Como suele ser norma con la documentación catastral ensenadista, es siempre redundante y puede encontrarse la misma información al menos en dos lugares. Para conocer los costes de realización del catastro, el primer conjunto documental al que acceder es el de nivel local, al que ya se ha aludido, la certificación de gastos que se incluía entre los Autos generales de cada operación. En él aparecen los salarios, despachos, gratificaciones y gastos en materiales ocasionados durante la averiguación del lugar.

El segundo conjunto de documentos son los costes de cada provincia, custodiados en el Archivo General de Simancas ³ . Estos están conformados por uno o varios legajos por provincia y, dentro de ellos, hay distintos documentos cuyo nivel de información y tipología son diferentes, por lo que es necesario conocer y estudiar cada uno de ellos para comprender qué, cómo y dónde buscar para hallar respuestas. A saber:

La metodología de trabajo para el análisis de los costes catastrales ha permitido la reconstrucción del coste a dos niveles: a nivel de toda la Corona de Castilla gracias a la revisión de la Certificación general de la Provincia y, a nivel provincial, a partir del vaciado sistemático de toda la documentación relativa a los gastos de la provincia de Jaén, partida a partida y maravedí a maravedí. Esto último ha permitido la reconstrucción, análisis y correlación, como se verá más adelante, de los factores que han tenido mayor incidencia en los costes catastrales en esta provincia.

A la hora de determinar y analizar los elementos y factores que inciden en los costes del levantamiento catastral partimos de una situación multifactorial, pues en ella inciden aspectos físicos y humanos que están interrelacionados: la topografía del terreno, el tamaño de la localidad y su término, la estructura de la propiedad, la parcelación del terrazgo, el volumen de población, el de semovientes, la muerte o circunstancias fortuitas de miembros de las audiencias, incidencias meteorológicas (fuertes nevadas, desbordamientos, etc.), epidemias en las localidades y zonas, recursos o materiales disponibles, etc. son elementos a tener en cuenta cuando se analiza y valora el gasto de cada operación catastral o de algún organismo involucrado en la pesquisa y en la elaboración de la documentación resultante.

A partir de la agregación de los datos de la Certificación general de la Provincia de 21 de las 22 provincias que formaban las Corona, el coste total de catastrar las Castillas alcanzó los 59.699.393 reales de vellón y 10 maravedíes. En dicha cantidad no se incluye el coste de la catastración del Reino de Sevilla (grosso modo, las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla), pues no hemos hallado la certificación de esta provincia. Los datos ponen de manifiesto notables diferencias entre las provincias que se recogen en la tabla 1.

El mayor gasto en valores absolutos se produjo en Galicia, con un total de 8.316.890-10 reales, mientras que el menor, Zamora, ascendió a 793.708-15 reales. En valores relativos, es decir, coste/base imponible, también se observan diferencias: Toro, Burgos, Salamanca y León-Asturias superan ligeramente el 4 %. Salvo Toro, eran provincias muy extensas, por lo que, en el caso de aquélla, habrá que buscar razones ajenas a su extensión para explicar el porqué de esa realidad. Murcia y Madrid, dos provincias no muy extensas, presentan un valor por debajo de 1 % (0,62 % y 0,90 % respectivamente).

Ahora bien, los datos de costes norte-sur de los territorios de la Corona responden, como primera aproximación, a una serie de factores que, de manera más o menos pronunciada, inciden en la catastración del espacio. Por un lado, la topografía del terreno nos lleva a intuir que es un elemento que afecta notablemente, así como, la realidad de la estructura de la propiedad y el nivel de parcelación de los territorios, pues la zona norte española se ha caracterizado mayoritariamente por un acusado minifundio y una elevada multiparcelación, junto a una topografía abrupta y un poblamiento disperso. Por el contrario, el sur se caracteriza por grandes latifundios y poblamiento concentrado. De esta manera, el proceso de comprobar, tierra a tierra, lo declarado llevaba bastante más tiempo a los peritos de las audiencias en las zonas de minifundio que en las de latifundio; asimismo, como escribían algunos de los contadores, lleva el mismo tiempo y consume el mismo papel describir una parcela de un celemín que una de 500 fanegas. Un municipio pequeño con 5.000 parcelas como pañuelos ocupaba más tiempo y recursos que uno varias veces mayor, con solo 1.000 parcelas de gran tamaño. Fue este, sin duda, un factor muy importante en los costes de la pesquisa ⁶ . Para probar esta afirmación, aunque de forma indirecta, calcularemos la correlación que existe entre el número de medidas de tierra ⁷ aportadas en el Estado resumen de las 22 provincias, con los costes totales de cada una de ellas, a sabiendas de que una aproximación mucho más exacta sería correlacionar parcelas con costes, pero este dato solo se puede tener vaciando, parcela a parcela y pueblo a pueblo, un número muy importante de localidades, algo que habrá que hacer en un futuro de mano de un equipo, no de un solo investigador (Fig. 4). Aquí utilizaremos el dato de medidas de tierra, aunque, en todo caso, entendemos que es válido como primera aproximación a una realidad muy compleja que exige seguir profundizando en la misma.

