Desde 1968 España cuenta con una base de datos de incendios forestales, la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF). Esta sistematización estadística a cargo del Ministerio de Agricultura respondía a la preocupante evolución del riesgo, con un agravamiento del problema de los incendios y una alarma social creciente (Carracedo, Diego, García y Rasilla, 2009; Vélez, 2009). Con desfases y diferencias regionales, se estaba produciendo una transición desde el régimen de fuego frecuente y de baja intensidad, en relación con su manejo como instrumento de gestión agraria, a la generalización del régimen de fuego catastrófico, con perímetros e intensidad cada vez mayores. Existe, sin embargo, una gran dificultad para valorar este cambio, ante el déficit de conocimiento del régimen de incendios durante el periodo anterior (Bouisset, 2007).

La evolución espaciotemporal de los incendios antes de 1968 había sido abordada a través de la información procedente de la administración forestal y mediante el recurso a la prensa escrita (Araque, 1999; Pausas, 2004), en aproximaciones sesgadas hacia los incendios producidos en espacios arbolados y en los montes públicos. Una historia del régimen del fuego más amplia, basada en la búsqueda y análisis de fuentes documentales (judiciales, policiales, administrativas), hemerográficas y estadísticas ha sido iniciada para el Sistema Central, con la creación de una base de datos pionera en Europa: el Registro Histórico de Incendios Forestales (RHIF), que se remonta al año 1497 y cuenta con casi 7.000 registros de incendios históricos datados y documentados (Montiel, 2013a).

Para la provincia de Cáceres, el RHIF está alimentado principalmente, además de por el Ministerio de Agricultura y las fuentes hemerográficas, por la excepcional riqueza y calidad de la información procedente del Archivo Histórico Provincial (AHP). De aquí proceden numerosas referencias a incendios históricos extraídas de los fondos documentales de Real Audiencia, Juzgados de primera instancia e instrucción, Ayuntamientos, y Gobierno Civil (Araque et al., 2012).

Además del RHIF, la base del estudio la constituyen las respuestas recogidas en el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1790, cuya documentación original se encuentra igualmente en el AHP2. Tras la creación de la provincia de Extremadura en 1785, cinco años después se estableció en Cáceres la Real Audiencia, órgano jurisdiccional de la misma. Antes de que empezara a actuar, se dispuso la realización de un interrogatorio. Justicias, párrocos, ayuntamientos y particulares de los pueblos integrados en los partidos que formaban la Audiencia, previamente a las visitas realizadas a los partidos por los ministros, contestaron un cuestionario de 57 preguntas para facilitar el conocimiento del territorio (Rodríguez, 1981). Contiene, entre otros asuntos, información del mayor interés sobre los recursos municipales (propios del común), actividades agrícolas y ganaderas. Para el conocimiento del uso del fuego resultan especialmente útiles las siguientes preguntas:

La prolija documentación judicial producida por la Real Audiencia documenta la conflictividad derivada de la presencia del fuego a través de numerosos litigios. Esta línea se ha continuado con los expedientes procedentes de los juzgados de primera instancia a partir de su creación en la primera mitad del siglo XIX, y en ella también confluye, en buena medida, la información administrativa procedente de algunos archivos municipales consultados3, especialmente las denuncias formuladas por la guardería rural. Por último, el fondo documental de Gobierno Civil del AHP de Cáceres sobre incendios forestales (comunicaciones remitidas por alcaldes y puestos de la Guardia Civil de ocurrencias de incendios en el medio rural) (Galiana, 2014) constituye una valiosa información para caracterizar y evaluar con precisión el régimen de incendios en los años previos a la serie estadística (1942-1966).

El análisis crítico efectuado a partir de la consulta exhaustiva de las respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia de 1790 ha permitido realizar una primera caracterización del uso del fuego, poniéndolo en relación con su uso en diferentes prácticas agrarias y otorgándole una localización precisa a nivel de término municipal. También ha hecho posible valorar su consideración social, derivada de la conflictividad asociada al mismo, más allá de su carácter delictivo (Carmona, 2014). Siguiendo esta misma línea analítica, y con carácter complementario, se han manejado ordenanzas referentes al mismo asunto procedentes de comunidades de pasto y municipios.

En una segunda fase, se han determinado las permanencias y los cambios que experimenta el régimen de incendios durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX. La documentación judicial y administrativa consultada, y su rica información sobre la conflictividad asociada al uso del fuego, aporta valiosas conclusiones sobre las causas que están detrás de numerosos siniestros. En este mismo sentido, la caracterización y evaluación del régimen de incendios en los años previos al periodo de la serie estadística que se inicia en 1968, realizada con el fondo del Gobierno Civil del AHP entre 1942 y 1966 (Galiana, 2016), aporta sólidos argumentos para concluir acerca de las continuidades y los cambios en el uso del fuego, ilustrando además con valiosos ejemplos el nuevo régimen de incendios que se generaliza a partir de los años 1960.

Las características del proceso colonizador y repoblador altomedieval son esenciales para entender el sistema de tenencia de la tierra a finales del siglo XVIII. Debe recordarse la importancia de las Comunidades de Villa y Tierra en este territorio que, junto a la Orden de Alcántara en su sector noroccidental, constituyeron la organización jurisdiccional básica de la actual provincia cacereña, implantando unos esquemas de distribución del espacio con un protagonismo casi absoluto de la propiedad concejil (Monsalvo, 2013; Diago, 2012). Hasta la desvinculación de su patrimonio en el siglo XIX, estas comunidades fueron dueñas de la mayor parte de la tierra. Ello explica la importancia de los bienes comunales y de propios en la organización del término durante el siglo XVIII, con los baldíos como parte más extensa del patrimonio concejil y comunal (Zulueta, 1975, 1977). Junto a las tierras concejiles, el predominio de la gran propiedad se completaba con las encomiendas de órdenes militares y las dehesas particulares.

Esta consolidación de la gran propiedad tenía en la dehesa su forma de explotación generalizada. En ella, el habitual arrendamiento para roza y siembra, y la labor como ocupación mayoritaria de un terrazgo dividido en hojas, fue perdiendo protagonismo frente a la dedicación exclusiva a pasto de buen número de dehesas a lo largo del siglo XVIII (Melón, 1989). La progresión de los pastos en detrimento de los cultivos, y su coincidencia con un significativo incremento demográfico a partir de 1770 (Zarandieta, Melón, Llopis, Rodríguez y Rodríguez, 1990), desencadenaron un hambre de tierras sin precedentes. Estos hechos están detrás de un intenso proceso roturador que, impulsado a su vez por la promulgación de normativas al efecto (Real Provisión de 2 de mayo de 1766, sobre el repartimiento de las tierras de labor de propios y baldíos concejiles entre senareros y braceros) (Melón, 1989), afectó de una manera creciente a tierras marginales ocupadas por el monte, propiciando, en consecuencia, la práctica generalizada de una agricultura de roza y quema sobre las mismas:

La importancia histórica del uso del fuego en la provincia de Cáceres tiene que ver con dos hechos estrechamente relacionados. Por un lado, con la amplitud espacial e intensidad que alcanzaron los aprovechamientos ganaderos, desarrollados a partir de unas favorables condiciones agroclimáticas para los pastos de invernada; y por otro, con su coexistencia con una agricultura cerealícola adaptada a la pobreza edáfica de buena parte de su territorio. Esta coincidencia de usos se resolvió históricamente con el recurso a largos turnos de siembra en buena parte del terrazgo (Pereira, 1993), generando un espacio de cultivo temporal y rotatorio, con las rozas y quemas como práctica más frecuente en su preparación anual.

La roza y siembra, previo reparto de suertes entre los vecinos, se efectuaba preferentemente sobre los baldíos, aunque, en ocasiones, la amplitud del espacio montuoso apto para la roza ni siquiera precisaba del habitual sorteo. Igualmente se procedía en las encomiendas de la jurisdicción de la Orden de Alcántara. No fueron infrecuentes las roturaciones en dehesas concejiles (boyales, de propios), mediando el correspondiente reparto o subasta; más rara vez en terrenos particulares. La ejecución de rompimientos en contra de la voluntad de las Comunidades de villa y tierra no debía ser nada excepcional, aunque los testimonios que reconocen esta práctica ilícita sean escasos:

Era costumbre efectuar el sorteo el día de San Martín, adjudicando un número de suertes proporcional al número de yuntas, en un proceso perfectamente formalizado en todas sus fases (Rodríguez, 2000). La roza propiamente dicha (corta de la parte aérea de la vegetación arbustiva existente) se llevaba a cabo entre enero y marzo, antes de la formación de semillas, permaneciendo en el terreno hasta su quema en el rigor del estío; la sementera (centeno, trigo, cebada) se verificaba dos meses después (Zepeda, 1791). La acción de justicias y peritos velaba no sólo por la adecuada formación de las suertes, sino, sobre todo, por el modo en que debía prepararse el terreno para dar fuego a la roza, ejecutando las correspondientes rayas o aceros5, protegiendo de la quema el arbolado existente y aislándola del resto de monte. En el caso de que la roza se efectuara en una zona con arbolado, se procedía previamente a la poda de las ramas, apartando de los pies la leña rozada a una distancia de cuatro pasos (Zepeda, 1791).

Respetar el arbolado existente y evitar que el fuego se soltase eran las principales preocupaciones del proceso preparatorio a la quema:

En cualquier caso, la búsqueda del beneficio agrícola inmediato prevalecía sobre la conservación del arbolado en la quema del monte rozado, única forma de ampliar la superficie de cultivo ante el avance del uso privativo para pastos de buena parte de las dehesas. Pero, además, la baja calidad agrológica de estos terrenos marginales hacía del abonado mediante las cenizas el mejor y casi único modo de disponer convenientemente estas tierras para la cosecha, superando en efectividad al derrame de cal según extendida opinión de la época (Zepeda, 1791). Los turnos, en consecuencia, debían establecerse cuando el “monte pardo” (tierras montuosas llenas de arbustos) estuviera lo suficientemente “viejo” (apto para rozar), lo que podía demorarse entre doce y quince años. No obstante, las rozas con turnos más cortos eran frecuentes, ya por la presión de los labradores para disponer de tierras de cultivo en los baldíos, ya por la integración de esta práctica en la preparación de la hoja de cultivo en dehesas divididas en cuatro o cinco cuarteles.

Las operaciones de roza y quema tenían un modelo de referencia para el espacio forestal en su conjunto, que no era otro que la consecución de un monte ahuecado. La preparación del terreno para la siembra se debía acompañar de la entresaca y beneficio del arbolado productivo (encinas, alcornoques, quejigos), eliminando las matas inútiles (jara, brezo, lentisco, madroñera, rebolla, torvisco, aulaga) y favoreciendo además su uso ganadero:

Pero más allá de este beneficio ganadero añadido, las quemas en relación con esta actividad generaron otro tipo de prácticas completamente distintas a las asociadas a las rozas: los “quemados” o “quemorros” pastoriles (Abel, Hernández, López, Pulido y López, 2009). Las sierras cacereñas experimentaban con elevada frecuencia quemas atribuidas a los ganaderos del terreno dedicados al ganado menor (lanar y, sobre todo, cabrío), aunque no falten denuncias sobre la responsabilidad de los trashumantes foráneos por estas prácticas maliciosas realizadas en zonas llanas. Porque, en efecto, frente a la quema de rozas, altamente reglamentada como hemos podido comprobar, las prácticas pastoriles se ejecutaban desde la clandestinidad, con nocturnidad, por “sugetos ignorados”, muy rara vez con licencia:

Este carácter clandestino, en el caso de los ganaderos trashumantes, podía esconder conflictos con la población local a la que se pretende excluir del uso de determinados espacios. Es lo que se denunciaba en la Tierra de Trujillo:

Pero, por lo general, los “quemados” extremeños responden a una de las finalidades más habituales en el uso del fuego pastoril: la eliminación de matorrales para favorecer la salida de pasto más abundante y apetecible, de mayor calidad bromatológica (Lasanta, 2010). Junto a ello, el aumento de los recursos forrajeros se producía también mediante el “renuevo del monte”, pues de esta manera era posible aprovechar los brotes tiernos. Además, se favorecía su apertura, permitiendo el tránsito de los ganados por el mismo y ahuyentando a posibles depredadores (lobo). Con respecto a la frecuencia del fuego, el monte se quemaba periódicamente, pero sin la regularidad y el método de la práctica de rozas. Agosto era el mes preferido para su realización, momento en el que todas las sierras experimentaban estas ocurrencias con mayor o menor extensión y violencia:

Por último, junto a las rozas y los fuegos pastoriles, también aparecen algunas referencias a la quema de montes para hacer carbón de brezo en Las Hurdes, Sierra de Gata, Sierra de San Pedro o Monfragüe. En 1945, el ingeniero de montes Butler, responsable de las repoblaciones forestales en Las Hurdes, describía así esta práctica, aún entonces vigente:

A pesar del evidente y profuso uso útil del fuego, algunas de las respuestas siguen negando la existencia de estas prácticas, manifestando por el contrario la disposición del vecindario para hacer frente a algún posible incendio que se declarase:

Esta actitud de negación y respeto a la legalidad (Ordenanza de Montes y Plantíos de 1748) la encontramos exclusivamente en las zonas serranas, donde se concentran la mayor parte de los fuegos ganaderos de carácter clandestino. Los frecuentes incendios surgen de manera “inesperada”, sin que “sea posible averiguar” quién puede estar detrás de los mismos, lo que obliga a la intervención de los vecinos:

Frente al cainismo ante los ganaderos, la condescendencia hacia las prácticas agrícolas, que sólo daban lugar a accidentes inevitables:

Y, sin embargo, buen número de respuestas en todos los ámbitos de la provincia coinciden en señalar que el problema de los incendios, y de los conflictos asociados al mismo, están provocados fundamentalmente por el fuego suelto de rozas:

Por lo general, no se trataba de negligencias en la preparación del terreno y ejecución de la quema, sino las consecuencias del riesgo inherente asociado a una práctica extremadamente peligrosa. Las condiciones en las que se efectuaba la quema de la roza (en el centro del estío, con la vegetación arrancada completamente seca y esparcida por el terreno) favorecían la formación de torbellinos y la aparición de focos secundarios:

La proliferación de fuegos sueltos provocaba innumerables conflictos con otros aprovechamientos. Los daños más denunciados eran, sin lugar a dudas, los provocados a los corrales de colmenas, preferentemente localizados en las zonas serranas:

Asistimos a un conflicto creciente, motivado por el auge de la labor en aquellos años, y que se enquistaba particularmente en ciertos ámbitos jurisdiccionales, como sucedía en Las Hurdes. En el municipio de Nuñomoral, por ejemplo, el reparto de aprovechamientos enfrentó secularmente a los habitantes del terrazgo hurdano (mayoritariamente cabreros y labradores) con los propietarios de los derechos sobre la cría de abejas, pertenecientes a la salmantina villa de La Alberca. En la Sierra de Gata, por su parte, las denuncias se planteaban en relación con los daños ocasionados a un olivar en expansión. En cualquier caso, y de manera habitual, la negativa consideración de la práctica de la roza se argumentaba en relación con los daños ocasionados al monte en general, y al arbolado de encinas, alcornoques y quejigos, en particular:

El monte que se quemaba (jara, brezo, lentisco, madroños, entre otros) era considerado “monte inútil”, con nulos o muy bajos aprovechamientos. Sólo de manera excepcional encontramos testimonios que relacionaban el perjuicio ocasionado al monte, además de con la pérdida de aprovechamientos, con el deterioro de su función protectora:

Desde los pueblos no faltaron declaraciones que buscaban mejorar la coexistencia de la práctica de una agricultura de rozas con el resto de los aprovechamientos forestales. La vía de solución más frecuentemente propuesta, en este caso, era la de concentrar espacialmente las rozas, evitando su dispersión y el consiguiente incremento de los fuegos sueltos; igualmente se planteaba alargar su turno, favoreciendo con ello un pasto más abundante para las abejas:

Sorprende encontrar ciertos testimonios de una evidente modernidad. Para ciertos montes, caracterizados por su fragosidad y aspereza, el fuego se consideraba la única vía para una gestión adecuada del mismo, contribuyendo a disminuir su vulnerabilidad frente a los incendios: