En el marco de la Unión Europea, la apuesta por un cambio de modelo energético ha sido un tema prioritario desde hace décadas, en pos de una disminución de la dependencia energética y de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Para ello, las diversas estrategias propuestas han tenido principalmente en su marco de acción la promoción de fuentes de energía renovable, la disminución del consumo energético y el incremento del ahorro y eficiencia, siendo varias las Directivas, acuerdos y documentos desarrollados para impulsarlos (Barral et al., 2023; Janota et al., 2022; Frolova et al., 2014; Díaz, 2013; Frolova y Pérez, 2008; Espejo-Marín et al., 2020).

En 2020 se alcanzó el primer deadline para cumplir con los objetivos energéticos planteados a escala de la Unión. Los 27 países de la UE (a excepción de Francia), alcanzaron el objetivo de porcentaje del consumo final de energía procedente de fuentes de energía renovable, sin embargo esta gesta, que ha traído consigo, entre otros aspectos, la proliferación de grandes plantas de energía eólica y solar a lo largo de todo el territorio europeo, parece haber tenido menor influencia de la esperada en la disminución de la dependencia energética (Márquez-Sobrino et al., 2023).

En el caso de la energía eólica, objeto de estudio del presente trabajo, la capacidad eólica instalada en el marco de la UE-27 en el año 2010 era de 78.989,2 MW, mientras que en 2020 esta cifra se había duplicado hasta llegar a los 177.058 MW (Eurostat, 2023). España, que en 2020 había alcanzado el objetivo propuesto de porcentaje del consumo final procedente de fuentes de energía renovable (Comisión Europea, 2022), contribuye al cómputo total con 26.819,2 MW, con un ritmo de implantación de 1.230,7 MW anuales en el periodo 2000-2020. Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 50 GW de energía eólica (MITECO, 2020), lo que supone la instalación de 23.181 MW desde 2021, aproximadamente 2318 MW anuales hasta 2030, lo que casi duplicaría el ritmo de implantación anual de los últimos 20 años.

La proliferación de parques eólicos en los últimos años ha traído consigo varios impactos negativos por la extensión territorial de los proyectos (Trainor et al., 2016; Rodríguez-Segura et al., 2023), que han provocado la ocupación, industrialización y/o artificialización del territorio y de los paisajes rurales (Frolova y Pérez, 2008; Nadaï and Van Der Horst, 2010; Poggi et al., 2018; Barral et al., 2019), además de impactos visuales por la altura de los aerogeneradores (Ioannidis & Koutsoyiannis, 2020). A estos efectos se suman las afecciones a especies de aves y quirópteros en la fase de funcionamiento (Moustakas et al., 2023) y otras especies faunísticas por fragmentación de hábitats, sobre todo durante las fases de construcción y desmantelamiento (Lovich & Ennen, 2013). El ruido, las sombras que provocan por el movimiento de las aspas y la iluminación nocturna, son algunos de los efectos señalados como molestos por las poblaciones locales (Bolin et al, 2011; Molnarova et al., 2012; Balotari-Chiebao et al., 2023; Cervantes et al., 2023; Conkling et al., 2022). Es importante destacar, asimismo, los posibles impactos sobre las actividades socioeconómicas (Baxter et al., 2013; Rand & Hoen, 2017; Pérez-Pérez & Díaz-Cuevas, 2022), como el turismo (Broekel & Alfken, 2015; Lilley et al., 2010; Landry et al., 2012) o la inequidad distributiva que generan los sistemas de propiedad y el reparto de beneficios (Warren & McFayden, 2010; Sperling et al., 2011; Agterbosch et al., 2009), habiendo demostrado algunos autores que la aceptación aumenta cuando los proyectos son promovidos por las corporaciones locales (Lilley et al, 2010).

