión.

Terminada esta fase de la investigación se ampliará la muestra de análisis con otras comunidades de montaña con el objetivo final de llegar a una reconstrucción global de toda la provincia de Salerno.

Posteriormente la idea es extender el análisis también a las áreas fronterizas con la provincia de Avellino, específicamente los municipios de la zona de los Montes Picentini para realizar análisis también en las micro áreas de frontera.

Para perseguir estos objetivos, dada la dificultad de encontrar también recursos para el estudio, es esencial iniciar procesos de colaboración con las instituciones (regiones y municipios) para favorecer un diálogo constante entre el mundo de la investigación, los ciudadanos y los gobiernos locales, tratando de reducir las distancias a menudo siderales entre estas realidades favoreciendo acciones sinérgicas y estimulantes para todos los actores implicados. Esto permitirá desarrollar políticas de gobernanza territorial compartidas que favorezcan una armonía entre presencia humana y paisaje natural.