La relación entre las geografías del conflicto armado colombiano desplegada con distintas intensidades, ciclos espacio-temporales y agentes durante el siglo XX y comienzos del XXI con los procesos de urbanización no ha sido objeto de investigación y debate profundo. Ni en las ciencias sociales, más abocadas a una tradición de análisis de las dinámicas rurales -desde luego parte estructurante de esas geografías- ni con suficiencia o continuidad en los estudios urbanos. En estos últimos, los análisis sobre tales procesos son más la excepción que la regla (Aprile, 1992; Alfonso, 2014; Ruiz, 2016; Devia, 2018).

En las investigaciones más abarcantes sobre la constitución del ‘sistema urbano colombiano’ (Jaramillo y Cuervo, 1987; Cuervo y González, 1997; Gouësset, 1998), el conflicto se consideró si acaso como un factor push que había operado sobre todo en el período de “La Violencia” a mediados del siglo XX (Mertins, 2001; Gouësset y Mesclier, 2006) y que en términos generales a pesar de la diferencia cualitativa que suponía respecto a procesos homólogos en América Latina, producía el mismo resultado: un intenso éxodo campo-ciudad que se orientó principalmente, a las grandes metrópolis del país.

En medio de la nueva oleada del conflicto armado que ocurrió entre fines de los noventa y la primera década del siglo XXI -ya con una población mayoritariamente urbana-, muchos de los análisis de las redes o sistemas urbanos cerraban su ‘contabilidad funcional y demográfica’ a inicio de la década de los 90 y guardaban silencio sobre los posibles impactos de la agudización de la guerra y la violencia en los procesos de urbanización (Mertins, 2001; Gouësset et al. 2006). Años después, tras la ‘desmovilización’ y reestructuración de los grupos paramilitares, del Acuerdo de Paz con las Farc de 2016, de las contradicciones y debilidades de su implementación en estos últimos años (los indicadores de violencia han vuelto a ser muy alarmantes) es necesario reconsiderar esa relación entre geografías de conflicto y procesos de urbanización contemporáneos.

Dado que las geografías del conflicto armado en Colombia se diferencian ampliamente en términos regionales, un caso de considerable relevancia es el del departamento de Antioquia, localizado en el noroccidente del país. Ha sido uno de los epicentros clave para la estructuración del conflicto armado en toda la franja el norte del país entre finales de los ochenta y la actualidad, contando con un acervo muy rico en torno al análisis de las geografías subregionales del conflicto (Uribe, 1990; García, 2004; García y García, 2008; Cuartas, 2015). Dado que el nexo de esas geografías subregionales del conflicto con los procesos de urbanización ha sido poco abordado en Antioquia, se abre una posibilidad de análisis.

Ello requiere la escogencia de una escala poco utilizada en las investigaciones sobre conflicto y procesos urbanos, a menudo situadas en un solo caso y en un contexto local: la de redes regionales de ciudades1. En consecuencia, el objetivo del artículo es identificar qué tipo de relaciones se dan entre los ciclos espacio-temporales del conflicto armado entre 1985 y 2018 y los procesos de cambio demográfico en las redes regionales de ciudades del departamento de Antioquia2.

Lo anterior implica en primer lugar, plantear una reflexión de índole teórica sobre el rol que las redes de ciudades pueden desempeñar en distintas ‘regiones del conflicto armado’, en función no solo de los actores presentes allí o de sus repertorios de violencia específicos sino en cuanto a los distintos proyectos económico-políticos que las sustentan. En segundo lugar, se plantea una propuesta de análisis y síntesis de tipo cuantitativa-extensiva —que no excluye aproximaciones intensivas cualitativas posteriores— para explorar los cambios en la jerarquización de las redes urbanas en función de las espacio-temporalidades del conflicto armado en Antioquia entre 1985 y 2018. Se identifican así, al menos tres tipos de articulación entre regiones del conflicto y procesos de crecimiento de las ciudades que componen las redes urbanas, que responden a su vez, en el caso de Antioquia -dado el proyecto económico-político de los actores armados que han impuesto su hegemonía regional-, a dos procesos espaciales de desarrollo desigual: uno de modernización capitalista violenta, muy selectiva territorialmente, y otro de perifización territorial, vinculado con el dominio de un capitalismo espurio e hiperviolento.

