La introducción y gestión del impuesto de Inmuebles, cultivos y ganadería, implantado a raíz de la reforma fiscal de 1845, generó una ingente documentación fiscal durante la segunda mitad del siglo XIX, entre la que figuran padrones de riqueza, amillaramientos, cartillas evaluatorias y, en algunas provincias, también mapas parcelarios municipales. Los primeros tipos de documentos, de carácter textual y estadístico, son bien conocidos y han sido utilizados, desde hace mucho tiempo, por geógrafos e historiadores en estudios de historia rural y geografía histórica (Mata y Romero, 1988; Pérez, 1998).

El conocimiento y utilización de la documentación cartográfica ha seguido, sin embargo, una trayectoria diferente. Desde principios de la década de 1960 diversos geógrafos, historiadores y urbanistas habían utilizado la cartografía parcelaria municipal de la segunda mitad del siglo XIX en la realización de estudios de carácter local (Castells, Catllar, Riera, 1994; Ribas, 2001; Plujà, 2003; Borrell, 2005; Nadal, Urteaga y Muro, 2006, pp. 111-112). Sin embargo, no ha sido hasta mediada la primera década del presente siglo cuando esta cartografía de carácter fiscal ha empezado a ser objeto de un estudio y catalogación sistemática. Como resultado de ello, en los últimos años han aparecido diversas publicaciones relativas a la cartografía parcelaria municipal elaborada, entre 1845 y 1895, en las provincias de las Baleares, Barcelona, Girona y Tarragona (Nadal et al., 2006; Vidal, 2007; Muro, 2008; Burgueño y Nadal, 2011; Rosselló y Rotger, 2011).

Este artículo resume los resultados de una investigación sistemática sobre la cartografía parcelaria municipal levantada en la provincia de Girona ¹ entre 1849 y 1885. La investigación se ha llevado a cabo a partir de la consulta directa de todos los archivos municipales y comarcales existentes en la provincia de Girona. También se han consultado archivos de carácter provincial, en particular el Arxiu Històric de Girona, y de carácter autonómico, como la Cartoteca de Catalunya (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya). ² Un primer resultado, de carácter general, de esta investigación se publicó en 2011 (Burgueño y Nadal, 2011).

En este artículo se ha intentado comparar la cartografía parcelaria municipal de la provincia de Girona con la realizada en las provincias de las Baleares, Barcelona y Tarragona. Esta aproximación comparada permitirá mostrar algunos aspectos singulares de los trabajos parcelarios gerundenses, al tiempo que sitúa la elaboración de esa cartografía local en un marco geográfico más amplio y general, correspondiente tanto a Cataluña como a las islas Baleares, que sin duda fueron los territorios de España donde este tipo de cartografía alcanzó un mayor desarrollo.

El trabajo se ha dividido en tres partes. La primera está dedicada a explicar la organización y gestión de la contribución territorial en la provincia de Girona entre 1849 y 1885. La segunda tiene como objetivo la descripción y análisis de la documentación cartográfica parcelaria catalogada a raíz de la investigación llevada a cabo. En la tercera se expone el interés de esta documentación para los estudios relativos a la evolución del paisaje agrario y rural del territorio gerundense durante la segunda mitad del siglo XIX.

A mediados de 1848, el Ministerio de Hacienda aumentó el número de recursos humanos y técnicos destinados a efectuar comprobaciones y evaluaciones de las estadísticas territoriales. Así, el mes de agosto creó unas comisiones provinciales de Estadística que colaboraban en el reparto de la contribución territorial en aquellos municipios en los que todavía no se había efectuado. También se encargaban de resolver las reclamaciones de agravio y reunir información estadística de la provincia. En un principio, se constituyeron comisiones provinciales de Estadística únicamente en 11 provincias; sin embargo, al cabo de un par de años todas las provincias de régimen tributario común contaban ya con una comisión de este tipo (Pro, 1992, 2007, 2019; Vallejo, 2008, 2010).

Tal fue el caso, por ejemplo, de las provincias de Girona y Tarragona, cuyas comisiones de estadística se crearon el 26 de noviembre de 1849 (Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, en adelante BOPG, 1850, n.º 5, pp. 17-18; Muro, 2011, p. 144). Las comisiones provinciales de Estadística funcionaron de forma independiente de las administraciones provinciales de Contribuciones directas hasta 1851, año en que pasaron a integrarse en las mismas.

El primer y único jefe de la Comisión provincial de Estadística de Girona fue Matías Monfort. Durante el tiempo que estuvo al frente de la misma se llevaron a cabo diversas tareas relacionadas con la gestión de la contribución territorial. El 29 de mayo de 1850 publicó una circular que informaba que se «ha infundido en algunos ayuntamientos de la provincia, la idea de que, ocultando la verdadera riqueza comprendida en los límites de sus respectivas jurisdicciones, había de redundar en beneficio propio y en el de sus administrados» (BOPG, 1850, n.º 64, p. 263). Dicha idea, según Monfort, había dado lugar a la presentación de muchos documentos municipales relativos a la contribución territorial erróneos. Unos meses más tarde, el 30 de octubre de 1850, se hizo público el reparto municipal del cupo de la contribución territorial asignado a la provincia de Girona para el año 1851. El cupo ascendía a 5.584.000 reales de vellón y su reparto municipal había sido obra, en gran medida, de la Comisión provincial de Estadística (BOPG, 1850, n.º 130, pp. 545-549). ³

Monfort pasó a formar parte, en julio de 1851, de la Administración de contribuciones directas, estadística y fincas del Estado de la provincia de Girona, cuyo jefe era Manuel Valverde y de Lanuza (BOPG, 1852, nº 29, p. 4). En esta situación se mantuvo hasta principios de 1853, cuando dejó de formar parte de la citada administración. Por su parte, Manuel Valverde, que había estado al frente del negociado de Contribuciones directas, como mínimo, desde mediados del año 1850, fue cesado de este cargo, así como del de administrador principal de la Hacienda provincial de Girona el 2 de agosto de 1854.

Su cese, provocado por la llegada al poder de los progresistas en julio de 1854, cerraba una larga etapa de control de la Hacienda pública por parte de los moderados. Durante estos años, la gestión de la contribución territorial en la provincia de Girona siguió un curso muy diferente del que tuvo lugar en la demarcación de Barcelona. Así, mientras en esta última provincia se levantaron 83 mapas parcelarios municipales entre 1849 y 1854, gracias a la eficaz gestión de su Comisión provincial de Estadística, en la de Girona se trazaron únicamente tres: Llívia (1849), Breda y Sant Martí de Llémena (1854) (Nadal et al., 2006, p. 45; Burgueño y Nadal, 2011, pp. 131-139). Esta cifra habla por sí misma del escaso papel que los responsables de la Hacienda provincial de Girona concedieron a la cartografía parcelaria como instrumento técnico para resolver los múltiples conflictos que planteó, desde el principio, la aplicación del citado impuesto.

De hecho, el levantamiento del primero de ambos mapas parcelarios, el Plan Catastral del término de la Villa de Llivia, es anterior a la creación de la Comisión provincial de Estadística de Girona. Su génesis hay que buscarla en una Real Orden de 1 de septiembre de 1848, por la que se establecía la cuota de la contribución territorial del municipio de Llívia (Nadal, 2009, p. 125). A fin de hacerla efectiva y proceder a su reparto entre los contribuyentes afectados, el Ayuntamiento y la junta pericial de Llívia pidieron al intendente provincial autorización para contratar los servicios de un agrimensor encargado de llevar a cabo las operaciones relativas a la estadística territorial de su municipio (Nadal, 2009, p. 125).

Tras diversas gestiones, se encargó la realización de estos trabajos a un geómetra francés llamado J. Padret (cabe recordar la condición de Llívia como enclave español en Francia). Sin embargo, el jefe político de la provincia de Girona, Manuel Giménez, ordenó el 24 de julio de 1849 al alcalde de Llívia que «inmediatamente […] dispondrá lo conveniente para que cese en la operación o recanación que está entendiendo en el término o pueblo de Llivia el agrimensor francés» (Nadal, 2009, p. 127). El Ayuntamiento intentó resolver el problema contratando los servicios de Agustí Puigvert, un agrimensor afincado en la ciudad de Girona (Nadal y Burgueño, 2008, p. 462). Sin embargo, el nuevo agrimensor se limitó a supervisar la labor parcelaria efectuada por Padret y a firmar el atlas parcelario resultante, aunque su verdadero autor fuera el mencionado geómetra francés. Este documento parcelario, elaborado entre agosto y diciembre de 1849, constituye el primer atlas parcelario municipal realizado en Cataluña vinculado a la gestión de la contribución territorial.

El segundo documento parcelario localizado, el Plano horizontal del término de Granollers de Rocacorba (localidad agregada al municipio de Sant Martí de Llémena en 1846) lo firmó, el 10 de septiembre de 1854, el agrimensor Josep Tauler. Mientras que el tercer plano parcelario documentado es el del municipio de Breda, que levantó, en 1854, el agrimensor Lluís Ballester. Estos dos documentos constituyen en realidad una verdadera excepción en el marco de la gestión moderada de la contribución territorial en las comarcas gerundenses.

El hecho de que la actividad cartográfica fuera tan reducida en la provincia de Girona durante la etapa moderada de implantación de la contribución territorial no implica que los ayuntamientos y juntas periciales gerundenses no tuvieran en cuenta a los agrimensores para resolver los múltiples problemas que generaba el reparto municipal de este impuesto. En realidad, tal como sucedió durante esos años en las provincias de Barcelona y Tarragona, muchos ayuntamientos gerundenses contrataron los servicios de expertos agrimensores para que elaboraran unos documentos estadísticos denominados, de forma genérica, libros de medición de tierras (Nadal et al., 2006, pp. 23-27; Burgueño y Nadal, 2011, pp. 127-131; Muro, 2011, pp. 145-148).

Estos libros constituían en muchas localidades de Cataluña la forma tradicional de inventariar la propiedad rústica de un término municipal. Una tradición literal que tiene sus orígenes en el Catastro de Cataluña o de Patiño, implantado por las nuevas autoridades borbónicas a partir de 1715 (Nadal, 1971; Alcoberro, 2005, pp. 231-257; Burgueño, 2007, pp. 39-49, 2009, pp. 261-288). La información clave de estos libros es la superficie de las parcelas sujetas a gravamen fiscal. Un conocimiento cuya determinación requería la intervención de un geómetra o agrimensor -titulado o no- hábil en este tipo de operaciones. Muchos de estos libros contenían también información sobre el uso y las calidades agrícolas de las parcelas, por lo que constituían un valioso instrumento fiscal a partir del cual los ayuntamientos podían efectuar el reparto del cupo de la contribución territorial asignado.

De momento, se han localizado en la provincia de Girona libros de medición de tierras relativos a todas las décadas de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, los elaborados a raíz de la implantación de la contribución territorial en 1846 constituyen la mayoría. La Figura 1 permite observar que el mayor número de este tipo de documentos estadísticos se corresponde con el período en que la Hacienda estuvo bajo control moderado. Su confección continuó siendo importante hasta 1857, año en que empezaron a ser sustituidos por mapas parcelarios (Burgueño y Nadal, 2011, p. 130).

El nombramiento por los nuevos gobernantes progresistas, el 2 de agosto de 1854, de Miguel de Juaritzi como responsable de la Hacienda pública de la provincia de Girona no supuso un giro radical en la gestión de la contribución territorial. De hecho, los cambios más importantes se produjeron a partir de 1857 y no tuvieron nada que ver con la gestión de este impuesto, sino con un incremento notable de la presión fiscal. Así, si el cupo asignado a la provincia de Girona para 1856 era de 5.566.000 reales de vellón, el establecido para el año siguiente ascendió a 6.493.667 rs. (BOPG, 1855, n.º 144, pp. 5-9; 1857, n.º 46, p. 2). De un año para el otro la presión fiscal aumentó un 16,6 %, y aún lo haría más en los años siguientes. El 26 de diciembre de 1857, el entonces ministro de Hacienda del gobierno de la Unión Liberal, Alejandro de Mon, decidió aplicar una subida del 12 al 14 % a la base imponible sobre la riqueza territorial de todo el país a fin de que la Hacienda pública pudiera ingresar 350 millones de reales de vellón en 1858, una cantidad que suponía añadir 50 millones más al erario (BOPG, 1858, n.º 4, pp. 1-2; Pro, 1992, p. 139; Vallejo, 2001, pp. 227-230). Como resultado de ello, el cupo de la contribución territorial asignado a Girona para 1859 pasó a ser de 7.252.611 rs. (BOPG, 1858, n.º 146, p. 9).

El aumento fue acompañado de otras medidas fiscales. Así, el 28 de marzo de 1860, la administración provincial de Hacienda exigió la rectificación o actualización de los amillaramientos (BOPG, 1860, nº 39, p. 2). Todos estos cambios contribuyeron a incrementar la conflictividad fiscal, que se manifestó, a partir de principios de la década de 1860, a tres niveles diferentes. En primer lugar, mediante un aumento de las reclamaciones de agravio presentadas por los ayuntamientos gerundenses. En segundo lugar, por las operaciones de comprobación practicadas por la Administración provincial de Hacienda. Y, finalmente, por las reclamaciones presentadas por contribuyentes particulares.

Por lo que se refiere al primer tipo de conflictos, se puede señalar el caso de los ayuntamientos de Ultramort y Capsec, cuyos alcaldes habían hecho pública, en diciembre de 1860, la decisión de presentar una reclamación de agravio (BOPG, 1860, n.º 147, p. 3; n.º 156, p. 4). Por su parte, el Ayuntamiento de Fornells de la Selva también había presentado una reclamación de agravio que quedó resuelta a finales de 1863 (BOPG, 1863, n.º 153, p. 4).

A fin de hacer frente a estas reclamaciones, la administración provincial de Hacienda de Girona envió comisiones de comprobación a alguno de los municipios que las habían presentado. Este fue el caso del municipio ampurdanés de Vilaür. Su ayuntamiento, disconforme con la riqueza imponible que le habían estimado, presentó una reclamación de agravio que obligó a las autoridades provinciales de Hacienda a enviar una comisión de comprobación en 1862. Como resultado de ello, el alcalde de Vilaür, Narcís Pasig i Saguer, publicó, en agosto de 1862, una nota en el BOPG, en la que indicaba que «el amillaramiento de este distrito, formado con arreglo al resultado obtenido en las operaciones practicadas por la comisión nombrada por la Hacienda sobre el terreno, para comprobar la reclamación de agravio que se venía sosteniendo, estará de manifiesto por el término de ocho días» (BOPG, 1862, n.º 102, p. 4). El caso de Vilaür no fue único. La administración provincial de Hacienda admitió, el 19 de abril de 1863, haber realizado inspecciones sobre el terreno como consecuencia de diversas reclamaciones de agravio que le habían presentado también los ayuntamientos de Canet d’Adri y Vilablareix (BOPG, 1863, n.º 57, pp. 2-8).

Uno de los empleados de la administración central del Estado que participaron en estas tareas de comprobación fue Pedro Martínez Quintanilla, un ilustrado funcionario que entre 1850 y 1866 estuvo adscrito al negociado de Estadística del Gobierno civil de Girona. Precisamente había formado parte de una comisión de comprobación nombrada por la Administración provincial de Hacienda para averiguar datos relativos a la riqueza territorial del municipio de Vilademuls en 1860 (Buscató, 2007, p. 41). Uno de los frutos de su labor en este negociado fue la publicación, en 1865, de una detallada monografía estadística titulada La provincia de Gerona. Datos estadísticos de su territorio, población […].

Por otra parte, en 1861 un numeroso grupo de propietarios de tierras solicitó, de forma individual, a la Administración provincial de Hacienda que se rectificaran algunos de los amillaramientos presentados. Este es el caso, por ejemplo, del barón de Rodas, que alegaba que el Ayuntamiento de Santa Llogaia d’Àlguema había variado los tipos de evaluación establecidos en perjuicio de sus intereses. El de Félix Marcé, contribuyente del municipio de Llagostera, que se quejaba de la cuota a pagar que le habían impuesto los peritos encargados de elaborar el amillaramiento. O el de Salvio Heras, contribuyente del municipio de Vilamaniscle, a quien habían impuesto una cuota que duplicaba la abonada el año anterior (BOPG, 1861, n.º 28, p. 4).

La resolución de todos estos conflictos hizo que, a partir de 1857, un número creciente de ayuntamientos gerundenses, así como la propia administración provincial de Hacienda, empezara a contratar los servicios cartográficos de agrimensores. Los ayuntamientos empeñados en hacer prosperar sus reclamaciones de agravio, o bien en desactivar las quejas presentadas por algunos de los contribuyentes locales, requerían los técnicos capaces de elaborar un documento fiscal objetivo y prácticamente inapelable: un plano parcelario municipal. En cambio, la administración provincial de Hacienda, interesada en que se llevase a cabo el proceso de rectificación de los amillaramientos o en desactivar las reclamaciones de agravio, les requerían básicamente para la confección de otro tipo de documento: los planos de perímetros municipales.

Como consecuencia de ello, entre 1857 y 1866 tuvo lugar la segunda y más importante etapa en la producción de mapas parcelarios de la provincia de Girona (Fig. 1). Una etapa en la que se elaboró el 65 % de los mapas parcelarios catalogados y fechados, alcanzándose en 1864 el punto álgido de la actividad parcelaria con seis mapas levantados. De hecho, durante estos años se levantaron más mapas parcelarios en la provincia de Girona que en la de Barcelona. Esta actividad no fue, sin embargo, extraordinaria, ya que fue muy similar a la que experimentaron durante este periodo las provincias de Baleares y Tarragona (Muro, 2011, pp. 143-158; Rosselló y Rotger, 2011).

Un caso que permite ver los motivos que propiciaron una actividad cartográfica tan significativa durante dicha etapa es el de Besalú (Garrotxa), cuyo plano parcelario fue levantado en 1862. El cupo de contribución territorial asignado a la provincia de Girona para ese año ascendía a 9.788.698 reales de vellón (BOPG, 1861, n.º 140, p. 8). El reparto municipal, formado por la administración provincial de Hacienda y rectificado por la Diputación provincial, consideraba que la riqueza imponible de Besalú era de 156.000 rs., una estimación que obligaba a este municipio a contribuir a Hacienda por razón de este impuesto con un total de 28.456 rs. (BOPG, 1861, n.º 140, p. 2). Disconforme con dicha estimación, el Ayuntamiento de Besalú suscribió un contrato con el maestro de obras y agrimensor ampurdanés Joan Papell i Llenas por el que se le encargaba «la formación del amillaramiento y demás documentos oportunos con el fin de reclamar de la Administración lo que en derecho tenga lugar» (Actas municipales del Ayuntamiento de Besalú, 18-12-1861). El contrato establecía, entre otras cosas, que el citado agrimensor «se obliga a la medición y formación del correspondiente plano general, clasificación y consiguiente amillaramiento de todos los terrenos que constituyen la villa de Besalú».

De acuerdo con lo estipulado en la contrata, Joan Papell i Llenas presentó, el 29 de noviembre de 1862, el Plano geométrico-topográfico de los terrenos que constituyen el distrito municipal de Besalú a escala 1:2000. Unos meses más tarde, el 30 de marzo de 1864, finalizaba el Libro de apeo y clasificación de la villa de Besalú. El Ayuntamiento de Besalú esperaba, en julio de 1863, que con los trabajos de Papell i Llenas concluidos «y resultando de ellos que la riqueza rústica, urbana y pecuaria ser la de ciento treinta y ocho mil setecientos setenta reales de vellón y asegurar es la verdadera según conocimientos científicos que tiene y no la de ciento y cincuenta y seis mil que impone la Administración [de Hacienda] de esta provincia, lo cual da lugar a la reclamación de agravios con esperanza de corregir el exceso de diez y siete mil doscientos treinta reales de vellón» (Actas municipales del Ayuntamiento de Besalú, 6 de julio de 1863).

Pero los minuciosos trabajos parcelarios y estadísticos llevados a cabo por Papell i Llenas no sirvieron para conseguir que su reclamación sobre la riqueza imponible estimada por la Administración provincial de Hacienda prosperase. Así, en los repartos municipales del cupo de la contribución territorial asignado a la provincia de Girona para 1864, 1865, 1866 y 1867, la riqueza imponible estimada de Besalú permaneció inalterable: 156.000 reales de vellón (BOPG, 1863, n.º 57, p. 2; 1864, n.º 63, p. 2; 1865, n.º 53, p. 2; 1866, n.º 48, p. 2). El fracaso de la reclamación fue patente, ya que, justamente durante estos años, el cupo de la contribución territorial asignado a la provincia de Girona experimentó muy pocos cambios. Cabe imaginar que la indiferencia de la administración a las razonadas apelaciones municipales supuso un serio revés para las perspectivas de trabajo de los agrimensores.

El fin del proceso de rectificación de los amillaramientos a mediados de la década de 1860, así como la grave crisis que afectó a la economía española entre 1864 y 1869, hicieron que la producción cartográfica quedará paralizada en la provincia de Girona a partir de 1866. Dos años más tarde, la actividad catastral volvió a animarse con el advenimiento de la Gloriosa, en septiembre de 1868, tal como sucedió en las provincias de Barcelona y Tarragona (Nadal et al., 2006, pp. 97-107; Muro, 2011, pp. 143-158). Como consecuencia de ello, entre 1869 y 1872, se confeccionaron tres de los documentos parcelarios localizados.

Después, durante los primeros años de la Restauración, la actividad parcelaria quedó prácticamente interrumpida, volviéndose a emprender en 1879 para quedar definitivamente paralizada en 1885. Durante estos años se elaboraron 9 mapas parcelarios, una cifra que representa el 20 % de la cartografía parcelaria catalogada. El último impulso a la actividad cartográfica fue consecuencia de una serie de intentos de los gobernantes de la Restauración para reformar el sistema de confección de los amillaramientos. Sin embargo, su fracaso a principios de la década de 1880 hizo que la actividad cartográfica parcelaria en la provincia de Girona quedase, tal como sucedió en Barcelona, definitivamente paralizada a mediados de esa década (Nadal et al., 2006, pp. 95-107).

Los trabajos catastrales emprendidos, a partir de 1849, en la provincia de Girona a raíz de la implantación y gestión de la contribución de Inmuebles, cultivos y ganadería, dieron lugar a la formación de un considerable número de mapas parcelarios. Concretamente la investigación que se llevado a cabo nos ha permitido inventariar la existencia de un total de 46 documentos cartográficos parcelarios diferentes, correspondientes a 44 municipios gerundenses. De este conjunto documental, se han localizado 33 mapas: 28 en su totalidad y 5 de forma parcial (únicamente se han hallado algunas de las hojas que los integraban en origen). Los restantes 13 mapas identificados no han podido ser localizados, aunque se conserva información que atestigua su existencia. El primer documento cartográfico que se trazó fue, tal como se ha indicado, el atlas parcelario de Llívia (Cerdanya), de 1849, mientras que el último datado corresponde al plano parcelario de Mieres (Garrotxa), levantado en 1885 por el maestro de obras Joan Papell i Llenas.

Los planos y atlas parcelarios catalogados de la provincia de Girona no responden a un proyecto unitario y uniforme de catastro parcelario (tampoco los realizados en las provincias de Baleares, Barcelona y Tarragona). A pesar de ello, presentan una serie de elementos cartográficos y geográficos comunes, de manera que constituyen una serie cartográfica específica de tipo catastral. Así, presentan todas o casi todas las características cartográficas y geográficas siguientes:

Los documentos catalogados pueden clasificarse, en razón a la información contenida y a su formato, en dos categorías diferentes: los propiamente parcelarios y los perimetrales. El primer tipo de mapas es netamente mayoritario, pues está formado por 30 de los 32 documentos cartográficos localizados. La segunda modalidad, mucho más expeditiva, se compone únicamente de dos mapas: Perímetro municipal de Castell d’Aro, anónimo y sin fecha, y Perímetro del término de San Sadurní y partes colindantes, levantado en 1859 por Genís Giralt.

Los mapas parcelarios se realizaron en dos formatos muy diferentes: planos y atlas. Los planos están compuestos por una o diversas hojas sueltas de grandes dimensiones, llegando a medir algunas hasta 5,5 metros de largo por 1,5 m de ancho. En su mayoría (24 documentos) se trazaron a escalas 1:2500 o 1:2000 (Fig. 2). De hecho, un destacado cartógrafo ampurdanés, Joan Papell, autor de un exitoso Tratado de dibujo topográfico (1892), recomendaba la utilización de la escala 1:2000 para los planos parcelarios (Burgueño, 2008, p. 165). La adopción de unas escalas tan detalladas contrasta vivamente con la cartografía parcelaria realizada en las provincias de Barcelona y Tarragona, donde predominó el uso de la 1:5000 (Nadal et al., 2006; Muro, 2008). En cambio, la elección tiene gran similitud con la adoptada en la cartografía parcelaria elaborada en las islas Baleares (Vidal, 2007, pp. 87-94; Rosselló y Rotger, 2011).

Es plausible pensar que el predominio de las escalas grandes obedece, en el caso gerundense, a la influencia directa del catastro francés, ya que la escala 1:2500 fue oficial en los levantamientos parcelarios realizados en Francia hasta 1837 y, a partir de ese año, lo fue la 1:2000 (Kain y Baigent, 1992, p. 232; Bourillon, Clergeot y Vivier, 2008). No obstante, también existen algunos planos a escalas más pequeñas: 1:5000 en el caso de algunos mapas trazados principalmente por agrimensores barceloneses, y 1:13000 en los mencionados dos casos de mapas perimetrales, de factura mucho más simplificada.

Los dos únicos atlas catalogados son el ya citado de Llívia (1849) y el de la Jonquera (Alt Empordà) de 1883. El primero constituye una excepción en el panorama de la cartografía parcelaria catalana, pues se trata de una traslación casi mimética a nuestro país del modelo catastral francés (Fig. 3). La filiación francesa se aprecia en múltiples aspectos formales y de contenido. En primer lugar, todas las hojas llevan impresa una cartela grabada en una litografía francesa. La escala empleada, 1:2000, como ya se ha comentado, es la misma que había adoptado el catastro francés a partir de 1837. También del patrón francés se adoptó la subdivisión del municipio en secciones catastrales, de manera que las hojas del atlas están ordenadas en tres secciones: A (4 hojas), B (con 3) y C (con 4). Lo mismo puede decirse de la numeración del parcelario, que es independiente para cada sección, así como el hecho que estén numeradas tanto las parcelas de carácter rústico como las de tipo urbano. Además, al igual que en el caso francés, el atlas va acompañado de unos cuadernos estadísticos específicos para cada sección, que en el caso de Llívia se denominan Cabidas totales de las secciones (Nadal, 2009, p. 134).

El escaso número de atlas parcelarios localizados en la provincia de Girona contrasta con el caso de las provincias de Barcelona y Tarragona. Este hecho resulta sorprendente teniendo en cuenta que por lo general en Girona se levantaron a una escala mayor que en esas otras dos provincias catalanas. Precisamente la confección de atlas parcelarios está asociada, por lo común, al uso de escalas grandes tales como 1:2000 o 1:2500, pues el formato de una colección de láminas resuelve el problema de dimensión que genera el empleo de tales escalas. Su escaso empleo en Girona daba lugar a la utilización de unos rollos de dimensiones poco manejables y de difícil conservación (Nadal, 2007, pp. 95-96).

Aunque el atlas de Llívia fuese el primer documento parcelario levantado en la provincia de Girona, su realización constituye una excepción puntual y con escasa repercusión en el resto de la provincia. De hecho, la documentación localizada muestra que, desde el punto de vista formal, los agrimensores gerundenses se alejaron tanto del modelo catastral francés como de la cartografía parcelaria practicada en las provincias de Barcelona y Tarragona. En realidad, la singularidad gerundense presenta cierto paralelismo formal con la cartografía realizada, de forma coetánea, en la isla de Menorca por el agrimensor Miquel Sorà, entre 1860 y 1862, quien trazó los planos parcelarios de todos los municipios de Menorca a escala 1:2500. Estos mapas estaban compuestos por una única hoja de grandes dimensiones de 95 cm de ancho y varios metros de longitud, pero que en este caso podían consultarse gracias a una mesa-visor de 180 cm dotada de manivelas (Vidal, 2007, p. 89; Rosselló y Rotger, 2011).

Ciertamente la solución formal escogida por la mayoría de los agrimensores gerundenses, la utilización del menor número posible de planos, minimizaba el problema de interpretación y lectura global del territorio municipal que implica la fragmentación y discontinuidad del parcelario en el formato de atlas, por definición formado por múltiples hojas cuyo enlace no resulta fácil al lector poco avezado. Por otra parte, la realización del plano de cada municipio en unas pocas hojas de grandes dimensiones también permitía economizar rotulación y, en general, dibujo. Ese tipo de representación empleado en la provincia de Girona permitía, además, prescindir de los mapas u hojas complementarias que ofrecían una imagen de conjunto del municipio a escala 1:10000 o 1:20000, los cuales sí solían acompañar a los atlas parcelarios (Nadal, 2007, p. 95). Un mapa a gran escala permitía por si mismo la fácil ubicación de cada propiedad en el marco general del término municipal. Esta podría ser la razón por la que, en el caso de Girona, se hayan localizado tan pocos mapas de este tipo. De hecho, el único catalogado que responde a estas características es el correspondiente al término municipal de Llagostera (Gironès), el cual reduce y resume a escala 1:13000 el mapa parcelario detallado levantado a escala 1:2500 por el director de caminos vecinales Agustí Bragat en 1872 (Albà, 2014, pp. 134-137; Burgueño y Nadal, 2014, pp. 138-159).

Sin embargo, la opción de emplear sólo unas pocas hojas de gran formato planteaba graves problemas de conservación. Para resolverlos, el agrimensor Joan Papell i Llenas entregó cada hoja de alguno de sus mapas parcelarios enrollada dentro de un tubo de latón. Así lo hizo al menos con los mapas parcelarios de Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany) y Mieres (Garrotxa), levantados en 1883 y 1885, respectivamente. Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar que esta solución, adoptada de forma tardía y bastante excepcional, no estaba tampoco exenta de problemas. Si bien las hojas relativas al municipio de Campmajor se encuentran entre las mejor conservadas de la provincia, las tres hojas que constituyen el mapa de Mieres se han visto afectadas por los problemas de oxidación que, en algún momento, padecieron los tubos de latón donde se guardaban.

Otra singularidad formal de los mapas parcelarios trazados en la provincia de Girona deriva del hecho que la información parcelaria fue representada en muchos mapas atendiendo a la división municipal o catastral anterior a la revolución liberal. Así, por ejemplo, el agrimensor Miquel Pumarola i Brugat efectuó, en fecha tan tardía como 1881, un levantamiento parcelario del municipio de Santa Cristina d’Aro formado por 4 hojas, una por cada parroquia y demarcación catastral del siglo XVIII: Bell-lloc, Romanyà de la Selva, Santa Cristina d’Aro y Solius. Esta singularidad se explica por el arraigo del sistema tributario vigente en Cataluña desde la implantación del Catastro borbónico, también llamado de Patiño, que dio lugar a una utilización inercial de las antiguas demarcaciones a efectos del reparto de la contribución territorial por parte de la administración provincial de Hacienda de Girona; estas demarcaciones propias del Antiguo Régimen tuvieron plena vigencia oficial hasta 1864 (BOPG, 1864, n.º 63, p. 2; 1865, n.º 53, p. 2).

Como puede apreciarse en la Figura 4, se han localizado mapas en los 6 partidos judiciales en que estaba dividida la provincia de Girona, aunque si tomamos como referencia administrativa las actuales comarcas destaca la ausencia de ejemplares en los municipios del Ripollès. La mayoría de los municipios con cartografía parcelaria cuenta con un único documento cartográfico. Las únicas excepciones a esta norma las presentan los municipios de Arbúcies (Selva) y Llagostera (Gironès). Arbúcies constituye, por otro lado, el único municipio de la provincia de Girona del que tenemos constancia documental de que se llevaron a cabo dos levantamientos parcelarios diferentes: uno, en 1859, a cargo del agrimensor Daniel Sans y otro, en 1863, obra del agrimensor Joan Bayer.

La práctica total ausencia de municipios con más de un levantamiento parcelario constituye otra gran diferencia con el caso barcelonés, ya que en ese hubo 17 municipios que fueron objeto de más de un levantamiento parcelario. Por tanto, la actividad catastral registrada en la provincia de Girona no sólo tuvo una extensión menor que en la de Barcelona, sino que su intensidad también fue claramente inferior. En este sentido, el caso gerundense se asemeja, de nuevo, mucho más a las experiencias de las provincias de las Baleares y Tarragona (Rosselló y Rotger, 2011; Muro, 2011, pp. 147-153).

El porcentaje de municipios de la provincia de Girona con mapas parcelarios es del 17,6 %, una cifra claramente inferior al de las provincias de las Baleares (100 %) y Barcelona (32,1 %). ⁴ Sin embargo, se trata de un porcentaje bastante similar al obtenido en la provincia de Tarragona, 14,5 % (Nadal et al., 2006, p. 112; Muro, 2008, p. 443; Rosselló y Rotger, 2011). La diferencia con Barcelona obedece, seguramente, a una menor presión de la administración provincial de Hacienda y, a la vez, a una menor utilidad de los planos como instrumento de reclamación de la cuota contributiva, pero también debe ser efecto, como se expondrá más adelante, de un mayor número de pérdidas debido a una situación bastante más precaria de los archivos municipales de la provincia de Girona así como a la ausencia de mapas parcelarios de municipios gerundenses en los archivos estatales.

El escaso número de mapas catalogados no permite establecer un patrón detallado de su distribución geográfica. A pesar de ello, se pueden apuntar una serie de tendencias que responden, de forma general, a factores de carácter agrario e histórico. La Figura 4 evidencia, con claridad, cómo la extensa llanura ampurdanesa y sus inmediatos aledaños montañosos fueron las áreas más cartografiadas de toda la provincia. Los partidos judiciales de Figueres y de La Bisbal d’Empordà contabilizan un total de 21 municipios con cartografía parcelaria, una cifra que representa el 47,7 % de este tipo de municipios. El partido judicial de Figueres con 12 municipios es el que posee el número más elevado de toda la provincia, seguido por La Bisbal d’Empordà, que cuenta con 9. Sin embargo, el orden se invierte si se tiene en cuenta el porcentaje de localidades con cartografía parcelaria en relación con el total de municipios que compone cada partido judicial. En este caso, el partido judicial con mayor porcentaje es La Bisbal (25,7 %), seguido a una cierta distancia por Figueres (19 %).

Estas cifras responden, en gran medida, al fuerte arraigo que la práctica de la agrimensura poseía en esta parte de Cataluña, como mínimo, desde finales del siglo xviii (Ribas, 2001; Nadal, Burgueño, 2008 y 2020). El hecho de que ambos partidos judiciales acapararan la producción de casi todos los libros de medición de tierras realizados en la provincia de Girona constituye una buena prueba de ello.

Además, hay que tener en cuenta que, durante la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de Figueres fue, con un total de 18 agrimensores, la población gerundense donde residía el mayor número de este tipo de cartógrafos. La vitalidad de esta ciudad como centro aglutinador de actividades catastrales fue tal que durante el último tercio del siglo XIX contaba con dos empresas dedicadas a trabajos parcelarios: el Centro Facultativo Artístico e Industrial, propiedad del maestro de obras Joan Papell i Llenas; y, el Centro Ampurdanés de Formación de Registros de Fincas Rústicas, Urbanas y de Ganadería y Confección de Amillaramientos, dirigido por el agrimensor Joan Jordi i Álvarez. Esta preminencia no impidió que otras localidades ampurdanesas como La Bisbal d’Empordà, Castelló d’Empúries, Fortià, Lladó, Perelada, Torroella de Montgrí y Vilamaniscle contaran con uno o más agrimensores afincados en sus respectivos términos municipales (Nadal y Burgueño, 2008). La Figura 5 resume la localización de los agrimensores gerundenses y dónde obtuvieron su titulación.

Todas estas circunstancias contribuyeron, seguramente de forma decisiva, a que la granja-escuela de Fortianell (Alt Empordà), creada en 1855 como uno de los principales centros de formación agrícola de Cataluña, empezará a impartir a partir del curso 1860-1861 la enseñanza de la agrimensura. Primero, de forma independiente, y después como una entidad asociada al vecino instituto de Figueres. Como consecuencia de ello, el instituto de Figueres expidió, entre 1861 y 1882, el título oficial de «agrimensor, perito tasador de tierras» a 80 estudiantes (Burgueño y Nadal, 2007).

El partido judicial de Girona cuenta, al igual que el de la Bisbal d’Empordà, con 9 municipios con planos parcelarios, aunque su porcentaje, que es del 16,1 %, resulta claramente inferior al del mencionado partido ampurdanés. La mayoría de los municipios se encuentra situado en la rica área agrícola cercana a la capital o bien en sectores colindantes con áreas de otros distritos con abundantes trabajos cartográficos parcelarios. Debe tenerse en cuenta que la capital provincial también contaba, desde finales del siglo xviii, con una selecta nómina de agrimensores, tal como lo atestigua la activa dinastía de los Barnoya (Molí, 1974-1975; Maruny, 2006; Doménech, 2001). De hecho, en 1870, residían en Girona cinco agrimensores: Agustí Bragat, Narcís Homs, Agustí Poch, Francesc Puig i Agustí Puigvert (BOPG, 1870, 66, 6). A pesar de ello, su papel como centro aglutinador de la actividad cartográfica parcelaria provincial fue claramente inferior al desempeñado por Figueres. Esta circunstancia se aprecia, claramente, en el tema de la enseñanza de la agrimensura a escala provincial, ya que ésta empezó a impartirse en el Instituto de Girona durante el curso 1866-1867, es decir, 6 años más tarde que en Figueres, y finalizó un curso más tarde, cuando apenas sí se habían expedido 8 títulos de «agrimensor, perito tasador de tierras» (Burgueño y Nadal, 2007).

El partido judicial de Olot cuenta con 6 municipios con cartografía parcelaria, lo que equivale a una quinta parte de sus municipios. Se trata de uno de los porcentajes más elevados de toda la provincia, superior al de los partidos judiciales de Figueres y Girona y próximo al de La Bisbal d’Empordà. La mayoría de estos municipios no corresponden a las zonas agrícolas más ricas, sino que por lo general ocupan una posición periférica y limítrofe con el Empordà y Pla de l’Estany.

El partido judicial de Santa Coloma de Farners cuenta con 5 municipios con cartografía parcelaria, un número que representa el 17,9 % de sus municipios. La mayoría de estos municipios (4) eran limítrofes con el partido judicial de Arenys de Mar (provincia de Barcelona), el cual cuenta con un elevado porcentaje de cartografía parcelaria municipal (Nadal et al., 2006, p. 113).

En último lugar, se encuentra el extenso partido de Puigcerdà, que comprendía no sólo la parte gerundense de la comarca de la Cerdanya, sino también la comarca del Ripollès. Este partido judicial cuenta sólo con tres municipios con cartografía parcelaria, todos ellos en la Cerdanya, una cifra que representa el 7,9 % de sus municipios. Las razones que explican un porcentaje tan bajo son, básicamente, de tipo ecológico, ya que el territorio de este partido es muy montañoso. En su mayor parte está cubierto por bosques y pastos, constituyendo las explotaciones ganaderas y forestales las principales fuentes de actividad económica. En este sentido, el carácter marginal o secundario que desempeñaba la agricultura constituiría el factor clave que explica que las cuotas de la contribución territorial fueran más bajas que en el resto de la provincia y, por tanto, menores los problemas que planteaba la gestión de este impuesto.

La cartografía localizada corresponde mayoritariamente a localidades netamente rurales, con una media de población del orden de 1163 habitantes (1857). Se echan en falta planos de villas y ciudades, en particular en las cabeceras de partido judicial. Únicamente Blanes era una de las principales localidades de la provincia (5888 h. en 1857) y sólo cuatro municipios superaban los dos millares de habitantes: Arbúcies, Cadaqués, Llagostera y Roses. En cambio, algunos de los municipios que levantaron planos parcelarios no alcanzaban los 500 habitantes; Palau-sacosta, hoy día un barrio de la capital, en 1857 contaba sólo 289 habitantes.

La confección de toda esta cartografía parcelaria fue obra, tal como puede observarse en la tabla 1, de un pequeño ejército de agrimensores compuesto por una veintena de individuos. Se ha podido identificar el autor o autores de 39 documentos cartográficos. Para que tuvieran validez jurídica los planos parcelarios tenían que ir firmados por un cartógrafo de nacionalidad española, que estuviera en posesión del título oficial de agrimensor. Esta es la razón por la que el atlas de Llívia de 1849, levantado en realidad por un geómetra de nacionalidad francesa, lleve -como ya se ha comentado- la firma del agrimensor gerundense Agustí Puigvert (Nadal, 2009; Muro, Nadal y Urteaga, 2008). Sin embargo, además de los titulados en agrimensura, también los arquitectos, maestros de obras o directores de caminos vecinales podían ejercer sin problemas esta actividad profesional.

Así, entre los autores de esta cartografía, hay cuatro maestros de obras: Jeroni Galí, Joan Papell, Francesc Puig i Saguer y Josep Tauler, todos ellos formados durante la segunda mitad del siglo XIX en la Academia de Bellas Artes de Barcelona (Nadal y Burgueño, 2008; Grup d’Estudis d’Història de la Cartografía, s.f.). Se trata de un pequeño pero activo colectivo profesional, responsable de un tercio de los mapas parcelarios realizados en la provincia de Girona. El más prolífico y destacado fue, sin duda, el ampurdanés Joan Papell i Llenas (Figueres, ca. 1838-ca. 1910). Miembro de la primera promoción de agrimensores formados en la Academia de Bellas Artes de Barcelona, publicó en 1859 un Tratado completo de dibujo topográfico, que constituye una de las mejores obras en su género de la España de la segunda mitad del siglo XIX (Burgueño, 2008, pp. XCVII-CIV). Su ocupación principal como maestro de obras no le impidió llevar a cabo una productiva labor parcelaria tanto de carácter privado como público, fruto de la cual levantó, entre 1862 y 1885, los planos parcelarios de -como mínimo- 9 municipios gerundenses.

Aunque había algún maestro de obras que también poseía el título de director de caminos vecinales, el único cartógrafo que firmaba sus trabajos parcelarios como tal fue Agustí Bragat. Afincado en la ciudad de Girona y con una sólida formación matemática, Bragat dirigió, entre 1857 y 1862, el levantamiento de cinco mapas parcelarios municipales (Burgueño y Nadal, 2014, pp. 154-158). Por su parte, los cartógrafos que únicamente poseían el título de agrimensor constituían el colectivo más numeroso, formado por 16 miembros que se encargaron de trazar el 52,8 % de los documentos parcelarios.

En la provincia de Girona, a diferencia de lo que sucedió en las de las Baleares, Barcelona y Tarragona, la actividad parcelaria revistió un carácter muy endogámico. Sólo se han localizado cuatro cartógrafos que no tenían su principal centro de actividad profesional en la misma. El primero de ellos, el ya mencionado, J. Padret, un «geómetra de primera clase» de nacionalidad francesa, que trabajó en el levantamiento del atlas parcelario de Llívia. Los otros tres, los agrimensores Josep Casassas y Daniel Sans, y el maestro de obras Jeroni Galí, residían en diferentes poblaciones barcelonesas. Cada uno de ellos trazó el mapa parcelario de un municipio gerundense, pero todos tenían el común denominador de estar en la periferia, lejos de las principales áreas con cartografía parcelaria de la provincia de Girona.

Por el contrario, los mapas de los partidos judiciales en los que hubo una mayor actividad de levantamientos parcelarios (Figueres, La Bisbal y Girona) fueron trazados en su totalidad por agrimensores gerundenses afincados en diversas localidades ampurdanesas o en la capital. El carácter estrictamente local que revistió la actividad cartográfica parcelaria en Girona durante la segunda mitad del siglo XIX también se demuestra teniendo en cuenta que, hasta ahora, no se ha localizado ningún plano parcelario correspondiente a un municipio de otra provincia que hubiera sido levantado por un agrimensor gerundense.

La falta de un catastro general del país durante el siglo XIX convierte a esta cartografía en una fuente geográfica e histórica de gran valor en diferentes campos de estudio. En primer lugar, para la geografía histórica y cultural del paisaje; en segundo lugar, para la geografía y la historia agraria y rural de Cataluña; y, en tercer, lugar para la historia contemporánea de la Hacienda pública española.

El conjunto documental catalogado a lo largo de esta investigación constituye una serie cartográfica singular, dispersa en multitud de archivos locales y en un estado de conservación muy precario. Precisamente esta dispersión ha hecho que en su mayor parte haya pasado bastante inadvertida para geógrafos, historiadores y estudiosos del territorio. De hecho, sólo diez de estos documentos aparecían referenciados o reproducidos en publicaciones o en repertorios cartográficos. Los 32 documentos localizados se encuentran, casi todos, en archivos de carácter local o privado. Sólo una hoja del atlas parcelario de Llívia, la correspondiente al núcleo urbano, se encuentra depositada en un archivo autonómico: el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Casi todas las piezas localizadas de la provincia de Girona constituyen manuscritos originales del siglo XIX, de los que no se dispone de ningún otro ejemplar. Esta situación contrasta con el caso de la provincia de Barcelona, donde hay bastantes documentos cartográficos conservados mediante copias manuscritas, ya fueran coetáneas del original o bien de principios del siglo xx. En cambio, en la provincia de Girona los únicos documentos que se han conservado en forma de copia son los mapas parcelarios de Borrassà y Crespià. El documento original de Borrassà, que se ha perdido o quedó destruido con el paso del tiempo, fue dibujado en 1880 por el agrimensor Joan Jordi. Sin embargo, el ejemplar que se conserva en las dependencias municipales es una copia realizada en 1935 (Massó, 1987-1990). El hecho de que todos los documentos localizados sean piezas únicas, tanto si son manuscritos originales como copias posteriores, hace que este conjunto documental resulte extremadamente frágil y a la vez muy valioso; lamentablemente, en buena parte se encuentra en un estado de conservación muy deficiente. Afortunadamente, algunos ayuntamientos, como es el caso de Llagostera, Mieres, Riudellots de la Selva, Sant Miquel de Campmajor o Santa Cristina d’Aro, ya han digitalizado sus respectivos mapas parcelarios e incluso alguno se puede consultar en línea. ⁵

La escala tan detallada utilizada en el levantamiento de estos mapas los convierte en una fuente de primer orden para el estudio de las transformaciones históricas del paisaje, tanto urbano como rural, de la provincia de Girona. De hecho, alguno de estos documentos ya ha sido objeto de análisis para analizar tales transformaciones. Este es el caso del plano parcelario de Llagostera, levantado en 1872 por Agustí Bragat, que ha sido utilizado por los historiadores Marta Albà y Lluís Torres para analizar la evolución de sus límites (Albà y Torres, 2001; Albà, 2014, pp. 134-137). El plano parcelario de Salt, levantado en 1865 por Joan Papell, ha sido objeto de análisis por la historiadora Elena Masó (1999, pp. 84-92) para estudiar los cambios acaecidos con las tierras comunales. El plano parcelario de Solius (Santa Cristina d’Aro), levantado por Miquel Pumarola en 1881, ha sido diseccionado por los medievalistas Pere Ortí y Lluís To (2017, pp. 183-199). El plano de Riudellots de la Selva ha sido objeto de un detallado estudio por el historiador Elvis Mallorquí (2013). El plano de Mieres, levantado en 1885 por Joan Papell, ha sido objeto de análisis por parte del arqueólogo Josep Socorregut (2020, pp. 13-15). Finalmente, los planos parcelarios municipales levantados por Agustí Bragat también han sido estudiados por Elvis Mallorquí (2021, pp. 72-73) para explicar los caminos históricos de la provincia de Girona.

El principal elemento geográfico representado en estos documentos es el parcelario municipal de rústica, aunque en algunos mapas también aparece representado el parcelario de urbana. Así sucede, tal como se ha señalado, en el atlas parcelario de Llívia de 1849 (Fig. 3). Pero, también en los mapas parcelarios de Besalú (1862), Navata (1864), Salt (1865) y Mieres (1885; Fig. 6), todos ellos levantados por Joan Papell, así como en el de Vulpellac, trazado en 1879 por el agrimensor Joaquim Sunyer. La representación de las parcelas urbanas constituye un rasgo distintivo de la cartografía parcelaria gerundense, fruto de la influencia del catastro de rústica francés, en el que aparecía representado el parcelario de los núcleos urbanos (Maurin, 1990).

En la mayoría de los planos, las parcelas de rústica contienen una indicación numérica que remite a unos registros estadísticos (libros de medición de tierras, apeos, recanaciones, etc.), en los que se describe, de forma detallada, el nombre de los contribuyentes de las parcelas, su superficie, su uso agrícola o forestal y su valor fiscal. Sin embargo, en algunos mapas las parcelas de rústica contienen sólo el nombre del propietario, como es el caso del plano parcelario del antiguo municipio de Palau-sacosta, levantado en 1866 por el agrimensor Agustí Poch. Pero en otros, como es el caso del plano de Avinyonet de Puigventós (Fig. 7), las parcelas contienen una indicación nominal de los contribuyentes, una subdivisión de la parcela según los diferentes usos del suelo que se practicaban (viña, olivar, alcornocales, etc.) y su superficie expresada en metros cuadrados. Este sistema de representación tiene el inconveniente de cubrir el mapa con un exceso de información, pero evitaba la necesidad de elaborar un registro estadístico anexo, fácil de extraviar.

Además de la información estrictamente catastral (distribución de la propiedad, usos del suelo, riqueza imponible y carga fiscal) los mapas parcelarios de la provincia de Girona contienen una riquísima información geográfica. Su lectura proporciona una valiosa información del paisaje natural y cultural del mundo rural gerundense de la segunda mitad del siglo XIX, en donde se pueden apreciar elementos geográficos tan dispares como lagunas, pozos de uso agrícola, oratorios o líneas de ferrocarril. Naturalmente la toponimia es otro aspecto de gran interés de esta documentación.

Durante la segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar en la provincia de Girona, de forma similar a lo que sucedió en las provincias de las Baleares, Barcelona y Tarragona, un activo proceso de elaboración de mapas parcelarios municipales. Un proceso que en esta provincia tomó impulso en 1857, a raíz del incremento del cupo de la contribución territorial asignado a la provincia de Girona, así como al subsiguiente proceso de rectificación de los amillaramientos ordenado por el ministerio de Hacienda.

La fragmentación y escasez de documentación fiscal conservada en los archivos gerundenses nos ha impedido determinar, a diferencia de las Baleares y de Barcelona, cuál fue el papel desempeñado por la administración provincial de Hacienda en este proceso. Por otro lado, la documentación consultada tampoco ha permitido resolver cuál fue el papel ejercido por los grandes propietarios de tierras. Al respecto, es preciso señalar que el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, entidad que agrupaba a los grandes terratenientes catalanes, recomendó reiteradamente a los ayuntamientos catalanes que declarasen la riqueza territorial de los municipios con la mayor exactitud posible, al tiempo que alentaba el levantamiento de mapas parcelarios municipales. El Plano geométrico de las propiedades que constituyen el pueblo-distrito municipal de Palau Sacosta, levantado en 1866 por el agrimensor Agustí Puig constituye, en este sentido, un documento fiscal que se ajustaría a esta línea de actuación, ya que en el mismo se indican la superficie y el nombre de los tres grandes propietarios de tierras de este municipio: Ramon Solterra, marqués de Solterra con 86,6 hectáreas; Dolors Barril con 63,4 hectáreas; y, Rosa de Portolé i Guinart, marquesa de Cruïlles, con 61,7 hectáreas.

En la elaboración de esta cartografía jugó un papel muy destacado, tal como sucedió en las provincias de Barcelona y Tarragona, la importante tradición municipal de operaciones de apeo o «recanación». Unos trabajos que tenían sus orígenes en el Catastro de Cataluña o de Patiño, implantado por las nuevas autoridades borbónicas a partir de 1715 (Burgueño, 2009). La pervivencia y continuidad de esta tradición durante el siglo XIX queda manifiesta en los numerosos libros de medición de tierras mandados elaborar por muchos ayuntamientos gerundenses hasta mediados de la década de 1860.

La cartografía parcelaria municipal de la provincia de Girona presenta algunos rasgos distintivos con relación a la elaborada en las provincias de Barcelona y Tarragona. En primer lugar, en su mayor parte está trazada a escala 1:2000, una escala claramente mayor que la de los mapas parcelarios de las otras provincias. Por otro lado, la mayor parte de los mapas fue elaborada por agrimensores gerundenses, hecho que pone de relieve el arraigo y carácter fuertemente local de esta actividad, así como la existencia en algunas comarcas gerundenses, en particular el Empordà, de un nutrido colectivo profesional de agrimensores.