Como hemos podido comprobar, existe una correlación de (,819**) entre ambas variables, siendo la significación menor que <,001. Según el gráfico, en lugares como Galicia, León Asturias o Cuenca, vemos cómo se dan altos valores de coste y número de medidas agrarias. Además, el antiguo reino de Granada ⁸ , situado al sur peninsular, es de todas las provincias situadas al sur de Madrid, la que tiene un mayor coste y una topografía más abrupta. Pero también, esta información nos alerta de que hay zonas en dónde el grado de parcelación agraria no es tan determinante, como ocurre con Madrid, donde la clave está en el coste de averiguar la mayor ciudad de la Corona con unas actividades económicas y aspectos sociales muy complejos, un importantísimo volumen de población.

De este modo, comprobaremos ahora el grado de correlación entre el coste y la población de cada una de las provincias, usando para este último, los datos del Vecindario de Ensenada de 1759 (gráfico 2).

Teniendo en cuenta estos datos, existe una correlación de (,888**) entre el número de vecinos y los costes de las operaciones con una significación menor que <,001. De este modo, se observa cómo, a mayor número de personas, el tiempo empleado en la comprobación y cotejo de las mismas y de lo declarado por cada una y el número de asientos a incluir en la documentación que debía realizarse, aumentan notablemente, incidiendo, de forma importante en los costes de la pesquisa. Sin embargo, vemos algunas diferencias o elementos que requieren de una mayor explicación, como es el caso de Murcia, dado que hubo que repetir parte de las operaciones por la incomprensión del intendente Malaspina del sistema operativo.

Algo similar al caso antecedente sucede con la ganadería, pues esta debía ser contabilizada, examinada y calcular su esquilmo (valor económico) según su edad, sexo y uso, pues no computaban para el cálculo de la base imponible el ganado de labor (grafico 3). En este sentido, nos muestran una correlación entre los costes y el número de cabezas de ganado de (,863**) a nivel provincial dentro de la Corona de Castilla, cuya significación es menor a <,001. Estos elementos responden nuevamente de manera heterogénea, estando en unas provincias dicho ganado con una correlación mayor que en otras.

Una vez vistas las diferencias entre varios elementos que incidían en los costes de la catastración de las distintas provincias de la Corona de Castilla, es el momento de analizar en detalle qué factores inciden en el coste de una de una provincia concreta, como forma profundizar en detalle en los mismos. Para ello se ha elegido la antigua provincia de Jaén.

Debemos tener en cuenta que el espacio giennense tenía unos límites diferentes a los actuales. Cuando don Francisco de Varona y Rozas, marqués de Villaytre, fue nombrado intendente provincial, en 1750, se encontró con un territorio rodeado por cadenas montañosas en los límites de todos sus vientos, salvo al oeste por donde se abría paso el valle del Guadalquivir.

El devenir histórico, fuertemente marcado por la conquista cristiana y el asentamiento de órdenes militares, hizo que Jaén estuviese dividida, a mediados del siglo XVIII, en seis partidos con 74 términos: Alcalá la Real (2), Andújar (3), Cazorla (9), Jaén (23), Martos (12), Úbeda-Baeza (24), a la que se suma la localidad de Villafranca de las Abuxas, hoy de Córdoba (mapa 1).

Ahora bien, al proceso operativo de la provincia y la averiguación de cada uno de los términos, se suman los vaivenes experimentados en la intendencia con la incorporación del comisionado don Manuel Velarde, la llegada de don Joseph Joachim de Vereterra Valdés y Quiñones como intendente desde mayo de 1753 y, posteriormente, la de don Vicente Caballero, a partir del 11 de julio de 1755 para suplir el traslado de Villaytre a Salamanca. Además, la contaduría, como espacio de gestión y control de la catastración, había recaído en manos de don Joseph de la Cruz, quien por aquel entonces ya se encontraba “cargado de años y de dinero”, motivo por el cual delegó en su contador acompañado, don Agustín Francisco de Soto, quien controló y dirigió de facto aquella contaduría (Camarero Bullón, 2001).

Según los datos obtenidos en la Certificación general de la provincia de Jaén, que, como hemos visto anteriormente, era el documento que daba fe de las cuantían abonadas a lo largo de todo el proceso catastral y que, comúnmente, se presentan por organismos; se aprobaron en la provincia giennense un total de ocho libramientos, de los cuales, uno fue enviado por el comisionado Velarde, dos del contador Agustín Francisco de Soto, y el resto por el intendente Vicente Caballero con los costes hasta 1765. Todos en conjunto suman un total de 1.441.174,32 reales de vellón que se repartían de la forma en que se recoge en la tabla 5.

Ahora bien, el vaciado sistemático de la información contenida en la Cuenta general y los recados de justificación, nos muestra los costes de la provincia giennense desglosados por partidas. Por un lado, los salarios y por otro los gastos (alquiler, combustible, despachos, gratificación o ayudas, obras o acondicionamiento de los espacios, transporte, escritorio: donde se incluían papel, tinta, agallas, mazos, etc.). Estos últimos son los que muestran mayor variabilidad, e incluso, para su cuantificación, se requiere de una jerarquización o clasificación previa, pues la heterogeneidad de criterios de los escribanos al recogerlos hacía que, por ejemplo, anotasen gastos de gratificación como gastos de despacho, e incluso, utilizaban la denominación de “gastos menores”, sin especificar de qué se trataba, para lo que hay que leer el asiento o recibo justificativo.

De esta forma, hemos podido reconstruir el tiempo empleado en cada operación y su coste. Este elemento muestra una dinámica similar en todos los casos. La primera operación ejecutada por cada uno de los subdelegados al frente de sus audiencias, es más cara, elemento que se achaca a la falta de práctica de los protagonistas en esos primeros momentos.

Al comparar estos datos con los expuestos et supra para toda la Corona de Castilla, se observa cómo varía la correlación entre el coste de las operaciones y la utilidad o riqueza en la provincia giennense, obteniendo como resultado una correlación lineal positiva alta, situada en 0,873, al igual que una determinación significativa, quedando probada la hipótesis de la incidencia de la riqueza en los costes catastrales. No obstante, hallamos diferencias entre los mismos parámetros entre los datos giennenses y los obtenidos en la Corona de Castilla. Mientras que en el territorio giennense hablamos de una correlación positiva alta, a nivel de Castilla hemos visto cómo esa correlación es positiva moderada, 0,660. Lo que demuestra que, en Jaén, es más fuerte la correlación entre dicha riqueza y los costes de las averiguaciones.

Ahora bien, al observar el número de medidas agrarias, expresadas en fanegas en la provincia de Jaén por el formulario de la letra C, se constata cómo el coste por fanega tiene su máximo y mínimo, curiosamente, en el territorio del partido de Andújar (Aguilar Cuesta, 2019 y 2021), siendo Marmolejo el que tiene el menor coste, 0,21 rv./fg; mientras que el máximo se da en Andújar con 7,42 rv./fg. De este modo, la media del coste es de 2,16 rv/fg en la provincia giennense y, con estos datos, podemos medir la correlación entre ambos factores, siendo esta positiva moderada, situándose en 0,688, al igual que la determinación con un nivel de significación por debajo del 1 %.

