El desarrollo turístico que ha registrado Extremadura desde comienzos del presente siglo ha sido vertiginoso, sobre todo desde el punto de vista de la oferta de hospedaje, si bien, es necesario reconocer que también se han producido avances considerables en la puesta en valor y mejora constante de atractivos turísticos, lo que ha redundado en el aumento de la capacidad de captación de turistas. Prueba de ello es que en apenas 15 años el volumen de establecimientos ha experimentado un crecimiento superior al 200%, mientras que las plazas se han incrementado un 178%. No obstante, durante este mismo periodo, el número de viajeros y de pernoctaciones no ha podido mantener un ritmo de crecimiento tan elevado, cifrándose en el 141% y el 149% respectivamente.

Estos datos muestran cierto desequilibrio entre la oferta y la demanda, ya que el aumento de la capacidad de hospedaje ha sido superior al experimentado por la demanda (Sánchez y Rengifo, 2019). Ello desemboca en algunos desajustes, muy palpables durante los años más duros de la crisis económica (2010 y 2013), pues, a partir de entonces, los principales indicadores turísticos han comenzado a repuntar y restablecer, poco a poco, cierto equilibrio.

De igual modo, se observa que los desajustes no afectan por igual a todas las tipologías de hospedaje.

Las tendencias globales que experimentan tanto la oferta de plazas como las pernoctaciones registradas en las tres variedades de alojamiento muestran un crecimiento superior en la capacidad ofrecida por los alojamientos hoteleros y los rurales que la experimentada por la demanda de los mismos. Este hecho, si cabe, resulta mucho más palpable en el caso del alojamiento rural, donde el desfase entre oferta y demanda se aproxima a una diferencia de 150 puntos, mientras en el caso del establecimiento hotelero apenas supera los 7,7 puntos. En cambio, en los establecimientos extrahoteleros se observa una tendencia inversa, ya que el crecimiento porcentual de la demanda supera casi en 27 puntos al experimentado por la oferta.

Estos datos, por sí reveladores, pueden complementarse con otros igualmente significativos. Así, cuando se recurre a comparar las ratios entre pernoctaciones y plazas ofertadas en los diferentes alojamientos, la variedad de establecimientos hoteleros ha perdido durante ese periodo 7,2 puntos, por 14 el rural, mientras, el extrahotelero se incrementa casi en 7. Aun así, si se consideran los valores interanuales, es posible afirmar que la situación descrita mejora desde 2014, al menos según se deriva del análisis de la estadística oficial reportada por el INE.

Sin embargo, aunque son numerosos los estudios que han dibujado un escenario difícil durante un largo periodo de tiempo, como consecuencia de la crisis económica y financiera, no puede olvidarse que existe una planificación poco eficaz caracterizada por llevar a cabo políticas turísticas de carácter expansivo (Rengifo, et al., 2013; Sánchez y Rengifo, 2019), en vez de centrarse en el desarrollo de productos específicos orientados a las facilidades turísticas que ofrece el territorio, lo que sin duda redundaría en un aumento equilibrado de toda la oferta turística (Sánchez, et al., 2013). Sendas circunstancias han contribuido a generar un claro desajuste entre la oferta y la demanda debido a la implantación de mayor capacidad de hospedaje, sin considerar que el número de turistas y de pernoctaciones se estancaba e incluso retrocedía, pero también han contribuido a generar mayor competencia entre los alojamientos, cada vez más numerosos.

Estos problemas, que apenas comienzan a remitir, gracias a la ya palpable recuperación económica, se enfrentan a un nuevo reto: la proliferación de las viviendas de alquiler destinadas a uso turístico, que actúan al margen o bordeando la legalidad existente, como sucede con modelos de negocio que se escudaron en el concepto vinculado a la economía colaborativa (p2p), cuya percepción puede resultar difícil de diferenciar del comercio tradicional que se ofrece en Internet.