La categoría de redes de ciudades -diferenciada no solo terminológica sino epistemológicamente de la de sistemas urbanos- son un tipo de recorte analítico que puede resultar útil para trascender dos tipos de visiones sobre las espacialidades del conflicto armado en Colombia. La primera se podría denominar ‘isotropizante’ puesto que reduce las complejas diferenciaciones regionales del conflicto a la presencia o ausencia de indicadores -acciones armadas por actores, tasas de homicidio, masacres, etc.- mediante mapas binarios o a su intensidad espacial, representada con mapas de puntos de calor -sin reflexión alguna sobre los procesos de interpolación o de aclaración del alcance del ejercicio geoestadístico- (Ávila, 2018).

La segunda implica un mayor refinamiento y potencial analítico, pero sigue resultando ‘dicotómica’, puesto que lo rural y lo urbano actúan como compartimientos estancos en donde ocurren dinámicas del conflicto diferenciadas; cuando hay una relación entre ambos espacios geográficos se da mecánicamente como en el caso del desplazamiento forzado —violencia rural, crecimiento urbano—. Ejemplo de esa visión es la sugerente hipótesis de Duncan (2015) quien plantea una distinción, discreta en el espacio, entre el capitalismo ‘original’ (liberal, democrático) anclado en las ciudades y el ‘capitalismo político’ impuesto en regiones rurales de conflicto.

Aunque las contribuciones a la comprensión del conflicto armado desde ambos lentes geográficos resultan valiosas, es necesario incorporar una perspectiva dialéctica, es decir relacional, pluriescalar y orientada a captar el movimiento contradictorio de los procesos. En ese sentido, se parte de la hipótesis de que el conflicto armado en Colombia se inscribe en las dinámicas específicas del desarrollo geográficamente desigual del capitalismo en el país. Por esa razón, y como apuntan distintas autoras y autores, los ciclos del conflicto armado están vinculados a la apertura de distintos tipos de fronteras -urbanas, agrarias y extractivas- (Ruiz et al., 2018; Hristov, 2014) y en particular en las regiones donde el fenómeno del paramilitarismo ha tenido peso significativo, hay una articulación entre nuevos procesos de acumulación de capitales, legales e ilegales (Fajardo, 2020), que en lugar de expresarse bajo una dicotomía campo-ciudad, se dan a partir de diversas relaciones urbano-rurales y de formación de nuevos centros y periferias.

Las redes de ciudades se podrían definir específicamente como una forma de red geográfica, en la cual un conjunto de localizaciones, en este caso ciudades y metrópolis, se articulan entre sí a partir de interacciones sociales (Correa, 2006). Estas interacciones tienen al menos tres instancias: la relación de proximidad y contigüidad entre la ciudad y la región, mediada por las distintas articulaciones de espacios urbanos y rurales (Santos, 2003), las redes de relaciones sociales que fluyen y estructuran conjuntos de ciudades en distancias nacionales o globales (Correa, 2006) y finalmente, menos estudiadas en los análisis clásicos de redes urbanas, las relaciones de imbricación de estas en el Estado (Taylor, 2021).

Sus regímenes topológicos —las propiedades que la definen como una totalidad, siempre abierta—, vienen dados por distintas formas variables de articulación de masas —cantidades cualitativamente diferenciadas de ordenes demográficos, funcionales, de poder económico y político—, flujos —interacciones socioespaciales— y tiempos —que corresponden al carácter histórico y específico de las condiciones materiales de existencia de la red como las técnicas o los modos de regulación político-administrativa— (Santos, 2003).

Si bien esas tres instancias y los regímenes topológicos de las distintas redes urbanas regionales en Colombia están lejos de ser comprendidas desde el punto de vista de las geografías del conflicto armado, existe la necesidad de hacerlo ya sea integradamente o por instancias. En este artículo se priorizará el análisis de carácter exploratorio de la primera instancia, es decir, de las relaciones ciudad-región, leídas a partir, de los cambios en su posición jerárquica, de los tipos de crecimiento demográfico urbano y de las regiones del conflicto armado en que se insertan. Estas regiones del conflicto son áreas intensidad de la violencia medida a partir de una variable abarcante expresada mediante la tasa municipal de victimización3.

Si bien las masas (tamaño y crecimiento demográfico de las ciudades), así como los flujos (relaciones espaciales entre los procesos de urbanización y los patrones del conflicto armado) pueden y deben ser abordados en escalas de tiempo de larga y mediana duración, se opta por analizar el último ciclo de violencia ocurrido entre los años ochenta y la segunda década del siglo XXI. Para construir el tercer elemento del régimen topológico de las redes urbanas antioqueñas, el tiempo, es necesario entonces recurrir a los hallazgos de las investigaciones en historia de la violencia (Ríos, 2020). Así, al menos para el caso antioqueño, las distintas fases por las que ha pasado el paramilitarismo —el agente hegemónico del conflicto en esa zona del país— inciden directamente en la atenuación o intensificación de la violencia en general y en la estructuración y reestructuración de las redes urbanas regionales.

Por esa razón y gracias a la coincidencia con períodos intercensales, se proponen tres fases de ese último ciclo del conflicto: de 1985 a 1993 —creación y desmovilización de los grupos de autodefensa en distintas regiones del departamento—, entre 1994 y 2005 —las Convivir y otras articulaciones políticas y económicas facilitan su fortalecimiento, dispersión territorial y reescalamiento en actores nacionales bajo la figura de las Autodefensas Unidas de Colombia— y finaliza entre 2006 y 2018 —efectos de la Ley de Justicia y Paz, fragmentación en nuevos grupos paramilitares y firma del Acuerdo de Paz—. No se abordará por ahora el período 2018-2024 puesto que podría ser considerado el inicio de un nuevo ciclo de violencia que amerita análisis específico.

Las dos categorías teóricas anunciadas, redes urbanas regionales4 e intensidades del conflicto armado, se definen en términos operacionales de la siguiente manera: los cambios en las primeras se estudiarán mediante el cambio en su posición jerárquica (masas) asociada al tamaño de la población en 1985, 1993, 2005 y 2018 y la variación anual promedio intercensal en cabeceras y restos municipales5 (flujos); los ciclos espacio-temporales de las segundas, se analizan a partir de las variaciones espaciales de la tasa de victimización municipal (víctimas por cada 1000 habitantes en los períodos 1985-1993, 1994-2005 y 2006-2018).

El área de estudio abarca el departamento de Antioquia, localizado en el noroccidente de Colombia. Cuenta con 125 municipios que se agrupan en 8 subregiones (figura 1), cuyo centro político y económico es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- y su capital, Medellín. Se pueden distinguir 4 redes regionales de ciudades: el AMVA y su región metropolitana expandida, al oriente -hasta el Carmen de Viboral y Santuario- y occidente —hasta Santa Fe de Antioquia—, la red urbana regional de Urabá al noroccidente -su centro actual es Apartadó-, la red urbana del Magdalena Medio -Puerto Berrío- y la red urbana del norte y nordeste —Caucasia y otras como Segovia y Remedios, así como Yarumal—. Estas tres últimas se vinculan a centros urbanos de la costa atlántica (Córdoba) y pacífica (Chocó), del valle medio del Río Magdalena (Boyacá y Santander) y de la sábanas y ciénagas atlánticas (sur de Córdoba y Bolívar).

Tras la construcción de bases de datos geográficos para los 125 municipios, se llevaron a cabo dos procedimientos de análisis y uno de síntesis. En primer lugar, se hizo un cálculo previo de coeficientes de correlación entre victimización y variaciones anuales de población de nivel departamental, que es contrastado con la distribución espacial de las tasas de victimización entre 1985-1993, 1993-2005 y 2005-2018, en conjunto con el rango demográfico -se definieron seis- de las ciudades y asentamientos del departamento en cada año final, 1993, 2005 y 2018.

Luego, se analiza el nivel de agrupamiento espacial de las tasas de victimización municipales, a partir de la construcción de clústeres jerarquizados —ofrece una clasificación de áreas por intensidad del conflicto— y de clústeres de Getis-Ord —que facilitan la identificación de áreas calientes y frías—. Estas dos formas de agrupación espacial (procesadas con el software GeoDa) facilitarán identificar distintas articulaciones entre conflicto y crecimiento de la población urbana, a partir de su contrastación con las variaciones anuales de población en cabeceras para los tres períodos.

Finalmente, se plantea un ejercicio de síntesis: se construyeron dos tipologías bivariadas que relacionan la tasa de victimización y el crecimiento de población en cabeceras y la primera con la variación de la población en restos. La relación se establece a partir de los promedios de ambas variables, agrupando en cuatro categorías los 125 municipios: alta tasa de victimización, alta variación de población en cabeceras o en restos; alta y baja; alta y baja; y baja y baja.

Aunque se da la esperada relación inversa entre la tasa de victimización y la variación de población (Ruíz, 2016), más directa en las áreas de restos entre 1985-1993, y 2006-2018 y en la de cabeceras entre 1993-2005 -el período de mayor intensidad y alcance territorial del conflicto-, el coeficiente de correlación demuestra una asociación predominantemente débil (tabla 2). Esto sugiere que no es posible establecer un único tipo de vínculo departamental entre la intensidad del conflicto armado y los cambios demográficos en el área total de los municipios, sus cabeceras y sus restos; las variaciones regionales del conflicto, desde el punto de vista de la victimización, constituyen un elemento de análisis clave de los cambios en las redes de ciudades del departamento.

La lectura en conjunto de las dos clasificaciones bivariadas que vinculan la tasa de victimización y los ritmos de crecimiento en cabeceras y restos es útil para identificar varios tipos de relación entre geografías del conflicto y procesos de reestructuración urbana y rural en el departamento. El primer tipo se puede identificar en las figuras 8, 9 y 10 y podría denominarse Urabá-norte-borde occidente: allí el conflicto armado ha desencadenado procesos de dinamización sociodemográfica en medio de altísimos niveles de violencia y una distribución de la población que beneficia tanto a las áreas rurales como a los pequeños y medianos centros urbanos; las capitales principales de esa área son Apartadó, Caucasia y con menor intensidad, Yarumal.

Un segundo tipo -oriental periférico- tuvo su mayor expresión entre 1993 y 2005 (figura 9), en el oriente periférico del departamento. En esa área el conflicto armado implicó un proceso de arrasamiento territorial que ha tenido como consecuencia, el declive demográfico tanto en los asentamientos de la región como en las áreas rurales. Para el último período ese proceso se mantiene hasta cierto punto en algunos de los municipios del borde suroriental del departamento y aparece de manera fragmentada en algunas zonas del occidente y norte (Ituango).

El tercer tipo -Medellín-AMVA-, es el que articula municipios con bajos niveles relativos de victimización y alto ritmo de crecimiento urbano y rural. Es el caso como se comentó del centro del departamento, primero en el AMVA y contados municipios del oriente próximo como Rionegro (figura 8) y que se expande territorialmente en sentido oriente, norte, sur y en medida, occidente, entre 1993-2005 y sobre todo entre 2005 y 2018.

Hay otros tipos menos recurrente en Antioquia que no parecen darse con un patrón regional sino más local y limitado a ciertos períodos. Por ejemplo, un cuarto tipo sería el caso de municipios que presentan altas tasas de victimización y en donde el ritmo de crecimiento en la cabecera se acelera, en medio del declive del ritmo demográfico rural. Lo último ha ocurrido recientemente en Caucasia o Yarumal (figura 10), evidenciando posiblemente la primera etapa de un movimiento migratorio de desplazamiento forzado desde las veredas hacia el principal centro poblado del municipio. El quinto tipo está constituido por municipios con alta victimización, bajo crecimiento urbano y alto dinamismo rural. Al igual que el anterior aparece en distintos momentos, 1993-2005 y 2005-2018 y en casos aislados: Urrao hasta 2005 (figura 9) o Sonsón y Puerto Berrío entre 2005 y 2018 (figura 10).

A partir del acervo sobre las geografías regionales del conflicto armado en Antioquia y de estos hallazgos es posible identificar que los tres principales tipos e incluso los dos últimos, son la expresión socioespacial no solo de distintas estrategias de guerra y ejercicio de la violencia sino de articulación de esta con las lógicas de aperturas de frontera del desarrollo desigual del capitalismo. Así, el tipo 1 -Urabá-Norte- expresa los efectos de una modernización capitalista violenta que producen actividades extractivas (agronegocios, minería de oro, cultivo y procesamiento de coca), orientadas a la exportación y que combinan con asombrosa proximidad geográfica prácticas de acumulación legales e ilegales. En donde predominan procesos de acumulación legal hay procesos sostenidos de crecimiento urbano mientras que en donde ocurre con lo ilegal estos patrones son esporádicos y no se dan procesos importantes de aumento en las jerarquías urbanas. La razón para esto último es sobre todo de carácter geopolítico, en la medida en que en territorios de bajos niveles de urbanización son de más fácil control por parte de las estructuras armadas. Hay un entrecruzamiento de intereses legales e ilegales y sinergias entre distintos tipos de actores armados estatales, paramilitares y de guerrillas —sean de primera o segunda generación— y facciones de las elites políticas y económicas.

El tipo 2 -oriental periférico- parece haber respondido también a una estrategia geopolítica no solo del Estado sino de las estructuras paramilitares que operaron en esa región del departamento. El arrasamiento territorial facilitó un control que ha servido para asegurar el dinamismo económico y político del oriente próximo en proceso de metropolización, con ingentes dinámicas de localización industrial, de presencia de actividades logística de alta jerarquía y de desarrollo inmobiliario. Si bien no ha ocurrido un proceso de modernización capitalista en todo el oriente periférico sí hay una incorporación de algunos municipios a ese tipo de lógicas y la inserción de otros periféricos (en el borde suroriental) a la reproducción del cultivo y procesamiento de la coca.

El tipo 3 -Medellín-AMVA- es resultado de las estrategias estatales y en cierto momento paramilitares, de securitización de espacios clave para la acumulación de capitales, en particular en torno al proceso de metropolización. Los efectos de las desmovilizaciones o la firma del acuerdo con las Farc, impactaron más directamente en esta área que en las que tradicionalmente han vivido el conflicto armado; en especial favorecieron una posibilidad de ampliar las fronteras de la región metropolitana hacia el oriente, occidente y más recientemente al sur y al norte.

Los tipos 4 y 5 pueden ser patrones de tránsito hacia los tres principales, insertos en las lógicas geopolíticas del conflicto armado colombiano: la constitución de corredores de transporte de drogas ilícitas, la instalación de megaproyectos estatales o los procesos de acumulación por desposesión que se sufren en los circuitos mineros tradicionales y ancestrales por parte de actores legales e ilegales.

El ejercicio, de alcance exploratorio, analítico y sintético presentado devela la importancia del recorte analítico de las redes regionales de ciudades (Correa, 2006; Taylor, 2021) para comprender las distintas relaciones entre el conflicto armado y la urbanización en Colombia, en particular la estrecha articulación entre los procesos de desarrollo geográficamente desigual y la apertura de distintas fronteras de la modernización capitalista, así como las formas regionalmente diferencias de la violencia. De lo anterior emerge una primera conclusión: en Antioquia, la ampliación violenta de las fronteras de la modernización capitalista implica la coexistencia de nuevos centros para la acumulación de capitales legales articulados estrechamente en términos sociales y geográficos, a áreas intencionalmente perifizadas que se destinan a procesos de acumulación en actividades ilícitas. Ambos procesos favorecen la expansión metropolitana y el dinamismo de ciertas ciudades medianas y pequeñas, mientras se produce un arrasamiento o un estancamiento la mayoría de los asentamientos campesinos y mineros. La valorización de ciertos fragmentos del espacio coexiste y reproduce la devaluación territorial en otros.

Los procesos de securitización y pacificación impulsados en las áreas de guerra entre 2003 y 2016, sólo han tenido un impacto fuerte en el centro del departamento, siendo una de las condiciones de posibilidad del acelerado proceso de metropolización regional en las dos últimas décadas. Esto contrasta con la reproducción del conflicto armado en áreas de modernización capitalista, vía actividades criminales —control de la producción y procesamiento de la coca, de su distribución en la red de ciudades y de la minería—. Las tendencias recientes con magros resultados en la implementación de los puntos del acuerdo de paz con las Farc y de intensificación de la violencia en 2021 y 2022 hace presagiar la continuidad de este tipo de procesos.

Es necesario ahondar con mucha mayor profundidad en los tipos regionales de articulación entre conflicto armado y cambio de la red urbana. Los cambios en la distribución de la tierra, las dinámicas de expolio de tierras, los cambios en las coberturas en esas áreas y a su vez la identificación de los mecanismos detallados del crecimiento demográfico urbano —saldos migratorios, áreas de expulsión y ciudades de recepción— y del cambio funcional de las ciudades objeto de tales procesos de modernización capitalista, arrojarían elementos para una comprensión profunda de esa relación tan desdeñada en los estudios urbanos nacionales.

A pesar del carácter exploratorio de los ejercicios planteados, de la simplicidad obligada de la información y de las variadas aristas que no se estudiaron, es posible concluir que el análisis geográfico del conflicto y de la urbanización en el país no puede reducirse a la perspectiva isotropizante que impulsan algunas agencias estatales en el presente gobierno ni tampoco a las versiones dicotómicas de un país rural en guerra y dominación y de uno urbano en paz y democracia. Como dice Delgado (2019), estamos en mora de estudiar y comprender las verdades geográficas del conflicto.