Autores como Krewitt & Nitsch (2003), a principios del s.XXI, ya pusieron de manifiesto los problemas derivados de la ausencia de planificación territorial de la energía eólica. España es también uno de los países donde han proliferado más este tipo de proyectos y, aunque en 2020 el MITECO puso a disposición pública un mapa de zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio para la instalación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, este ha sido considerado tardío e insuficiente por la comunidad científica y técnica, dando lugar a una preocupación generalizada que manifiesta que la falta de herramientas de ordenación específica multiescalares puede dar lugar a un desarrollo eólico desordenado (Díaz-Cuevas et al., 2017; Díaz-Cuevas et al., 2023a; Díaz-Cuevas et al., 2023b). La ausencia de planificación territorial de las energías renovables ha provocado que se produzca una implantación desigual de los proyectos eólicos en el territorio, con la consecuente concentración de estos en aquellos lugares en los que el recurso era más fácilmente explotable y que, además, contaban con capacidad de vertido a la red eléctrica, independientemente de que fueran más o menos idóneos, teniendo en cuenta factores ambientales, económicos o sociales. Pero sobre todo, ha replicado el modelo de producción energética de las fuentes no renovables ya que, frente a la generación distribuida promovida por el nuevo modelo energético, que busca acercar los puntos de producción a los de consumo (Frolova & Pérez, 2008), la realidad es que las regiones con menor consumo energético están sufriendo los impactos y externalidades negativas (Díaz-Cuevas et al., 2023a; Rodríguez-Sojo, 2022; Prados et al., 2012) de las instalaciones de energías renovables en general y de la eólica en particular. Estas se erigen como las regiones “productoras” en las que se están concentrando la instalación de estas infraestructuras (por ejemplo Castilla-León; Castilla-La Mancha, entre otras, en el caso eólico) que son implantadas por grandes empresas, lo que ha generado la aplicación por parte de algunos autores de los términos acaparamiento de tierras, colonialismo verde (Normann, 2021; Dorn, 2022) e incluso colonialismo energético (Dunlap, 2023; Alkhalili et al., 2023; Batel et al., 2017; Contreras & Matarán, 2023).

En ausencia de planificación es de esperar que esta situación sobrevenida se intensifique, como consecuencia del impulso al que España se ha comprometido para acelerar la instalación de proyectos de energía eólica, ya que el país se encuentra ante un escenario en el que las localizaciones más idóneas ya han sido ocupadas (Frolova et al., 2008; Urrutia & Madrid, 2009), así como algunas otras de dudosa idoneidad en las que se están produciendo impactos ambientales asociados (Díaz-Cuevas et al., 2023b). Por esta razón, es fundamental dimensionar los impactos y afecciones provocados por estas instalaciones, mediante el levantamiento de información precisa sobre el despliegue de la energía eólica, que permita poner en marcha herramientas de planificación territorial a diversas escalas (Díaz-Cuevas et al., 2017), con el fin de evitar futuros conflictos o efectos indeseados y caminar hacia una transición energética más justa y eficiente.

Sin embargo, al igual que ocurre con las centrales de energía solar, a excepción de la información presente en el SIOSE, que permite tener una aproximación sobre la localización y cálculo de la superficie del suelo ocupada por estas centrales (Barral et al., 2023; Díaz-Pacheco et al., 2018), con ciertos problemas señalados por estos autores y Díaz-Cuevas et al. (2023a), no se dispone de información geoespacial oficial a nivel estatal que determine la localización exacta de cada aerogenerador y pueda garantizar un análisis más completo de los impactos previamente mencionados. En el caso de Andalucía, como área de estudio del presente trabajo, la única información espacial pública es una capa puntual referida a las centrales instaladas, publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (en adelante IECA), que solo indica las coordenadas x e y de puntos centrales o “cercanos” a las instalaciones, además de la información recogida por SIOSE 2020 (Junta de Andalucía, 2023), donde se señalan una serie de polígonos que presentan una delimitación aproximada de la superficie ocupada por los parques eólicos.