El aparente vacío legal en el que se mueven estos alquileres se ha intensificado con la aprobación de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que modificó el Artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Según el mismo, se excluye de ésta el alquiler de viviendas para uso turístico, y se traslada toda la responsabilidad sobre su regulación a las comunidades autónomas, que se encargarán de su regulación. (EXCELTUR, 2015).

Existen numerosos operadores que se dedican al alquiler vacacional, entre los que destacan Airbnb o HomeAway, si bien, en el caso concreto del estudio propuesto, se consideran exclusivamente los alquileres que figuran en la primera plataforma, con una implantación a nivel mundial mucho mayor.

Desde esta perspectiva, la investigación realizada parte de la hipótesis de que la proliferación de este tipo de hospedaje contribuye a profundizar los problemas inherentes a la propia competencia que se establece entre los diferentes tipos de alojamiento, aunque afecta sobre todo a ciertas variedades. No obstante, esa situación general que caracteriza a Extremadura, se intuye que tiene un contraste territorial notable y que, probablemente, afectará a los principales destinos turísticos de la comunidad.

Con el fin de demostrar esa hipótesis de partida, se plantea como objetivo fundamental comprobar su auge y la distribución territorial que ha adquirido, a la vez que determinar, si es posible, que exista cierto riesgo de ejercer como competencia para los establecimientos que aparecen inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Junta de Extremadura.

El trabajo se organiza, aparte de este primer epígrafe, donde se hace una breve introducción a la situación de partida que presenta el turismo, en otros 5. El segundo se centra en una aproximación al análisis de los antecedentes y al correspondiente marco teórico que existe sobre Airbnb en la literatura reciente. En el tercero se aborda la zona de estudio, así como los materiales y la metodología utilizados para alcanzar los objetivos planteados. Posteriormente, el cuarto apartado muestra los resultados obtenidos, seguidos, en el quinto, por la discusión que estos generan. Finaliza el estudio con las principales conclusiones derivadas del mismo.

La economía colaborativa plantea un sistema socioeconómico que parte de la puesta en común de recursos físicos y humanos, de tal modo que incluye desde la creación y producción, hasta el comercio y el consumo compartido de bienes y/o servicios (Matofska, 2017). En numerosas ocasiones aparece vinculado a comportamientos individuales de los consumidores y a las relaciones de intercambio de bienes o servicios que se producen entre ellos a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Peris, et al., 2016).

En parte, el gran éxito de la economía colaborativa se debe al importante desarrollo de la sociedad de la información, donde las redes sociales han revolucionado las formas de comunicación, de compra e incluso de relación. Este importante cambio social se apoya en otro no menos importante, la creciente preferencia por el uso de un bien frente a su propiedad (Bardhi y Eckhardt, 2012; Belk, 2014), con lo que se consigue un ahorro económico sustancial. Esto sucede en la adquisición de determinados bienes como la segunda residencia o el automóvil, no utilizados durante buena parte del tiempo, aunque suponen un capital inmovilizado importante que podría destinarse a otros usos. De hecho, no podemos obviar que, dentro de la economía colaborativa, plataformas como Uber en el sector de la automoción y Airbnb en el sector del alquiler turístico son pioneras y ocupan los primeros puestos en este modelo de negocio.

El desarrollo que ha conseguido la economía colaborativa en muy poco tiempo comienza a ser analizado de forma profusa en la literatura científica. Existen multitud de publicaciones que versan sobre dicha temática, aunque la abordan desde perspectivas muy variadas. Destacan estudios muy recientes que delatan el enorme interés que suscita el tema midiendo su impacto en las cadenas de valor (Rong et al., 2018), en los canales de distribución (Tian y Jiang, 2017), en el análisis de nuevos modelos de mercado (Täuscher y Laudien, 2018), e incluso la potencialidad de crecimiento a corto plazo que tienen plataformas en línea como Airbnb (Vigolo, 2017).