Vemos aquí cómo la correlación entre dichos factores es menor, si lo comparamos con los datos de la Corona de Castilla (0,819). Este elemento indica que, en la provincia giennense, es menor la correlación entre medidas agrarias y coste. No obstante, esto se puede deber a numerosos factores que incidían en el cotejo y medición de los términos: altitud, orografía, vegetación que dificulte el trabajo, etc. Pero también, a otros, como fue el caso de La Guardia, operación-piloto del intendente Villaytre, donde incidieron dos elementos clave: los geómetras y agrimensores, los primeros por escasez y los segundos, según la carta de 14 de abril de 1751, porque:

Por otro, la adversa meteorología retrasó notablemente la catastración, pues la crecida del río durante el mes de noviembre “hizo incomunicable” La Guardia con la capital giennense y, además, se sumaron las continuadas “nieves y aguas que habían impedido el reconocimiento de tierras” por no poder pasear el campo ⁹ . Esta última situación también la sufrió don Cristóbal de Arquellada y Berrio quien fue designado al Partido de Cazorla como subdelegado y, entretanto se disponía a llegar a la capital giennense para recoger las órdenes del intendente, se vio sorprendido a mediados de mayo de 1751 por las lluvias que le impidieron avanzar durante seis días. (AGS, DGR, 1ª remesa, leg. 1884, fº 243).

La importancia del ganado es otro factor que se puede comparar a nivel intra e interprovincial. Para ello, hay que poner sobre la mesa dos cuestiones impuestas por la limitación de la documentación giennense. Uno, que el total de cabezas de ganado expresados en el Estado que manifiesta los productos verificados en las veinte y dos provincias, señalan para Jaén un total de 674.379 cabezas, de las cuales, 557.490 son declaradas por seculares y 116.889 por eclesiásticos como patrimoniales. Sin embargo, únicamente conocemos para cada localidad con total exactitud el número, tipología y utilidad de las cabezas de ganado secular, por no haberse conservado el Estado de la letra H de eclesiásticos ¹⁰ , que era el destinado a recoger y valorar el ganado. Dos, que durante la averiguación y ante los problemas planteados a la Real Junta, el ganado requirió de una revisión que ha hecho que, muchos autores, desconociendo este asunto, tomen por válidos datos del interrogatorio de la letra A o Respuestas generales, sin percatarse del error, puesto que en este documento lo que hay es una aproximación a los volúmenes de ganado, que serían ajustados tras la revisión y comprobación de lo declarado por los sujetos fiscales, tanto personas físicas como jurídicas. Cabe, por tanto, aclarar que las revisiones y el proceso de homogeneización de los datos que llevaron a cabo los revisores contadores, en el caso giennense, González de la Riva, afectó de lleno al Reino de Jaén en el punto dos, pues se solicitaba que:

Una vez expuestos dichos elementos, debemos analizar la correlación entre el ganado y el coste de la provincia giennense. Con estos factores, obtenemos un índice positivo alto y una determinación moderada, pues la correlación es de 0,793 con un nivel de significación por debajo del 1 %. Este dato a nivel provincial es comparable con los aportados para toda la Corona de Castilla, donde esa correlación es de 0,863 y, por tanto, más alta que a nivel intraprovincial.

Conocidos los costes para la Corona de Castilla y, tras examinar de manera pormenorizada las distintas partidas del Reino de Jaén, maravedí a maravedí, debemos preguntarnos si aquella magna averiguación fue cara para la Real Hacienda.

A priori, tres son los elementos de partida que presentan una mayor dificultad para responder tal cuestión. Primeramente, el prisma bajo el que se examina, pues, como hemos visto, la historiografía presenta la cuestión con más pasión que razón y crítica y la mano de las versiones de detractores y partidarios del marqués de la Ensenada. En segundo lugar, no podemos dejar de lado el fracaso que supuso no la averiguación, sino la subrogación de las Rentas provinciales por la única contribución. Esto ha dado pie a quienes no son capaces de ver más allá del cortoplacismo y darse cuenta que estamos, dado los numerosos intentos de reforma posteriores, ante un proyecto de Estado, con altura de miras y que, a pesar de no implantarse la única contribución, legó una base de datos de tal eficacia y solvencia, que cien años después era usada en el Congreso de los Diputados, dentro del debate sobre la reforma fiscal presentada por el marqués de Corvera, don Rafael de Bustos, quien explicaba que: “los datos que pudo tener presentes el gobierno que tuvieron que ser relativos, ó al catastro de 1749 formado durante la administración del marqués de la Ensenada, ó al censo de 1799, o a la estadística del señor Garay” (Prados García, 1851). Por último, toca determinar los costes de todo el proceso y compararlo de manera objetiva con otros proyectos contrastados.

Examinemos en este caso el coste de catastrar el Reino de Jaén, cuyo montante ascendió, entre 1750 y 1765, a 1.441.174 reales de vellón y 11 maravedíes. Este gasto se repartió de manera heterogénea a lo largo de ese período, siendo mucho mayor durante los primeros años, cuando se realizó el trabajo de campo en los términos giennenses. Tras descender, posteriormente, ese coste aumenta en el momento en el que la contaduría comience a realizar las copias de la documentación local destinada a ser enviada a los concejos, haciendo que las arcas de la Real Hacienda soportasen, poco a poco y de manera gradual, el coste económico.

Para valorar lo que significó dentro de los gastos de la Real Hacienda el coste del catastro de Jaén, compárese, por ejemplo, con los salarios de los “Criados de mi Real Casa” o criados del Rey, quienes, según el Reglamento de 1761, suponían una masa salarial anual de 2.076.482 rv. (Jurado Sánchez, 1996, pp. 555-562). Es decir, con las tres cuartas partes del salario de un año de estos criados, se pagaría la catastración completa del Reino de Jaén. Otro dato comparable son los costes de construcción de navíos, actividad considerada estratégica en el momento en el marco del proyecto ensenadista. Por ejemplo, el coste del Nueva España con 60 cañones ascendió a 4.969.870 rv., el Victorioso con 74 cañones fue de más de cinco millones de reales de vellón, mientras que el San Joachin fueron más de tres millones de reales de vellón (Aranda y Antón, 1999: 43-44). En el tramo del del canal de Campos del Canal de Castilla, empresa también emprendida por el marqués de la Ensenada, se invirtieron, entre 1753 y 1757, un total de 6.930.881 rv. y 20 mrv. (Helguera Quijada et al., 1988, p. 78).

Ahora bien, si nos centramos en los datos de la Corona de Castilla, vemos cómo ninguna de las 21 provincias para las que tenemos todos los datos superó el 5 % de la utilidad declarada en el Estado resumen de las 22 provincias. El porcentaje más alto fue Toro con 4,53 %, mientras que el más bajo fue Murcia, con 0,62 % (Tabla 1). Sin incluir Sevilla, el coste sumó 59.699.393 rv. y 10 mrv., lo que suponía el 2,58 de la utilidad declarada o base imponible para el futuro impuesto. Para entender tales cifras, podemos comparar esos datos con el ingreso fiscal medio anual de la Real Hacienda entre 1751 y 1760, ascendiendo a 380,41 millones de rv./año (Jurado Sánchez, 2017, p. 15). Esto supuso el 15,69 % de los ingresos fiscales medios de un año, sin embargo, es justo, al menos, dividir dicho importe entre diez años. De este modo, obtenemos, como resultado, que el coste anual del Catastro de Ensenada supone el 1,57 %, una cuantía asumible por la Real Hacienda, más si cabe, cuando entre los años 1743 y 1754, el saldo presupuestario fue positivo en 9,86 millones de reales, lo que no ocurría antes, ni pasará después de apartar a Ensenada de las cuatro Secretarías. Esto demuestra que, a pesar de costear la magna averiguación fiscal, la Real Hacienda hizo frente a los gastos con auténtica solvencia económica. Puede afirmarse que Zenón de Somodevilla puso en marcha sus proyectos con un soporte económico suficiente, hecho que demuestra infundadas las críticas sobre el coste y oportunidad de llevarla a cabo el proyecto catastral que ha expresado una parte de la historiografía.

Además de esto, podemos comparar dicho dato con el coste de Infantería, inválidos y milicias de 1760, que ascendió a 58.792.910 rv. (Jurado Sánchez, 2006, p. 169), es decir, el coste de un año de dicho cuerpo era algo menor que toda la pesquisa catastral, que ocupó unos 15 años.

Tras la exposición de estos datos, puede concluirse que: la obra de catastrar las Castillas no fue costosa al rey, teniendo la Real Junta de Única Contribución un exhaustivo control sobre el gasto y los trabajos realizados a fin de evitar el desfalco o despilfarro. Ahora bien, el abandono del proyecto, y el depósito de miles de volúmenes sin ser utilizados como base para una reforma fiscal no realizada, hizo que comenzará a ser costosa.

Por otro lado, hay que concluir que, a partir de la investigación realizada y presentada en este trabajo, por primera vez se conoce de manera exhaustiva y sistemática, el coste de un catastro del siglo XVIII, en este caso, el Catastro de Ensenada, cuyo coste total ascendió a los 59.699.393 reales y 10 maravedíes, para 21 de las 22 provincias de la Corona de Castilla. Asimismo, hemos establecido que el gasto supuso de media, el 2,58% de la riqueza imponible catastrada; sin embargo, hay notables diferencias entre las propias provincias, pues, para algunas, superaba el 4 %, mientras que otras no llegaban al 1 %. De todas ellas, la más barata en valores absolutos fue Zamora, con 793.708 reales y 15 maravedíes y la más costosa, Galicia, con 8.316.890 reales y 10 maravedíes, no siendo tampoco gravoso a los pueblos, con excepción de la declaración o memorial que debían presentar los vecinos si no los escribieron ellos mismos, salvo en el caso de los pobres, cuya declaración realizaban los escribientes de las audiencias sin cargo alguno para los interesados.

Dentro del Reino de Jaén, el coste de las 74 operaciones realizadas ascendió a 1.441.174 reales y 11 maravedíes, siendo el más alto con diferencia, el gasto en salarios del personal, y muy por debajo, el gasto en escritorio, equipamiento, funcionamiento, transporte, alquiler, etc. Asimismo, se han podido reconstruir los equipos catastradores, audiencias, con nombres y apellidos, e incluso, los lugares en los que trabajaron, sus salarios diarios, e incluso datos del día a día, tales como enfermedades sufridas, fallecimientos, problemas durante las averiguaciones con la población local, intentos de fraude, etc.

Por otro lado, los factores que incidieron significativamente en las averiguaciones podemos clasificarlos en dos grandes tipos: por un lado, geográficos, que englobarían aspectos como la topografía, extensión y parcelación del término, climatológicos como las lluvias, nevadas, etc., que provocaron retrasos en los trabajos de las audiencias y, por último, de salubridad del espacio debido a los casos de fiebres tifoideas (tercianas y cuartanas), u otras epidemias y endemias que sufrieron los protagonistas durante las averiguaciones; por otro, socio-económicos que engloban a la población: volumen, poblamiento (disperso, concentrado, disperso intercalar), grado de conflictividad, volumen del patrimonio inmobiliario, cantidad de ganado, de artefactos industriales, de las actividades económicas y su complejidad, estructura de la propiedad y parcelación del terrazgo, etc.

Del mismo modo, debemos poner en valor la correlación lineal negativa establecida entre el volumen de riqueza y el porcentaje que suponen los costes de su averiguación, debido a los gastos o costes fijos que apenas difieren de un lugar a otro. Sin embargo, para no malinterpretar tal afirmación, debemos aclarar que, en valores absolutos, los costes de dichas localidades son siempre menores que los de las mayores.

Teniendo en cuenta la correlación entre los costes y otros factores explicados, obtenemos los resultados contenidos en la siguiente tabla.

De esta forma, se observa cómo el vecindario en la provincia giennense está algo por encima, mientras que las medidas agrarias, debido a la escasa parcelación con respecto a otros lugares de la Corona de Castilla, tiene una correlación más baja en los costes catastrales.

Por otro lado, la fuente documental de estos costes se presenta de manera homogénea en su conjunto, aunque heterogénea en detalle, motivo por el cuál, hay diferencia en su orden dentro de algunas provincias, la forma en la distribución o desglose de los gastos, así como el nivel de detalle en la información de los asientos. Estos elementos requieren de una visión de conjunto y una jerarquización previa antes de comenzar a trabaja con la misma, pues, como hemos detectado, el factor humano hace que hayan establecido elementos similares en grupos distintos. Por ejemplo, que, dentro de los denominados “gastos menores”, se incluyan gratificaciones o compra de picón para calentarse.

Finalmente, hay que subrayar que es necesario proseguir con el estudios de los costes de la pesquisa catastral a nivel provincial para comprender las diferencias y similitudes según provincias, determinando los factores que inciden de forma más significativa en cada territorio. Asimismo, debe acompañarse el estudio y análisis de dichos costes con el estudio de la correspondencia y, en lo posible, con el muestreo de documentación local catastral de determinadas localidades, para valorar los datos en su justa medida, con el fin de entender el porqué de los mismos. Una correcta valoración de toda esa información permitirá valorar mejor la fuente y sus posibilidades de uso para el investigador.