A raíz de lo expuesto, el objetivo de este trabajo consiste en explorar la distribución de los parques eólicos en el territorio andaluz, identificando los territorios productores y prestando especial atención al número de aerogeneradores implantados y sus principales impactos asociados sobre el paisaje y los espacios naturales protegidos. En base a este objetivo general se establecerán una serie de objetivos específicos:

Analizar la distribución territorial del número de aerogeneradores instalados sobre el territorio andaluz. De este modo se superarán los análisis realizados hasta el momento sobre la Comunidad Autónoma (a excepción de los análisis realizados por Díaz-Cuevas et al., (2016), y que serán comentados a continuación), que derivan de la existencia de una capa vectorial de información espacial en formato shapefile publicada por el IECA, que recoge las coordenadas x e y del punto central de los parques eólicos andaluces, única información espacial existente hasta este momento.

Los resultados del presente trabajo han demostrado, por un lado, la utilidad de conocer y poner a disposición de la comunidad científica en general, el número total y ubicación precisa de los aerogeneradores en Andalucía. Ello permite analizar de manera detallada los impactos asociados a estas localizaciones sobre municipios y poblaciones, espacios naturales protegidos, distintas categorías de paisaje, usos del suelo, etc.

Los análisis de ubicación de este tipo de infraestructuras ponen de manifiesto que la mayor concentración de aerogeneradores per cápita se localiza en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, donde el consumo de energía eléctrica es bajo y centrado en los sectores residencial y primario. Asimismo, la densidad superficial de aerogeneradores muestra a su vez un gran desequilibrio en el territorio andaluz, encontrando que municipios como Tarifa o Jerez de la Frontera son los que presentan mayor número de aerogeneradores (casi un 30% del total instalado). Esta situación manifiesta una especialización energética de algunas zonas rurales, que pone en valor el papel y carácter rural de la transición energética (Naumann & Rudolph, 2020), en las que pueden producirse conflictos debido a la introducción de una nueva forma de competencia por el suelo, tal y como indican Poggi et al. (2018). De hecho, en ausencia de planificación territorial eólica, debería ser el planeamiento municipal el que regulase la implantación de parques eólicos. Sin embargo, normalmente se trata de planes antiguos y obsoletos que no previeron en su momento la posible implantación de este tipo de instalaciones, no habiendo desarrollado normativa para proteger sus paisajes . Por este motivo, resulta necesario que las Comunidades Autónomas elaboren planes territoriales eólicos en los que se señalen zonas para realizar estudios de detalle, con el fin de dotar de un marco general a los planes generales, que permita evitar actuaciones guiadas por un marcado carácter oportunista. Si bien esta planificación a escala regional tampoco sería suficiente, siendo necesario una aproximación multiescalar tal y como queda recogido en Díaz-Cuevas et al. (2017) y Díaz-Cuevas et al. (2023a,b).

Por otra parte, del análisis de las prohibiciones y limitaciones a la instalación de infraestructuras eólicas e infraestructuras eléctricas asociadas en los espacios naturales protegidos europeos, nacionales y autonómicos, se extrae que la implantación de aerogeneradores es incompatible aproximadamente en el 10% de la superficie andaluza y que, por el momento, ninguno de los aerogeneradores implantados se encuentra en una zona donde la instalación resulte incompatible, conforme a lo establecido en la legislación y planificación a andaluza. No obstante, las investigaciones de Deshaies & Herrero-Luque (2015) demuestran que en muchas ocasiones los espacios protegidos no están siendo preservados de la proliferación de proyectos de energía eólica, si bien es importante matizar que en el caso andaluz las instalaciones en los Alcornocales se llevaron a cabo antes de la declaración del Parque Natural y este parque no prohíbe expresamente la instalación eólica. De hecho, en Andalucía, a pesar de que se respeta lo determinado en los documentos de planificación de los espacios naturales protegidos, se ha demostrado que ciertos ecosistemas y hábitats están afectados por este tipo de infraestructuras, entre los que se encuentran algunas zonas de máxima sensibilidad ambiental definidas por el mapa de zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio para la instalación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos (Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 2020), encontrando 307 aerogeneradores (un 15% de los instalados en la región) en el interior de algunos de los espacios protegidos analizados, considerados por el ministerio como de sensibilidad máxima.

El análisis de la afección de los parques eólicos a las distintas categorías paisajísticas señala que, a final de 2019, las campiñas y serranías eran las que soportaban la mayor cantidad de aerogeneradores y potencia instalada, detectándose igualmente la escasa equidistribución territorial que ya se había puesto de manifiesto al analizar los aerogeneradores per cápita y la densidad superficial de aerogeneradores. Esto se traduce en una industrialización de ciertas tipologías de paisajes rurales, a raíz de que ni el Mapa de Paisajes de Andalucía ni los Catálogos de Paisaje establecen limitaciones o normas de protección para su preservación y a que, en ocasiones, se eluden las directrices y normativas de protección o estas no son eficaces (Jefferson, 2018; Cialdea & Quercio, 2014).

Los resultados muestran también que las categorías paisajísticas que más infraestructuras eólicas soportaban en 2011 eran las mismas que a final de 2019, por lo que los impactos sobre estas no se han reducido, sino que se constata que otras categorías paisajísticas han incrementado su presencia en cuanto a potencia instalada. En concreto, la categoría litoral ha experimentado un incremento de potencia aparejado a una repotenciación de parques eólicos, con la consiguiente reducción del número de aerogeneradores. Se presupone que estas actuaciones de repotenciación deberían reducir los impactos asociados a las infraestructuras eólicas (Szumilas-Kowalczyk et al., 2020; Simon-Martín et al., 2019; Smallwood & Karas, 2009), sin embargo, también podrían aumentar debido al incremento en la altura de los aerogeneradores, a la fragmentación de hábitat que provoca la creación de nuevas plataformas y caminos para ubicar estas infraestructuras y a la posible afección a especies de aves y quirópteros distintas por el cambio en algunos parámetros como la altura del rotor, la circunferencia de barrido o la velocidad de las aspas (Huso et al., 2021; Jefferson, 2018; Shawn, 2017).

Estas investigaciones muestran que, frente a la supuesta idea de una transición energética amparada en un modelo de generación distribuida, el modelo actual está perpetuando el desacoplamiento entre los sistemas de producción y consumo energético, en línea con los modelos de producción de energía con fuentes no renovables. Los resultados contradicen la hipótesis de que las energías renovables promueven la generación distribuida en la que se produce un acercamiento de las zonas de producción a los focos de consumo (Pérez et al., 2007) y demuestra cómo la transición energética imperante, basada en las fuentes de energía renovable, está promoviendo grandes proyectos que utilizan las economías de escala para explotar estas fuentes energéticas (Nowakoski & Loomis, 2023), manteniendo un modelo de concentración energética que pone a unos territorios al servicio de otros. Todo ello podría estar relacionado con el desempoderamiento de lo local por la pérdida de poder en la toma de decisiones sobre qué tipo de actuaciones se pueden llevar a cabo en sus municipios (Sovacool & Dworkin, 2015). Incluso algunos autores califican estos procesos como una colonización infraestructural (Contreras y Matarán, 2023; Dunlap, 2023; Alkhalili et al., 2023; Dorn, 2022; Normann, 2021; Batel et al., 2017;), que sigue la lógica del extractivismo colonial, perjudicando a las comunidades, la naturaleza y la soberanía política y cultural de las poblaciones en el ámbito rural (Dunlap, 2023).

Por último, la disposición del número, modelo y año de implantación de aerogeneradores implantados en Andalucía resultará también fundamental en el futuro para el cálculo de toneladas de residuos, siendo posible estimar las necesidades de infraestructuras de transporte y gestión de estos residuos mediante la proyección de escenarios futuros basados en la fecha del final de la vida útil de estas instalaciones (Beauson et al., 2022; Majewski et al., 2022; Liu & Barlow, 2017). Estos cálculos y proyecciones servirán para dar más sentido al concepto de economía circular y ayudarán a completar los ciclos de vida de estas instalaciones, en línea con los objetivos internacionales adoptados en esta materia en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sotenible (Naciones Unidas, 2015) y europeos, que se determinan en la Directiva UE 2018/851 (Parlamento Europeo, 2018), por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos (Parlamento Europeo, 2008). Sin duda, este será un campo de investigación y trabajo que deberá ser abordado en un futuro próximo, no sólo por la comunidad científica, sino también por los organismos responsables de la gestión y ordenación del territorio.