En la actualidad, son numerosas las publicaciones que inciden de forma muy directa en diversos aspectos ocasionados por empresas como Airbnb, que ha supuesto una auténtica revolución del alojamiento turístico. Es una empresa fundada en San Francisco en 2008 que se autodefine como un mercado comunitario basado en la confianza, en el que la gente publica, descubre y reserva alojamientos únicos en todo el mundo, ya sea desde su ordenador, tableta o teléfono móvil (Airbnb, 2017). Se trata de una plataforma web cuyo objetivo es compartir hospedaje que sigue la fórmula de comisionado mixto. Según su proceder, el anfitrión le abona un 3% de la reserva realizada y el huésped un porcentaje del 6% o del 12% (Romero, 2014a), con lo cual, el modelo de negocio queda asegurado, pues obtiene entre un mínimo del 9% y un máximo del 15% bruto sobre el monto total que supone el alojamiento, cantidad que va mucho más allá de los costes de la empresa, algo que sí encuadraría con la economía colaborativa sin ánimo de lucro.

Se ha convertido, pues, en un competidor claro de los alojamientos tradicionales (Oskam y Boswij, 2016), ya que se basa en un modelo de negocio sólido, que ofrece gran variedad de alojamientos que proveerán de experiencias muy variadas, a la vez que es muy visual y actúa a través de una potente aplicación móvil (Romero, 2014b). Aprovecha por tanto los importantes cambios sociales vividos en épocas recientes, donde las TICs desempeñan un papel clave en el desarrollo económico y en las formas de relación.

A pesar del enorme impacto que ha tenido en los principales destinos turísticos, algunos autores insisten en posicionar esta plataforma como parte de la economía colaborativa, donde el concepto de compartir activos físicos infrautilizados se muestra en su faceta más difusa (Botsman y Rogers, 2011; Gansky, 2010). De hecho, dadas las especiales características de este modelo de negocio, donde se bordea la legalidad, no han tardado en surgir numerosos estudios referidos a ésta y otras plataformas desde el punto de vista del Derecho Administrativo (Fernández, 2016; Pacheco, 2016).

Aunque Airbnb ha sido vista como ejemplo de economía colaborativa en el ámbito turístico, conviene precisar que para los huéspedes es una opción de bajo coste (Guttentag, 2015), mientras que para los anfitriones es una forma de obtener ingresos complementarios (Hamari et al., 2015; Stors y Kagermeier, 2015).

Las ventajas descritas, tanto para huéspedes como para anfitriones, aun cuando ambos pagan la oportuna comisión a la plataforma, suponen una traba importante para algunos establecimientos que los ven como un tipo de competencia desleal. Por ello, se desarrollan estudios que tratan de analizar el impacto que supone el auge de este tipo de economía colaborativa para los establecimientos turísticos, cifrado en algunos estudios en una horquilla que fluctúa entre el 8% y el 10%, aunque afecta de forma desigual a cada tipo de alojamiento (Zervas et al. 2017) y a cada territorio.

Este negocio ha experimentado gran auge en todo el mundo ya que está presente en más de 65.000 ciudades de 191 países distintos y que acoge a más de 200.000.000 huéspedes (Airbnb, 2017). Tiene una gran capacidad de captación para atraer a futuros anfitriones, ya que permite realizar simulaciones con las que orientan a posibles interesados sobre los beneficios que le puede reportar el alquiler de una vivienda o incluso de una habitación.

Según la simulación realizada para alquilar una vivienda con capacidad para 4 huéspedes en los núcleos de Cáceres y Hervás, referencias del turismo cultural y del turismo rural en Extremadura, se estiman unos ingresos de 681 y 655 euros mensuales, lo que teóricamente proporcionaría unos ingresos anuales de 8.172 y 7.860 €. Estos valores son importantes si se tiene en cuenta que la renta disponible en cada municipio se sitúa en 20.710 € y 15.880 € respectivamente (Datosmacro, 2017). Es decir, considerando los ingresos obtenidos por alquiler, es posible incrementar de forma significativa la renta, como lo reflejan aumentos del 39,5% y el 49,5%, en sendos casos utilizados para mostrar la estrategia de captación.

No obstante, en la propia web de Airbnb se advierte de que los posibles ingresos mensuales estimados para el anfitrión se basan en una ocupación del 50% y en reservas previas en el mismo entorno y con las mismas características. Esto no asegura en ningún momento que se alcancen dichos ingresos, ya que con toda probabilidad serán variables a lo largo del año. Sin embargo, la cifra orientativa permanece en el subconsciente del potencial anfitrión, ejerciendo su papel de factor atrayente.

Los beneficios potenciales han animado a numerosas personas a poner en el mercado del alquiler turístico una cantidad considerable de plazas, que entran en competencia directa con la oferta legalmente recogida en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura. Asimismo, las plazas disponibles varían considerando que algunos establecimientos, inferiores al 10% según nuestra investigación, no tienen continuidad en el tiempo y el alquiler puede ser meramente temporal, ya sea durante los fines de semana, los meses estivales o puentes de larga duración.

El beneficio económico que reporta a los anfitriones se complementa con los precios que éstos ofertan al cliente potencial, más asequibles que los oficiales expuestos por los establecimientos regulados, según se desprende de las búsquedas realizadas en Airbnb para el alquiler de vivienda sin registrar y en Booking para las legalmente inscritas en el Registro de Empresas. Éstas se han realizado para la ciudad de Cáceres considerando las características dominantes del viajero y la estancia. Por ello, se ha tomado como base una estancia de 2 personas y de 2 días en régimen de sólo alojamiento, coincidiendo además con un fin de semana.

Según se deduce de la búsqueda realizada, los apartamentos tienen un coste sensiblemente inferior, oscilan entre 33 y 52 euros/noche, en comparación con el que ofrecen los apartamentos turísticos regulados, cuyo coste fluctúa entre los 79 y 100 euros/noche. Obviamente, las diferencias de precio son aún mayores con los establecimientos hoteleros.

La gran ventaja competitiva en el precio de la oferta de alquiler deriva de diferencias en la protección al viajero, en la información al usuario, en la calidad exigida al alojamiento, en la protección de la convivencia, en la regulación transversal de las actividades económicas, etc. (EXCELTUR, 2015).

A tenor de lo expuesto, es fácil entender que existen criterios objetivos que explican la proliferación del alquiler de alojamientos turísticos ilegales en los principales destinos de Extremadura, pues los beneficios para los anfitriones y para los clientes son importantes. Sin embargo, no se puede obviar que suponen una traba considerable para la viabilidad empresarial de los establecimientos regulados con los que compiten y se encuentran sometidos a una legislación que busca la seguridad jurídica para la clientela y persigue la calidad con el objetivo claro de beneficiar la imagen de marca.

La realización de una matriz de correlación lineal entre las plazas ofertadas por cada tipo de alojamiento muestra coeficientes muy ilustrativos, pues, se observa cómo los apartamentos de alquiler ofrecidos por Airbnb ejercen un tipo de competencia muy variable en función de la variedad de alojamiento, aparte de la que ejercen entre los registrados legalmente. Ello implica que en los municipios que existen más plazas de alojamiento, sobre todo de algunos tipos, se han implantado numerosos alquileres a través de la plataforma online.

En este sentido cabe señalar que los coeficientes de correlación más elevados se obtienen cuando se comparan las plazas ofertadas por la plataforma online y los apartamentos turísticos (0,814), así como con los hoteles (0,769). De ello se deduce que Airbnb ejerce, aunque sea potencialmente, una competencia desleal a sendos tipos de establecimientos. Existe, además, cierto grado de relación entre el volumen de plazas existente en hostales (0,552) y pensiones (0,499) y el ofrecido en alquiler, lo cual incide nuevamente en la potencial competencia desleal, ya que los establecimientos comerciales que conforman la oferta hotelera en Extremadura compiten con ella por captar clientes, aunque en condiciones económicas muy diferentes.

También se detectan correlaciones positivas con los campamentos de turismo (0,410), aunque es posible que no compitan con ellos debido a la diferente demanda a la que van dirigidos, sucediendo algo muy similar con los albergues (0,267).

Contra todo pronóstico, al menos si consideramos la situación general que determina el índice sintético de Pearson, las correlaciones con los establecimientos rurales no son muy elevadas, ya que fluctúan entre 0,106 obtenido entre los apartamentos de alquiler y las casas rurales, siendo además la única que es significativa a nivel 0,05 bilateral, y los 0,012 con los apartamentos rurales.

El panorama genérico obtenido mediante esta técnica induce a pensar que los grandes perjudicados por la implantación de los alquileres a través de la plataforma Airbnb son los establecimientos vinculados a la tipología hotelera y, sobre todo, a los apartamentos turísticos.

Es más, la matriz de correlación indica que los alquileres ilegales pueden suponer una competencia superior a la que pudiera existir entre los alojamientos legales. Tal vez, el ejemplo más significativo sea el índice obtenido entre los hoteles y los apartamentos turísticos registrados legalmente, cifrado en 0,727.

Sendas relaciones y su representación gráfica en forma de regresión lineal permiten discriminar claramente que Cáceres, Mérida y Badajoz pueden actuar como auténticos polarizadores de la correlación, erigiéndose en outliers, valores atípicos, que condicionan los índices de correlación obtenidos. No podemos obviar que esas 3 ciudades acaparan aproximadamente el 25% de toda la oferta de alquiler turístico promocionado por Airbnb.

La situación definida por la relación existente entre varios tipos de alojamientos hace necesario recurrir a un análisis territorial, con mayor detalle, que sea capaz de mostrar si realmente existe una competencia clara entre los alojamientos registrados legalmente y los que actúan al margen de la legislación.

Un análisis riguroso de los datos desagregados por municipio muestra que los alquileres de la plataforma digital se concentran en las áreas con mayor desarrollo turístico, que coinciden normalmente con las principales ciudades turísticas (Cáceres, Mérida, Plasencia o Badajoz) o en sus proximidades (Trujillanos o Casar de Cáceres, ambos distan aproximadamente 10 km de Mérida y Cáceres, respectivamente).

Junto a estos destinos, consolidadas en el panorama turístico extremeño, existen otros municipios que disponen de un mayor volumen de alojamiento no registrado. Se hallan, en buena parte de los casos, en áreas vinculadas al turismo rural, como sucede en la comarca de La Vera (Losar, Jarandilla, Villanueva, Madrigal o Aldeanueva); el sur de la provincia de Badajoz (Monesterio, Cabeza la Vaca o Calera de León); así como en el entorno del parque nacional de Monfragüe (Torrejón el Rubio).

Bajo esa óptica, es posible determinar que, a priori, existe cierta competencia con otras tipologías de alojamiento legal, como sucede con los establecimientos rurales, que en cierto modo pasaban desapercibidos cuando se tomaba como referencia la situación general de la comunidad autónoma.

La situación descrita puede incluso perjudicar la apertura de establecimientos legales en algunos núcleos que carecen de ellos, pues ya existe una completa planta de alquileres promovidos por Airbnb. Dicha circunstancia se produce, entre otros municipios, en Calera de León, que carece de alojamientos hoteleros y extrahoteleros, y tan sólo oferta 18 plazas en establecimientos rurales, frente a las 56 disponibles en la plataforma online.

Queda patente, por lo tanto, que Airbnb se erige como competencia para los establecimientos que cumplen con la legalidad vigente, generando posibles pérdidas en el volumen de turistas alojados y, consecuentemente, en el número de pernoctaciones, llegando incluso a “impedir” el desarrollo de una oferta legal en determinados espacios.

El análisis territorial corrobora la expansión que tienen los apartamentos de alquiler no registrados, pues afecta a buena parte del territorio extremeño, coincidiendo con los espacios turísticos más desarrollados. De igual modo, la peculiar distribución incide en que son las ciudades turísticas las que disponen de mayor volumen de plazas ilegales, aunque comienzan a aparecer alquileres en Airbnb en áreas de fuerte desarrollo turístico, como sucede en destinos orientados al turismo rural en su sentido más amplio. De hecho, es posible detectar una clara concentración de alquileres en el norte de la provincia de Cáceres y el sur de la provincia de Badajoz, además de otros espacios coincidentes con zonas montañosas, como ocurre en el entorno del Geoparque Villuercas – Ibores – Jara; la Sierra de San Pedro; o los enclaves de la Sierra de Montánchez y de la Sierra Grande de Hornachos.

A tenor de los resultados obtenidos, se ha podido demostrar que la oferta de alojamientos que sustenta el sistema turístico de Extremadura no ha tenido ni tiene un panorama tan halagüeño como se ha hecho ver desde la propia Administración Autonómica, hechos que se recogen en abundancia en la prensa (Martín, 2016, 2017).

La visión oficial que se transmite en los últimos años se ha centrado en contabilizar el volumen de viajeros o de pernoctaciones, obviando el crecimiento espectacular que se ha producido en la planta de alojamientos y la necesidad de complementar los estudios de oferta y demanda para dar una imagen realista del sector. Asimismo, se han ignorado ciertos parámetros turísticos de carácter casi estructural como el grado de ocupación, muy escaso, como se ha visto, en algunos tipos de alojamiento; o se ha promovido la lucha demagógica para aumentar una estancia media de difícil crecimiento dadas las características peculiares del turismo de interior.

Lejos de esa versión idílica, los problemas que atenazan al sector del alojamiento son muy amplios y abarcan desde la estacionalidad y baja estancia media, hasta unos porcentajes de ocupación reducidos, a lo que se añade una oferta en aumento, no ya de alojamientos legales, sino también ilegales.

Este último problema, la proliferación de alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb, no ha hecho más que incrementar la competencia existente entre la oferta legal, obvia y hasta necesaria, por otra parte. En cambio, el alquiler que opera al margen de la legalidad supone una auténtica competencia desleal para el resto de alojamientos. Se escudan en vericuetos legales, se amparan en la economía colaborativa o en la dependencia de normativas muy dispares de comunidades autónomas e incluso de municipios, que poco favorecen la unidad de respuesta, necesaria en este caso. Extremadura no ha sido ajena a esta tendencia de incremento en el número de alojamientos ilegales, concentrada en los principales destinos turísticos, sobre los que ejerce un papel de alojamiento alternativo, de bajo coste y que opera al margen de la legislación y de la tributación, con todo lo que ello conlleva.

Al no estar sometidos a la legislación, carecen de inspecciones y es posible que se favorezca la picaresca, ofertando una ilusión que nada tiene que ver con la realidad. Por ello, se hace cada vez más necesario consultar las opiniones que vierten los huéspedes sobre cada uno de esos alojamientos, de tal forma que, al menos, no se fomente el engaño, algo cada vez más frecuente aprovechando el anonimato de la red.

Lamentablemente, la única respuesta posible para frenar el auge y la competencia desleal que supone el alquiler ilegal es tratar de regular su funcionamiento y que cualquiera de sus variedades esté sometida a los mismos controles que tienen el resto de establecimientos. Obviamente, es posible que, de darse esa circunstancia, ya no sea una alternativa tan económica y, a veces, poco profesional, lo que redundará en la mejora del sector.

Tras la realización de este análisis sobre la situación actual del alquiler turístico en Extremadura a través de la plataforma Airbnb y su relación con la oferta legal, colegimos lo siguiente: